Radiografía de un país que logró una baja histórica de homicidios pero con focos provinciales aún fuera de control. Santa Fe emerge como ejemplo de articulación, mientras Buenos Aires y otras provincias siguen sin rumbo claro.
La estadística general puede engañar. En 2024, Argentina registró su tasa de homicidios dolosos más baja en décadas: 3,8 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, ese dato esconde una verdad incómoda: la violencia letal está profundamente mal distribuida. Provincias como Santa Fe, Salta, Chaco, Buenos Aires y Río Negro duplicaron o casi duplicaron el promedio nacional. Mientras La Rioja tuvo apenas un homicidio por cada 100.000, Santa Fe alcanzó los 4,9. El riesgo de morir asesinado en Argentina depende del código postal.
Ese es el diagnóstico que surge del informe elaborado por Alejandro Carlos Ñamandú, CEO de Fidelem Security Advisor, Comisario General retirado de la Policía Federal Argentina y ex Superintendente de Investigaciones Federales. El documento, titulado “Mapa de la violencia 2024 – Lecciones de Santa Fe y la deuda pendiente en Buenos Aires”, no sólo mapea la violencia con precisión territorial, sino que propone una hipótesis contundente: donde hubo coordinación entre Nación y provincias, la violencia bajó. Donde faltó articulación, los homicidios se mantuvieron o crecieron.
Santa Fe: cuando el Estado decide actuar
Rosario fue durante años sinónimo de guerra narco. En 2023, registró 287 homicidios, una cifra que ubicó a Santa Fe como la zona más violenta del país. Pero 2024 marcó un punto de inflexión. El lanzamiento del Plan Bandera, una estrategia conjunta entre Nación y provincia, permitió reducir los homicidios en Rosario casi un 60%. En los barrios con presencia federal, la baja fue aún más dramática: hasta 72% menos muertes.
El éxito radicó en una coordinación inédita. Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Seguridad Aeroportuaria actuaron bajo un mando unificado, focalizando sus esfuerzos en las nueve zonas más conflictivas de Rosario. Esa intervención no reemplazó a la policía provincial, sino que la potenció. Se compartieron recursos, inteligencia y logística. Se priorizaron datos para atacar las “zonas calientes”. Como lo resume Ñamandú, “cuando hay voluntad política y cooperación, la violencia se puede revertir rápidamente”.
El resultado fue una caída del 50% en la tasa de homicidios provincial. Aunque Santa Fe sigue liderando el ranking, lo hace desde una posición en franca mejora. Rosario registró el número más bajo de crímenes violentos en 10 años.
Buenos Aires: la ausencia de estrategia como política
En el otro extremo, la provincia de Buenos Aires se convirtió en el caso de lo que no hay que hacer. A pesar de tener la fuerza policial más numerosa del país y de representar el 40% de la población argentina, no implementó un plan coordinado con la Nación. La tasa de homicidios bonaerense fue de 4,5 por cada 100.000 habitantes, casi igual que la santafesina.
El retroceso fue doble: no sólo no bajaron sustancialmente los homicidios (apenas nueve menos que en 2023), sino que tampoco se aprovecharon las herramientas federales. No hubo operativos de saturación en el conurbano ni comandos conjuntos en zonas críticas. La policía bonaerense actuó sola, con recursos limitados y problemas históricos: falta de personal, corrupción, equipamiento obsoleto.
A esto se sumó la falta de sintonía política entre la administración nacional y el gobierno de la provincia. Mientras Nación celebraba la baja nacional de homicidios, desde La Plata se minimizaban esos logros. El resultado fue una seguridad estancada, sin cambios estructurales.
Salta, Chaco y Río Negro: los otros focos rojos
Más allá de Santa Fe y Buenos Aires, otras provincias presentan realidades alarmantes. En Salta, el narcotráfico transfronterizo marca la agenda criminal. Con 4,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, la provincia sufre por su cercanía con Bolivia y Paraguay, rutas tradicionales del contrabando y la droga.
En Chaco, la violencia se entrelaza con la pobreza estructural. Los homicidios se explican tanto por disputas entre bandas como por violencia interpersonal en contextos de exclusión. Con la misma tasa que Salta (4,6), Chaco no contó con apoyo nacional ni con un plan provincial robusto.
El caso de Río Negro sorprende. Con 4,5 homicidios cada 100.000, se trata de una provincia que históricamente había mantenido tasas bajas. Pero en 2024, ciudades como General Roca, Bariloche y Viedma sufrieron un pico de crímenes relacionados con el narcomenudeo y la conflictividad social. La respuesta fue tardía y sin refuerzos federales. “Ninguna provincia está exenta si no se anticipa”, advierte el informe.
La clave: una estrategia federal coordinada
Según Ñamandú, la experiencia de 2024 demuestra que la articulación entre Nación y provincias es el factor determinante. Por eso, propone institucionalizar esa coordinación a través de un Comando Federal de Reducción de Homicidios, que reúna a las fuerzas federales y provinciales, monitoree índices en tiempo real y active planes conjuntos.
Además, sugiere replicar el modelo Santa Fe en zonas críticas como el conurbano bonaerense o el norte de Salta. También insiste en la necesidad de unificar la formación policial, fortalecer capacidades técnicas locales y avanzar en reformas legales que endurezcan penas por portación ilegal de armas y aceleren causas por narcotráfico.
Pero todo esto debe complementarse con políticas sociales. “Seguridad y desarrollo deben ir de la mano”, subraya. Urbanización, tratamiento de adicciones y contención juvenil son medidas imprescindibles para que la pacificación policial tenga un efecto duradero.
Un país, múltiples violencias
El informe concluye con un mensaje claro: el promedio nacional es una ilusión si no se atienden las disparidades regionales. La diferencia entre Santa Fe y Buenos Aires, entre una política coordinada y una ausente, se traduce en cientos de vidas salvadas o perdidas. Para que nacer en una provincia u otra no implique un riesgo distinto de morir por violencia, Argentina debe adoptar una visión integral y federal de la seguridad pública. La coordinación ya demostró que funciona; ahora falta decisión política para extenderla a todo el país.
