En la antesala de la implementación del nuevo sistema acusatorio, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona anunció la cesión de 5.000 metros cuadrados del predio de la ex ESMA para el funcionamiento de oficinas de fiscales federales. La medida, cargada de simbolismo político, ya desata polémica.
Lo que importa
El ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona anunció que el Estado destinará 5.000 metros cuadrados del Espacio Memoria ex ESMA a la instalación de oficinas para fiscales federales. La medida se presenta como parte del ajuste impulsado por el presidente Javier Milei, con el objetivo de “eliminar gastos innecesarios” y “fortalecer la lucha contra la inseguridad”.
“Los espacios que antes eran destinados a programas ideológicos, ahora servirán en la lucha contra la inseguridad”, afirmó Cúneo Libarona, en una declaración que ya genera críticas desde sectores vinculados a los derechos humanos. El anuncio llega a menos de tres meses de que entre en vigencia el nuevo Sistema Acusatorio en la ciudad de Buenos Aires, previsto para el 11 de agosto.
El predio cedido incluye un edificio de tres niveles con 20 despachos privados, capacidad para 350 puestos de trabajo, auditorio, comedor, cocina y estacionamiento. Por su parte, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, remarcó: “Asumimos el compromiso de darle a la Justicia las herramientas para que pueda meter presos a los delincuentes y estamos cumpliendo”.
Contexto
El anuncio no sólo pone en el centro de la escena al Ministerio de Justicia, sino que también reabre un debate sobre el uso del predio de la ex ESMA, uno de los espacios más simbólicos de la memoria del terrorismo de Estado. En abril el Gobierno argentino anunció la suspensión de pagos, fundamentando la medida en la detección de «gastos injustificados» que, según la cartera, ascienden a más de 3.000 millones de pesos anuales sin una fiscalización adecuada. El Ministerio ordenó una auditoría para esclarecer el destino de los fondos.
Desde el Ministerio de Justicia se argumenta que la administración del predio, gestionado por 13 organismos de derechos humanos, no ha proporcionado información detallada sobre la cantidad de empleados ni sobre la rendición de cuentas de los gastos. Incluso, se menciona que uno de los pocos gastos justificados sería un desembolso mensual de 16 millones de pesos en el corte de pasto.
Además se realiza mientras el procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, preside en la ciudad de Madrid la XXXII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que se extenderá hasta el viernes, bajo el lema «Por una sociedad más justa y segura».
Casal, presidente de la AIAMP para el período 2024-2026, abrió la actividad junto al fiscal general del Estado de España y secretario general de la entidad, Álvaro García Ortiz, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del país anfitrión, Félix Bolaños. El Procurador ha reclamado en más de una oportunidad más recursos para los fiscales y es crítico de la forma en la que se está avanzando con la implementación del sistema acusatorio.
Cómo sigue
El nuevo Sistema Acusatorio implica una reforma sustancial en la dinámica del proceso penal: el rol protagónico pasa a manos de los fiscales, quienes dirigirán las investigaciones y deberán actuar con mayor celeridad y eficacia. La cesión de un edificio completo en la ex ESMA para este fin refleja el peso que el Gobierno le otorga a esta reforma judicial.
Sin embargo, la medida aún debe sortear resistencias institucionales y sociales. Por lo pronto, el debate está planteado.
