Jorge Castillo fue detenido junto a su esposa y uno de sus hijos durante una serie de allanamientos realizados por la Policía Federal. La investigación detectó 89 sociedades comerciales y más de 160 implicados en maniobras de blanqueo de capitales.
Este jueves 22 de mayo, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a Jorge Castillo, conocido como “El Rey de La Salada”, en el marco de una investigación por lavado de activos y evasión fiscal agravada. El operativo incluyó sesenta allanamientos simultáneos en domicilios, ferias, oficinas y depósitos vinculados al histórico polo comercial informal de Lomas de Zamora. Junto a Castillo, también fueron arrestados su esposa —quien se descompensó durante el procedimiento— y uno de sus hijos, en su casa del country Haras Argentino Farm Club, en Luján.
La causa está a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, y la Fiscalía Federal N.º 2 de Cecilia Incardona. La investigación fue impulsada desde 2023 por la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Superintendencia de Agencias Federales, y logró revelar un entramado financiero compuesto por 89 sociedades comerciales y más de 160 personas involucradas, orientado al blanqueo de capitales derivados del comercio informal.
Durante los procedimientos -que contaron con el apoyo de la Dirección General de Aduanas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, y personal especializado de la División Canes- se secuestraron documentación societaria, dispositivos electrónicos, registros digitales, dinero en efectivo y valores. Según indicaron fuentes de la causa, estos elementos serán claves para profundizar el seguimiento de los movimientos patrimoniales y consolidar el caso judicial.
Además de Castillo y su núcleo familiar, fueron detenidos otras personas que participaban del negocio, entre ellos los responsables de las ferias Megapolo La Salada y Urkupiña, quienes enfrentan imputaciones por asociación ilícita, evasión agravada y lavado de activos.
La Salada, reconocida como una de las ferias informales más grandes de América Latina, genera ingresos millonarios a través de un modelo que combina la venta mayorista de ropa con la informalidad y la falsificación de marcas.
La investigación permitió establecer que parte de las maniobras ilegales incluían el uso de empresas como fachada, creadas con el objetivo de legalizar ingresos en efectivo provenientes de ventas informales, muchas de ellas con mercadería falsificada. Las tareas de inteligencia, desarrolladas durante meses, incluyeron vigilancia física y análisis de datos financieros que permitieron reconstruir el circuito de blanqueo.
Castillo tiene antecedentes. En 2017 fue arrestado en el marco de una causa por explotación comercial ilegal, junto a otros imputados como Antonio Corrillo Torrez y Aldo Enrique Presa. En esa oportunidad, se los acusó de evadir el pago del Impuesto a las Ganancias y del IVA mediante la firma Punta Mogote S.C.A., una de las gestoras del predio.
