Lo hizo mediante el decreto 304/2025 y ya entró en vigencia. El registro que funcionaba en la órbita de Mariano Cúneo Libarona había sido creado originalmente en 2013 para colaborar en causas contra la integridad sexual y el año pasado fue ampliado a todos los delitos previstos en el Código Penal.
El Gobierno Nacional oficializó el traspaso del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal del ámbito del Ministerio de Justicia al del Ministerio de Seguridad de la Nación. Lo hizo a través del decreto 304/2025, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y ya entró en vigencia.
La medida implica una modificación directa de la Ley N° 26.879, sancionada en el año 2013. El registro había sido creado originalmente para colaborar en causas vinculadas con delitos contra la integridad sexual. En octubre de 2024, esa ley fue ampliada para extender el alcance a todos los delitos previstos en el Código Penal, no sólo los de índole sexual, dando origen a su nueva denominación: Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.
“El registro creado funcionará en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional”, señala el artículo 1° del decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

La transferencia se fundamenta en la Ley Bases, mediante la cual el Congreso delegó facultades al Poder Ejecutivo en distintas materias administrativas. En los considerandos del decreto, el Gobierno argumenta que “para lograr una gestión pública eficiente y de calidad, resulta necesario que los organismos cuya competencia sea la obtención, el almacenamiento y sistematización, el procesamiento y el cotejo de perfiles genéticos se encuentren bajo la órbita del Ministerio de Seguridad”.
Particularmente, el artículo 3° de la Ley Bases faculta al Ejecutivo a reorganizar la administración pública, incluyendo la posibilidad de “modificación o eliminación de competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario”, así como la transformación estructural de órganos centralizados o descentralizados.
El Registro, tal como lo define la normativa vigente, alberga una base de datos de perfiles genéticos y filiatorios destinados a colaborar con investigaciones en el fuero penal federal y nacional. Además, invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a suscribir convenios para que sus poderes judiciales y ministerios públicos puedan acceder al sistema.
Entre sus funciones, el Registro debe almacenar y procesar información genética proveniente de múltiples fuentes. Se incluyen, por ejemplo, perfiles obtenidos en escenas de crímenes no vinculados con personas identificadas, muestras de víctimas que hayan dado su consentimiento, restos humanos no identificados, y material biológico de personas desaparecidas.
Asimismo, incorpora perfiles de personas que aceptan donar muestras genéticas en el marco de búsquedas de familiares extraviados, así como de imputados, procesados o condenados por delitos, incluyendo restricciones para menores de edad que sólo pueden ser incluidos si fueron declarados penalmente responsables. También se contemplan datos del personal de fuerzas de seguridad y del Poder Judicial, y de personas que voluntariamente decidan sumar su información al sistema.