Consejera de la Magistratura y referente de Abogados en Acción, Jimena de la Torre repasa su trayectoria, la construcción de un espacio plural y republicano en el ámbito jurídico, y su compromiso con una Justicia independiente, eficiente y transparente. Analiza los desafíos de fortalecer el sistema de concursos, la necesidad de reformar los procesos disciplinarios y la importancia de devolverle a la ciudadanía la confianza en el Poder Judicial a través de instituciones sólidas y procedimientos objetivos.
Sos integrante de Abogados en Acción. ¿Cómo y por qué nace esta agrupación?
Abogados en Acción nació como una respuesta concreta a la necesidad de construir un espacio federal, plural, independiente y firmemente comprometido con los valores republicanos en el ámbito jurídico. Surgimos a comienzos del año 2020, en un contexto profundamente adverso marcado por la pandemia, cuando muchos advertimos que el poder gubernamental estaba utilizando la emergencia sanitaria como excusa para avanzar sobre derechos y libertades fundamentales. Nos organizamos en mesas de trabajo por áreas del derecho, una estructura que nos permitió multiplicar nuestras capacidades y dar respuestas jurídicas sólidas frente a situaciones críticas. Así fue como nos involucramos activamente -y con herramientas legales- en la defensa de los derechos de los argentinos varados en el exterior, en la exigencia por la reapertura de las escuelas, en la denuncia de los abusos a las libertades individuales por parte del gobierno nacional y de algunos gobiernos provinciales, como el caso emblemático de Formosa. También defendimos el derecho a la salud, y en episodios como el del Vacunatorio VIP, nuestra organización, hoy constituida como ONG, se presentó como querellante, ratificando con hechos nuestro compromiso con la Justicia y la transparencia. Nos manifestamos con firmeza frente a la masiva liberación de detenidos y, especialmente, alzamos la voz de la abogacía -y a través de ella, de la ciudadanía- ante el avance abusivo del poder político sobre el Poder Judicial. Así lo hicimos frente a los intentos de juicio político contra el procurador General de la Nación, Eduardo Casal, y contra la Corte Suprema de Justicia, así como ante los proyectos de reforma del Ministerio Público Fiscal, de la Justicia Federal y de ampliación de la Corte Suprema a 25 miembros. La defensa de la abogacía como servicio esencial tampoco nos resultó ajena. Entendemos que formamos parte integral del sistema de justicia y que sin una justicia robusta, independiente y con plena vigencia de la seguridad jurídica, la Argentina carece de condiciones para crecer y desarrollarse. Somos un engranaje esencial en la construcción de esa Argentina que anhelamos. Por eso luchamos. A partir de esas primeras experiencias, nos propusimos consolidar un canal de participación activa, capaz de defender con firmeza la independencia judicial y de promover una Justicia eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía. Al mismo tiempo, reivindicamos el rol de la abogacía como parte constitutiva y garante de esos valores, enalteciendo el ejercicio profesional desde una profunda vocación republicana. Hoy somos más de 800 abogados en todo el país, con presencia efectiva en las 24 provincias argentinas, y seguimos creciendo día a día gracias a la participación y al compromiso de colegas que comparten nuestros principios. Muchos de nuestros integrantes ocupan cargos de responsabilidad en diferentes gobiernos, instituciones judiciales y ámbitos académicos. Cada uno, desde su lugar, aporta al fortalecimiento del sistema de justicia. Y es precisamente en el trabajo en red donde esos aportes individuales -aparentemente aislados- se transforman en fuerzas colectivas capaces de impulsar verdaderas transformaciones.
¿Qué te motivó a involucrarte en la política institucional del Derecho?
Siempre entendí al Derecho como mucho más que una profesión: es una herramienta de transformación de la realidad y un compromiso con el bien común. En mi caso, además, es parte de mi historia familiar. Vengo de una línea de cinco generaciones de abogados, donde el Derecho se vivió siempre como una vocación de servicio a la República. Mi tatarabuelo, Calixto de la Torre, fue Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Crecí escuchando historias sobre su integridad, su sentido del deber y su pasión por las instituciones. Esas raíces marcaron mi camino. Pero no se trata sólo de tradición sino de responsabilidad. Cuando las instituciones se debilitan, cuando el Estado de Derecho se ve amenazado, quienes creemos en la República no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso decidí involucrarme en la política institucional del Derecho. Porque estoy convencida de que sólo desde adentro, con trabajo metódico, con visión de largo plazo y con un compromiso inquebrantable, podemos fortalecer la Justicia, garantizar la independencia del Poder Judicial y defender las libertades que hacen posible una sociedad democrática. Mi militancia jurídica no es partidaria; es profundamente republicana. Me mueve la convicción de que la abogacía no puede limitarse a litigar causas: debe estar presente en la defensa activa del sistema de justicia, como garantía del orden constitucional. Es ese legado, familiar y profesional, el que me impulsa cada día a trabajar para construir instituciones más sólidas, más transparentes y más cercanas a la ciudadanía.
