El fallo fue dictado por la Sala VI del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta. El acusado fue juzgado por 12 hechos de grooming, seis de promoción de la corrupción de menores y otros seis de promoción de la prostitución agravada por la edad de las víctimas.
Un joven de 33 años fue condenado a la pena de 18 años de prisión efectiva por 12 hechos de grooming, seis de promoción de la corrupción de menores y otros seis de promoción de la prostitución agravada por la edad de las víctimas.
La sentencia fue dictada por la Sala VI del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta, tras una investigación que descubrió una serie de delitos cometidos a través de plataformas como WhatsApp, Instagram y Telegram.
El caso fue investigado por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, quien representó al Ministerio Público Fiscal (MPF). Durante su alegato, la funcionaria remarcó que “todo lo que sucede a través de internet tiene entidad y causa efectos, muchas veces más graves que los hechos que se dan en el mundo real”, destacando la peligrosidad del anonimato en las redes para facilitar este tipo de delitos.
La acusación detalló que entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, el imputado contactó a 12 menores de edad con fines sexuales, ofreciéndoles dinero a cambio de imágenes, videos y hasta encuentros físicos, que si bien no llegaron a concretarse, evidencian una clara intención de abuso.
Según lo expuesto por la fiscalía, el acusado construía vínculos virtuales con sus víctimas, menores de edad, a quienes manipulaba emocionalmente para obtener material con contenido sexual.
En total, fue juzgado por doce hechos de grooming, seis de promoción de la corrupción de menores y otros seis de promoción de la prostitución agravada por la edad de las víctimas, todo en concurso real.
Cornejo destacó que el agresor actuaba bajo un “combo perfecto para este tipo de delitos”: sin necesidad de contacto físico, con anonimato y un alcance inmediato, explotando la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes. Además, explicó que la conducta del acusado fue en ascenso, pasando del pedido de fotos a propuestas de encuentros sexuales.
Por su parte, el juez Guillermo Pereyra dio por probadas las imputaciones y dictó una condena dura y ejemplar: 18 años de prisión de cumplimiento efectivo. Además, dispuso que el condenado realice tratamiento psicológico obligatorio y sea incorporado al Banco de Datos Genéticos, una medida que busca fortalecer el registro de agresores sexuales para futuras investigaciones penales.
