Se trata de 1,1 millones de dólares decomisados en la cuenta de un banco suizo perteneciente a dos condenados por trata de personas y la fiscalía pide recuperarlos para reparar económicamente a 17 mujeres explotadas sexualmente en el prostíbulo «Río Cabaña», en el barrio porteño de Palermo.
Lo que importa
La fiscalía pidió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la ciudad de Buenos Aires la repatriación de 1,1 millones de dólares depositados en el banco suizo Banque Syz S.A. a nombre de Horacio Alejandro Saran y Graciela Tomasi. Ambos fueron condenados en 2019 a ocho años y seis meses de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual, en un fallo que quedó firme tras el rechazo de un recurso por parte de la Corte Suprema el 3 de abril de este año.
El dinero, actualmente embargado por las autoridades suizas, había sido detectado durante la investigación. Según consta en el expediente, los fondos estaban a nombre de una sociedad uruguaya, pero Saran y Tomasi figuraban como beneficiarios económicos. El MPF solicitó su repatriación con el objetivo de ejecutar la sentencia que ordenó la reparación económica de las 17 víctimas que fueron explotadas sexualmente en el prostíbulo “Río Cabaña”, ubicado en el barrio porteño de Palermo y camuflado bajo la fachada de “exclusiva confitería”.
Durante el juicio se demostró que la pareja captaba mujeres mediante anuncios engañosos en medios gráficos, en los que se ofrecían trabajos como “meseras” o “presencias” en discotecas. Una vez reclutadas, las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución en turnos de más de 12 horas, con restricciones de movilidad y sanciones económicas arbitrarias. “Los denominados ‘pases’ se realizaban en albergues o casas particulares, y los encargados retenían un porcentaje del dinero, además de aplicar multas por ausencias o retrasos”, se concluyó en la causa.
Contexto
El juicio oral, que comenzó en marzo de 2019, culminó con una sentencia ejemplar. Además de la prisión para los principales acusados, el tribunal ordenó el embargo de los fondos en Suiza, el decomiso de los inmuebles usados en la actividad ilícita y el pago de $9.535.164,21 en concepto de reparación, más $3.800.000 por daños y perjuicios. Para los encargados del prostíbulo, Silvio Ángel Tomasi y Gerardo Alberto Ketterer, se impusieron penas de ocho años de prisión y una multa, mientras que otro acusado, Juan Carlos Milla, recibió tres años de prisión en suspenso como partícipe secundario.
No obstante, en su momento el TOCF N°4 rechazó la solicitud del MPF de repatriar el dinero embargado en Suiza, alegando que el artículo 12.2 del Tratado de Asistencia Judicial Mutua entre Argentina y Suiza exige una “sentencia firme y ejecutoria” del Estado requirente para proceder a la devolución de fondos. Este obstáculo legal retrasó la compensación a las víctimas, pese a que el dinero provenía directamente de la actividad criminal juzgada.
Ahora, con la sentencia firme, la Fiscalía General N°2 ante los TOCF porteños, junto con organismos especializados como PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas), SIFRAI (Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos) y DGRADB (Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes), reiteró el pedido de cooperación internacional, según informa el portal fiscales.gob.ar
Protocolo de Palermo
El nuevo requerimiento se fundamenta en las disposiciones del Protocolo de Palermo, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CNUDOT). En particular, se invocan los artículos 14.2 y 25.2 de esa convención. “Los Estados Parte darán consideración prioritaria a la devolución del producto del delito… para indemnizar a las víctimas”, señala el texto. Asimismo, se destaca que “cada Estado Parte establecerá procedimientos adecuados para que las víctimas puedan obtener indemnización y restitución”.
El MPF remarcó que este caso configura una conducta delictiva organizada y de carácter trasnacional, dado que los fondos ilegales fueron derivados a una cuenta extranjera para ocultar su origen ilícito. “Tanto Saran como Tomasi fueron condenados en la Argentina por su participación en un grupo delictivo organizado dedicado a la trata y explotación de personas”, recordaron los fiscales en la presentación.
Ruta del dinero
Durante la etapa de investigación, se logró determinar que el dinero ingresó al sistema financiero suizo a través de una sociedad constituida en Uruguay. Esto fue posible gracias a la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, que fue notificado por la Justicia del Cantón de Ginebra sobre una causa penal por blanqueo de capitales en la que surgió la cuenta vinculada a los acusados.
La cifra a reparar fue actualizada a 59.865.628,28 pesos y el MPF subrayó que la prioridad es asegurar la reparación efectiva a las víctimas, tal como establece el derecho internacional. A tal fin, ya se había solicitado en febrero de 2023 que se mantuviera el congelamiento de la cuenta suiza, a la espera de una resolución judicial firme, que finalmente llegó.
Cómo sigue
Con todos los requisitos cumplidos, las autoridades fiscales esperan que Suiza apruebe la devolución de los fondos y se concrete la reparación económica que el Poder Judicial argentino ordenó hace casi seis años.