¿Cuál considerás que ha sido su mayor aporte desde que asumiste como Consejera de la Magistratura?
Mi mayor compromiso ha sido garantizar que este órgano cumpla cabalmente con las funciones que le asigna la Constitución Nacional: asegurar una Justicia independiente, eficiente y transparente, a través de la selección rigurosa de magistrados, la administración responsable de los recursos del Poder Judicial y la actuación decidida ante inconductas judiciales. He trabajado intensamente en la reforma del proceso de selección de jueces, presentando diversos proyectos orientados a mejorar su transparencia y objetividad. Entre ellos, propuse la publicación de las correcciones de exámenes para que puedan ser auditadas por la ciudadanía, y la revisión de las etapas que otorgan márgenes de discrecionalidad a fin de objetivar los criterios de evaluación y limitar cualquier interferencia política o sectorial. El objetivo es claro: garantizar que quienes acceden a la magistratura sean los más idóneos, con trayectoria, formación y compromiso institucional. Al mismo tiempo, impulsé proyectos clave en materia de disciplina y acusación de magistrados, con el propósito de que los procesos no caduquen sin resolución. La falta de definición en expedientes disciplinarios genera manchas grises que perjudican tanto a jueces probos como a la credibilidad del sistema. Por eso, promoví mecanismos que aseguren plazos razonables y la obligación de resolver -sea para desestimar, archivar o sancionar- evitando así zonas de impunidad o de sospecha injustificada. Considero que la ética judicial debe ser un pilar central del fortalecimiento institucional. Por eso, en una primera etapa, presenté un proyecto para que el Código Iberoamericano de Ética Judicial y las Reglas de Bangalore sobre la conducta judicial sean de cumplimiento obligatorio para todos los jueces del Poder Judicial de la Nación. Entendiendo que la legitimidad democrática de la justicia requiere también un compromiso normativo propio, impulsé decididamente la necesidad de aprobar un Código de Ética para la Justicia Federal, en el que venimos trabajando desde la Comisión de reglamentación con su presidente, Alberto Lugones. En breve también espero poder presentar un trabajo que vengo realizando en forma articulada con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Este nuevo instrumento busca fijar principios rectores claros y específicos para el ámbito judicial federal, elevando los estándares de conducta, reforzando la transparencia y consolidando la confianza pública a través de la ejemplaridad de los jueces. Más allá de estos proyectos que espero podamos aprobar pronto con el consenso de los 20 consejeros, quizá uno de los hitos más relevantes de mi gestión fue la creación del Comité de Innovación, que coordino, desde donde promovemos la incorporación de tecnologías al sistema judicial. Presenté un programa de Inteligencia Artificial para el Poder Judicial de la Nación, actualmente en desarrollo por la Dirección General de Tecnología del Consejo; avanzamos en la automatización de trámites judiciales no contenciosos e impulsé el desarrollo de herramientas tecnológicas para la generación automatizada de estadísticas judiciales y de gestión. Mi objetivo ha sido siempre el mismo: aportar una mirada ciudadana, técnica y comprometida con los valores republicanos, despojada de intereses partidarios, para construir una Justicia más cercana, moderna y confiable.
¿Qué desafíos encontraste al representar al estamento de los abogados y cómo los abordaste?
Uno de los principales desafíos fue romper con la lógica corporativa que históricamente ha atravesado a muchas instituciones. Representar a la abogacía no significa defender intereses sectoriales ni reproducir privilegios, sino garantizar que el sistema de justicia funcione con eficacia, transparencia y equidad para toda la ciudadanía. Desde el primer día, enfoqué mi trabajo en promover el mérito, la participación y la transparencia, y en escuchar activamente a la matrícula, generando canales reales de diálogo e involucramiento. Uno de los logros más significativos fue la recuperación del espacio de los abogados dentro de la Comisión de Selección de Magistrados, donde los cuatro representantes del estamento volvimos a ocupar nuestro lugar. Hoy, dos abogadas ejercemos la Presidencia y la Vicepresidencia de esa comisión, marcando un cambio sustancial en la forma de gestionar los procesos de selección. Desde allí, impulsamos mejoras concretas en los reglamentos de concursos, con el objetivo de valorar adecuadamente la experiencia en el ejercicio profesional. Estoy convencida de que esa experiencia aporta una perspectiva indispensable para el desempeño de la magistratura, complementando y enriqueciendo la mirada técnica del juez de carrera. Asimismo, hemos trabajado para que el Consejo responda de manera ágil a las necesidades concretas de los abogados en su labor cotidiana. Mi representación no se basa en una lógica sectorial, sino en una mirada institucional, republicana y de servicio público, con la convicción de que los abogados somos actores centrales en el funcionamiento del sistema de justicia, y que debemos tener un rol activo y constructivo en su mejora permanente.
