Con la Acordada 3/2025, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso la creación de los Colegios de Jueces en el fuero Penal Económico para la entrada en vigor del sistema acusatorio en el marco del Código Procesal Penal Federal. Advertencias por vacantes, falta de recursos y la necesidad de coordinación efectiva.
La Cámara Federal de Casación Penal dio un paso clave hacia la transformación del sistema de enjuiciamiento penal federal. Mediante la Acordada 3/2025, firmada por la totalidad de sus integrantes, resolvió crear los Colegios de Jueces en el fuero Penal Económico, anticipando la puesta en marcha del sistema acusatorio a partir del 11 de agosto. Este nuevo esquema introduce una arquitectura procesal completamente distinta, basada en la oralidad, la concentración de actos y un protagonismo reforzado de los fiscales.
Tal como dispone el artículo 36 de la Ley 27.146, «corresponde a la Cámara Federal de Casación Penal la coordinación de la implementación del sistema acusatorio en la justicia federal», un rol que viene desarrollando desde 2024 con la implementación progresiva en diversas jurisdicciones.
La resolución fue firmada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques, Mariano Borinsky, Alejandro Slokar, Juan Gemignani, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, quienes integran el pleno de la Cámara Federal de Casación Penal.
En este caso, la reforma alcanza al fuero Federal Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los más especializados y sensibles dentro de la estructura judicial argentina, dedicado a investigar delitos como contrabando, evasión fiscal, lavado de dinero, entre otros.
Sus dependencias están divididas entre las sedes judiciales de Comorodo Py 2002 -donde funcionan sus Tribunales orales- y la de avenida de los Inmigrantes 1950.
Tres colegios para una reforma
La Acordada crea formalmente tres Colegios de Jueces:
- Colegio de Garantías, compuesto por jueces de primera instancia en lo penal económico. Tendrán a su cargo la supervisión de la etapa de investigación penal preparatoria y el control de garantías procesales.
- Colegio de Juicio, conformado por los jueces de los Tribunales Orales en lo Penal Económico (TOPE), que asumirán los debates orales en la etapa de juicio.
- Colegio de Revisión, integrado por magistrados de la Cámara Federal de Apelaciones. Ejercerán funciones de revisión en los términos del nuevo código.
La novedad radica no sólo en la división funcional, sino en la lógica de rotación, sorteo y exclusividad con la que deberán actuar los jueces. Este modelo rompe con la estructura tradicional de jueces permanentes en cargos específicos, y promueve una dinámica institucional flexible, basada en la transparencia y la eficiencia.
Una cámara con vacantes críticas
La reforma enfrenta, sin embargo, una dificultad estructural ineludible. La Cámara en lo Penal Económico se encuentra profundamente afectada por la falta de cobertura de vacantes: actualmente solo tiene dos jueces activos sobre un total de seis cargos.
La jueza Carolina Robiglio y el juez Roberto Hornos -a quien recientemente se le prorrogó el mandato por cinco años luego de cumplir 75- son los únicos miembros habilitados para participar del nuevo esquema.
Frente a esta realidad, la Cámara de Casación advirtió en la acordada la posibilidad de dictar una resolución «de contingencia, que autorice a jueces de otras instancias a integrar provisoriamente el Colegio de Jueces de la Cámara». Una medida que podría resultar imprescindible si no se cubren los cargos antes de agosto.
Fiscales protagonistas en el nuevo proceso
El nuevo sistema asigna a los fiscales un papel central. Bajo el modelo acusatorio, son los responsables exclusivos de dirigir la investigación, presentar cargos y promover las causas penales. También podrán celebrar acuerdos de conciliación y reparación integral en casos de menor complejidad.
«Se otorgan mayores facultades a los fiscales para evitar juicios innecesarios, promover soluciones alternativas y reducir la sobrecarga del sistema judicial», explica el texto de la acordada.
Entre las nuevas herramientas disponibles, se encuentra la posibilidad de impulsar el decomiso de bienes vinculados a los delitos incluso antes del juicio oral, reforzando una lógica de mayor eficacia en la persecución penal.
Recursos, tecnología y coordinación
La Acordada no omite las condiciones materiales que hacen viable la reforma. En su texto, los jueces de Casación enfatizan sobre «la necesidad de contar con los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos adecuados» para garantizar una implementación responsable del Código.
En el mismo tenor se expresaron con la creación de los Colegios para el fuero federal de la ciudad de Buenos Aires, concentrado en el edificio de Comodoro Py 2002.
Desde sistemas de gestión digital, salas de audiencia adaptadas, hasta equipos técnicos especializados en audiencias orales, la infraestructura judicial deberá adecuarse en menos de tres meses a los estándares del nuevo proceso.
La Cámara también asume una función articuladora con el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ejecutivo Nacional, todos actores que deberán coordinar esfuerzos para el cumplimiento del cronograma legal.
