Una jueza caricaturizada como “Dora la Transformadora”, un juez comparado con un chicharrón por su supuesta “preparación”, y una reforma constitucional que promete “devolver el poder al pueblo” a través de elecciones populares para todos los jueces. Lo que suena a una escena de sátira política es, sin embargo, la realidad actual del sistema judicial de México que en un mes irá a las urnas.
La reforma aprobada en México el 15 de septiembre de 2024, que establece la elección por voto popular de jueces de todas las instancias -incluyendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación- ha desatado una intensa polémica tanto en el país como en la comunidad jurídica internacional. La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), en un pronunciamiento firmado el 3 de abril de 2025, expresó su “profunda preocupación y rechazo”, alertando que la medida constituye una “grave amenaza a la independencia judicial y a la separación de poderes”.
Esta reforma judicial impulsada por el oficialismo mexicano no sólo propone un cambio en la forma de designar a los jueces, sino que también reconfigura la lógica misma del Poder Judicial. A partir de 2025, todos los jueces en funciones deberán someterse a elecciones extraordinarias; quienes no resulten electos, perderán sus cargos. Esta cláusula retroactiva -según la FLAM- constituye una forma de destitución encubierta y atenta contra la estabilidad institucional.
Son 99,771,533 ciudadanos mexicanos los que están inscritos en la Lista Nominal para poder hacer válido su derecho al voto el próximo 1 de junio, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE) y quienes están llamados a participar en el ejercicio electoral para elegir cargos judiciales. Según la página del INE, existen 3.422 candidatos para 881 puestos a nivel federal que serán puestos a elección en junio.
Los cargos federales a decidir son: nueve ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF), 14 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces y juezas de distrito.
En campaña
Mientras tanto, en las pantallas y redes sociales, ya circulan los primeros spots de campaña de quienes aspiran a ocupar cargos judiciales. Algunos de estos anuncios adoptan un tono populista y caricaturesco, como el personaje “Dora la Transformadora”, una figura que promete “justicia para todos” al ritmo de jingles políticos.
Otro video presenta a un candidato proclamándose “más preparado que un chicharrón”, una metáfora burda que, sin embargo, busca conectar con el electorado mediante el humor popular.
El fondo del debate no reside solamente en la estética de la campaña, sino en sus consecuencias estructurales. La elección por voto popular de jueces que tendrá lugar el plantea una amenaza directa a la imparcialidad y la autonomía del sistema judicial. Como advirtió Quórum, esta reforma introduce una lógica electoral en un espacio donde lo que debería primar es la competencia técnica y la independencia frente a presiones externas.
“La legitimidad del Poder Judicial no se basa en el voto popular, sino en su capacidad para actuar como un centinela contra la tiranía de las mayorías”, remarca el pronunciamiento de la FLAM que preside el juez argentino Marcelo Gallo Tagle. En un escenario de polarización política, el riesgo de que los jueces se conviertan en operadores partidarios o en rehenes de la popularidad circunstancial se vuelve tangible.
El gobierno mexicano justifica la reforma en nombre de la “democratización del Poder Judicial”. Sin embargo, este argumento ha sido cuestionado por especialistas que ven en la iniciativa una expresión de lo que se denomina “constitucionalismo abusivo”: el uso de reformas legales y constitucionales para debilitar los mecanismos de control y afianzar el poder político dominante.
La composición de los comités evaluadores -controlados por los poderes Ejecutivo y Legislativo- también ha sido señalada como otro foco de preocupación, ya que la selección previa de candidatos puede responder a intereses partidarios antes que a criterios de idoneidad jurídica.
Uno de los aspectos más alarmantes señalados por la FLAM es la posible penetración del crimen organizado en el nuevo esquema de elección judicial. En contextos donde el narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada ejercen fuerte influencia territorial, existe un riesgo real de que candidatos financiados por estos grupos accedan al Poder Judicial, comprometiendo gravemente su neutralidad y su eficacia.
Una preocupación extendida
México no está solo. La región latinoamericana ha sido escenario de diversas tensiones entre el poder político y el judicial, pero el caso mexicano podría convertirse en un modelo preocupante si no se revierten sus aspectos más controvertidos. Por eso, el pronunciamiento de la FLAM no es aislado: busca enviar una señal de alerta temprana para preservar uno de los pilares esenciales de cualquier república democrática.
Mientras los spots judiciales inundan las redes y los jueces hacen campaña como si se tratara de alcaldías, el debate profundo sobre la función de la justicia y su rol como contrapeso se torna urgente. La toga, por ahora, comparte cartel con las urnas, en un escenario donde la legalidad y la legitimidad corren el riesgo de ser reescritas al compás de la política.