¿Cómo evalúas el funcionamiento actual del Consejo?
El funcionamiento del Consejo de la Magistratura ha sido históricamente objeto de manoseos políticos inaceptables, impropios de una institución que es clave para preservar la independencia del Poder Judicial y asegurar el equilibrio entre los poderes del Estado. La propia Corte Suprema, al declarar la inconstitucionalidad de las últimas reformas introducidas a su ley orgánica, advirtió con claridad que el Consejo debe preservar el equilibrio entre los distintos estamentos que lo integran, para evitar que uno se imponga sobre los demás y así garantizar decisiones basadas en consensos amplios y plurales. En ese fallo, la Corte encomendó al Congreso la sanción de una nueva ley, que aún continúa pendiente, pese a que es indispensable para restaurar la legitimidad y el funcionamiento armónico del órgano. A la luz de la experiencia histórica y de los problemas estructurales que persisten, el Congreso debe abordar reformas profundas y concretas.
¿Qué aspectos deberían reformarse?
Es urgente garantizar la celeridad, objetividad y despolitización de los concursos públicos, estableciendo que el mérito y la idoneidad sean los únicos criterios válidos para acceder a la magistratura. También es indispensable reformular los procesos disciplinarios y de remoción: muchas denuncias prescriben sin resolverse por bloqueos internos en el Consejo, lo que debilita la confianza pública y deja sin respuesta tanto las inconductas como las posibles reivindicaciones. Una reforma estructural impostergable es la dedicación exclusiva de todos los consejeros. Hoy, sólo se exige a los representantes de la abogacía, generando una asimetría que afecta el funcionamiento del Cuerpo. El rol de consejero exige presencia, estudio y responsabilidad. Por eso, cada poder debe garantizar licencia plena a quienes designe, para que puedan asumir esta función sin interferencias. La independencia judicial no se declama: se construye. La selección debe basarse en mérito, trayectoria y formación, tal como lo propuso la reforma constitucional de 1994. Pero la normativa posterior introdujo márgenes de discrecionalidad que permiten interferencias políticas. Por eso, impulsamos la publicidad e integridad de todas las etapas del concurso y un sistema de evaluación estandarizado, con puntajes objetivos para las entrevistas. Además, promovemos la digitalización y el uso de inteligencia artificial en la elaboración de casos prácticos, para mejorar la calidad técnica y corregir desequilibrios en la composición de jurados. Aunque ha habido avances en remociones graves –como el caso del juez Bento–, persisten serias limitaciones normativas, como la imposibilidad de aplicar suspensiones preventivas eficaces. A ello se suma la estructura deliberativa del Consejo, que ralentiza decisiones y favorece la prescripción de causas. Necesitamos una reingeniería de los procedimientos disciplinarios, que combine celeridad, debido proceso y control institucional. La oposición debe ser el eje central de la evaluación, porque refleja las condiciones reales del trabajo judicial. He insistido en mejorar el diseño de los casos, transparentar los criterios de corrección y garantizar el control ciudadano. Además de excelencia técnica, el juez debe tener capacidad para juzgar con equidad, actuar con mesura, entender su rol institucional y asumir las consecuencias de sus decisiones. Por eso, la evaluación debe incluir no sólo conocimientos, sino también integridad, capacidad analítica, claridad, motivación, liderazgo y compromiso con el servicio público. Queremos jueces imparciales, independientes, transparentes y comprometidos, que entiendan que el cargo no es un privilegio, sino una responsabilidad democrática.
¿Qué lugar ocupa la perspectiva de género en los concursos y en la política institucional del Consejo?
