Tres policías condenados a tres años de prisión efectiva por integrar una organización que exigía dinero a comerciantes, trapitos y vecinos de la zona de Nuñez a cambio de protección deberán cumplir su condena porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la pena.
Lo que importa
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a los tres policías acusados de integrar una organización dedicada a pedir dinero de manera ilegal a restaurantes y trapitos en zonas en las cuales tenía jurdisdicción la Comisaría 35º de Núñez. Se trata de la investigación por la que estuvo preso el ex comisario José Pedro Potocar, el primer jefe de la Policía de la Ciudad, quien en el juicio oral fue absuelto a pedido de la Fiscalía.
Al máximo tribunal llegaron en queja los recursos de las defensas del suboficial escribiente Marciano Quiroga, el cabo Alejandro Malfetano y el sargento Sergio Ríos, condenados a la pena de tres años y cuatro meses de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 16 de la Capital Federal. La decisión fue confirmada por la Sala I de la Cámara Nacional de Casacíón Penal.
Las defensas cuestionaban la valoración de la prueba y los testimonios que sostuvieron la acusación. En sus recursos, los abogados de Quiroga, Malfetano y Ríos insistieron en que en el juicio hubo un recorte arbitrario del material del debate.
El 13 de mayo de 2021 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 16 de la Capital condenó a Quiroga, Ríos y Malfetano a tres años y cuatro meses de prisión.
La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional redujo la pena a tres años de prisión y determinó que su cumplimiento sea efectivo. Frente a ello, las defensas interpusieron sendos recursos extraordinarios, que fueron declarados inadmisibles por la Cámara de Casación.
Finalmente, tras la presentación de los recursos de queja, el caso llegó a la Corte, que, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimó los planteos.
Contexto
La investigación sobre corrupción en la por entonces seccional 35a., hoy Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad, se conoció en octubre de 2016, cuando el fiscal José María Campagnoli pidió la detención del comisario Norberto Villarreal, quien llegó a estar un año y medio prófugo.
Según sostuvo la fiscalía en su acusación, en la seccional se montó una «asociación criminal» dedicada a recaudar dinero de forma ilegal desde la llegada de Villarreal a esa sede que tenía jurisdicción en los barrios de Nuñez, Saavedra y Coghlan. Entre las pruebas se destacó el hallazgo de un cuaderno donde se anotaba cómo se distribuía el dinero obtenido en la recaudación ilegal.
“Los acusados –por sí o por intermedio de terceras personas y en abuso de su condición de funcionarios policiales– exigían y consecuentemente recibían de comerciantes, empresarios o vecinos con asiento en el ámbito de competencia de la comisaría 35ª de la Policía Federal Argentina una suma de dinero para brindarles un servicio de seguridad adicional espuria, asignando personal policial para la custodia prácticamente exclusiva de esos establecimientos”, sostuvo la fiscalía en ese momento.
Los objetivos que custodiaban y que tenían vigilancia policial “exclusiva” eran bastante diversos: incluían desde gimnasios hasta restaurantes, pasando por albergues transitorios, supermercados y concesionarias. Existía, de acuerdo al requerimiento fiscal que guió el debate oral, otro canal de recaudación que consistía en exigirles a los “trapitos” de la zona un pago a cambio de dejarlos realizar esa labor.
