La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó una queja de la defensa del ex juez federal correntino Carlos Vicente Soto Dávila y ratificó la continuidad de la inhibición general de sus bienes, mientras cumple condena por exigir «coimas» a narcotraficantes a cambio de beneficios judiciales.
Lo que importa
La decisión de la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de Carlos Vicente Soto Dávila contra una medida dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes. El tribunal había ordenado la renovación de la inhibición general de bienes del exjuez, luego de considerar que no habían cambiado las circunstancias que motivaron esa decisión.
“No se verifica la pretendida arbitrariedad de sentencia”, argumentaron los jueces en el fallo, aludiendo a que la resolución impugnada no configura una sentencia definitiva ni demuestra perjuicio irreparable que justifique habilitar la instancia de casación.
El caso reviste especial relevancia institucional: Soto Dávila fue condenado en 2023 por cohecho pasivo y prevaricato, y luego su condena fue agravada por Casación al considerarlo jefe de una asociación ilícita, lo que lo ubica como figura central en un esquema que benefició a narcotraficantes a cambio de coimas.
Contexto
Soto Dávila fue titular del Juzgado Federal de Corrientes y estuvo en el centro de una investigación que develó una compleja trama de corrupción judicial. Se lo acusó de recibir sobornos por parte de imputados por narcotráfico, a quienes garantizaba resoluciones judiciales favorables, incluyendo excarcelaciones, sobreseimientos o morigeración de penas.
La sentencia inicial de seis años de prisión fue modificada por la misma Sala IV de la Cámara de Casación Penal a fines de 2024, cuando decidió condenarlo también como líder de una asociación ilícita, revocando su absolución por ese delito. En ese mismo pronunciamiento, también se ordenó al TOF de Corrientes que fije nuevos montos de penas para otros ocho imputados cuyas calificaciones penales fueron agravadas.
El caso se volvió paradigmático por involucrar a un juez federal en un esquema de impunidad para el narcotráfico. La causa acumuló pruebas documentales, testimonios y escuchas que acreditaron la existencia de un sistema judicial paralelo.
Cómo sigue
Con esta resolución, la Cámara de Casación dejó firme la inhibición general de bienes de Soto Dávila, lo que implica que no podrá vender, transferir ni disponer de su patrimonio mientras avanza el proceso judicial en su contra. Se trata de una medida cautelar típica en causas de corrupción, con el objetivo de preservar activos para futuros decomisos o reparaciones económicas al Estado.
En paralelo, el Tribunal Oral Federal de Corrientes deberá ahora cumplir con lo dispuesto por Casación: recalcular las penas de Soto Dávila y otros implicados a la luz de la nueva calificación legal.