La perspectiva de género ocupa un lugar relevante en los concursos y en la política institucional del Consejo, no como una cuestión ideológica, sino como una exigencia de justicia, representatividad y legitimidad. La sociedad es diversa, y esa diversidad debe reflejarse en la composición del Poder Judicial, porque cuanto más plural sea la integración de la magistratura, más amplias y equilibradas serán las perspectivas desde las cuales se imparten decisiones que afectan a toda la ciudadanía. Las mujeres -y en particular aquellas que integran el Poder Judicial- han demostrado, sobradamente, su capacidad para competir en igualdad de condiciones por los cargos más relevantes de la estructura judicial. Por eso considero que la prueba de oposición debe seguir siendo la principal instancia de evaluación, porque es allí, en el ejercicio efectivo de la función jurisdiccional, donde muchas mujeres se han destacado, incluso en contextos en los que debieron sortear obstáculos culturales o familiares que afectaron el desarrollo de otros antecedentes profesionales o académicos. No creo en los atajos ni en las designaciones simbólicas. Creo en el mérito, la idoneidad y la oportunidad real de acceder en igualdad de condiciones. Y por eso trabajo para que las condiciones del proceso sean efectivamente equitativas, transparentes y accesibles, sin sesgos ni barreras implícitas que reproduzcan desigualdades. En este mismo sentido, sostengo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe contar con al menos dos mujeres entre sus miembros. No como gesto simbólico, sino como expresión de una Justicia que refleja la pluralidad social que debe interpretar y proteger. Por eso me opuse públicamente a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo al Senado, que no contemplaban esta representación básica ni respetaban los consensos institucionales que la Constitución exige para integrar al máximo tribunal. Confío en que la renovación generacional y la consolidación de un sistema de concursos objetivo y profesionalizado permitirán que cada vez más mujeres accedan a los cargos más altos del Poder Judicial, en función de sus méritos y capacidades. Y eso no solo será una conquista para ellas, sino un fortalecimiento para todo el sistema de justicia.
¿Creés que la ciudadanía confía en el Poder Judicial? ¿Qué puede hacer el Consejo para fortalecer esa confianza?
La confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial está claramente debilitada, y no es una percepción infundada. Diversos estudios reflejan este sentimiento: según el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella y la asociación civil Fores, en noviembre de 2024 la confianza general se ubicó en 49,7 puntos sobre 100, con un subíndice perceptual -que mide la opinión sobre imparcialidad, eficiencia y honestidad- de apenas 28,4 puntos . Además, una encuesta de OPSA reveló que el 84% de los argentinos considera que la Justicia favorece a los sectores privilegiados, y el 78% cree que los jueces están influenciados por el sistema político. Esta desconfianza se alimenta de la percepción de impunidad, lentitud y lejanía del sistema judicial. Para revertir esta situación, el Consejo de la Magistratura debe ser ejemplar en su accionar. Es fundamental implementar concursos ágiles y transparentes, aplicar sanciones cuando corresponda y comprometerse con la excelencia judicial. La rendición de cuentas debe ser una norma, no una excepción.
En tiempos de demandas sociales por mayor celeridad, ¿cómo se puede equilibrar la eficacia con el debido proceso?
En tiempos de demandas sociales crecientes por una justicia más ágil, es fundamental dejar atrás la falsa dicotomía entre celeridad y debido proceso. No se trata de elegir entre una justicia rápida o una garantista: se puede -y se debe- lograr una justicia eficaz sin sacrificar derechos. El equilibrio se alcanza mediante la modernización de los procedimientos, la profesionalización de los equipos y la incorporación inteligente de tecnología, siempre en pleno respeto del principio de legalidad y de las garantías constitucionales. Por eso impulso con firmeza una agenda de innovación en el Poder Judicial, basada en la incorporación de herramientas tecnológicas y el fortalecimiento de la capacidad analítica del sistema. El desarrollo de estadísticas judiciales confiables, tableros de control de gestión y automatización de procesos administrativos no contenciosos permite no sólo reducir tiempos y mejorar la eficiencia interna, sino también transparentar el funcionamiento del sistema y rendir cuentas a la ciudadanía. Estas herramientas no reemplazan la función judicial, pero sí optimizan el uso de los recursos, permiten una mejor planificación institucional y aseguran un servicio de justicia más accesible, ágil y previsible. La verdadera reforma de la justicia no se logra con declaraciones, sino con transformaciones concretas que respeten los principios del Estado de Derecho mientras responden a las necesidades reales de la población.
¿Cómo ves la relación actual entre el Poder Judicial y los otros poderes del Estado?
La relación entre el Poder Judicial y los demás poderes del Estado atraviesa hoy una etapa
tensa y, en muchos aspectos, desequilibrada. El Poder Judicial debe funcionar como un contrapeso real, no como un engranaje subordinado al oficialismo de turno. Pero al mismo tiempo, debe estar abierto al diálogo institucional y dispuesto a dar respuestas eficaces. Esa relación debe estar regida por el respeto mutuo y por una comprensión clara de los límites y atribuciones que impone la Constitución a cada poder del Estado. Un ejemplo negativo reciente fue la cobertura por decreto de vacantes en la Corte Suprema, recurriendo a una vía excepcional, prevista para situaciones de urgencia, con el objetivo de sortear el requisito constitucional de acuerdo del Senado, que exige consensos amplios y fortalece la legitimidad del proceso. Esta decisión no sólo debilita la institucionalidad democrática, sino que también afecta la independencia del Poder Judicial, socavando la confianza ciudadana en sus máximas autoridades. A ello se suma un hecho sin precedentes: el año pasado fue la primera vez en la historia, desde la creación del Consejo de la Magistratura, en que el Poder Ejecutivo Nacional no envió ningún pliego de jueces al Senado para su tratamiento, más allá de los dos referidos a la Corte Suprema. Esta omisión agrava la crisis de vacantes judiciales y demuestra una falta de compromiso con el funcionamiento regular del sistema judicial. La consecuencia directa de esta parálisis es una justicia más lenta y menos accesible para la ciudadanía, que sufre la falta de jueces en múltiples jurisdicciones del país. No obstante, es justo reconocer que el Poder Ejecutivo ha mostrado voluntad política para avanzar en la implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal acusatorio, una reforma estructural que, si se acompaña con los recursos necesarios y una gestión profesionalizada, puede mejorar la transparencia, celeridad y eficacia en la investigación y juzgamiento de delitos. Apuesto a que esa decisión se sostenga en el tiempo y sea parte de una política integral de fortalecimiento institucional.
Fuiste propuesta por la Cancillería como candidata para el Comité Jurídico Interamericano de la OEA. ¿Qué significó para vos y cómo lo viviste?
Fue para mí un inmenso honor y una gran responsabilidad. Lo viví como un reconocimiento al trabajo constante, serio y comprometido con los valores que siempre defendí: el Estado de Derecho, la transparencia institucional y la vocación por el servicio público. La posibilidad de integrar un ámbito de debate técnico internacional de altísimo nivel, donde se definen estándares y buenas prácticas jurídicas para todo el continente, representaba no sólo una proyección personal, sino una oportunidad estratégica para la Argentina, que habría tenido voz en la construcción normativa interamericana y en la consolidación de principios fundamentales como la independencia judicial, la defensa de los derechos humanos y la legalidad democrática. Lamentablemente, el contexto geopolítico no fue favorable.
¿Cuál es tu opinión sobre el fallo Levinas? ¿Es necesario avanzar en una transferencia de la Justicia Nacional a la Ciudad?
El fallo Levinas no constituye una novedad aislada, sino el último eslabón de una línea jurisprudencial sostenida por la Corte Suprema a lo largo de los años, que reafirma la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires como uno de los compromisos asumidos en la Reforma Constitucional de 1994. Esa autonomía, expresamente reconocida en el artículo 129 de la Constitución Nacional, no es meramente administrativa: implica que los habitantes de la Ciudad tienen derecho a elegir a sus propias autoridades judiciales, y que el gobierno local tiene plenas facultades para organizar y ejercer su propio sistema de justicia. Las únicas limitaciones válidas a esa autonomía deben estar específicamente justificadas por la necesidad de proteger intereses del Gobierno nacional, lo que no habilita, en ningún caso, a mantener una estructura nacional superpuesta de manera indefinida. En este contexto, el traspaso de las competencias del fuero nacional ordinario a la justicia de la Ciudad no puede seguir siendo tratado como una concesión política discrecional, sino que debe asumirse como lo que es: una obligación constitucional pendiente, y una deuda institucional postergada durante más de tres décadas. La política le debe a los porteños una solución integral, que contemple no sólo los aspectos jurisdiccionales, sino también cuestiones presupuestarias, edilicias y de personal, incluyendo el respeto de los derechos adquiridos por magistrados, funcionarios y empleados judiciales que hoy se desempeñan en el fuero nacional. El proceso de transferencia debe garantizar seguridad jurídica, condiciones laborales justas y continuidad institucional. En ese sentido, la reciente conformación de una comisión de trabajo integrada por representantes de los Ministerios de Justicia de la Nación y de la Ciudad, destinada a relevar antecedentes normativos y fácticos, recabar opiniones de los actores involucrados y evaluar soluciones técnicas posibles, constituye una señal alentadora. Confío en que ese espacio pueda traducirse en una propuesta concreta, viable y respetuosa de la autonomía porteña y del mandato constitucional. No hay verdadera República sin respeto al federalismo. Y no hay federalismo real si una de las jurisdicciones más importantes del país no puede ejercer plenamente sus competencias judiciales.
