En el marco de la 72ª Asamblea de la Federación Latinoamericana de Magistrados y la reunión del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados, magistrados de 18 países debatieron sobre independencia judicial, modernización tecnológica, protección de jueces y desafíos democráticos. La admisión de JUFED como miembro pleno y los cuestionamientos a las reformas mexicanas marcaron un hito en la defensa judicial regional.
La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) tiene como uno de sus objetivos fundamentales «Procurar la independencia permanente, real y efectiva del Poder Judicial… como condición esencial de la función jurisdiccional». Esta misión central se complementa con la búsqueda del perfeccionamiento continuo de los magistrados, la defensa de la dignidad de la función judicial, el fomento del asociacionismo entre jueces y la armonización de las legislaciones. La misión global de la FLAM es el «fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho», un principio que resonó en las palabras inaugurales en Quito, demostrando la consistencia del enfoque de la organización a lo largo de las décadas.
En tanto, la Unión Internacional de Magistrados (UIM) es una entidad de alcance mundial que agrupa a 92 asociaciones nacionales de los cinco continentes. Opera a través de grupos regionales, como el Grupo Iberoamericano (IBA), cuya reunión en Quito fue presidida por Walter Barone, quien también ostenta el cargo de Primer Vicepresidente de la UIM. Esta estructura regional asegura que los objetivos más amplios de la UIM, que incluyen prominentemente la salvaguarda de la independencia judicial, se aborden con una perspectiva y un compromiso adaptados a las realidades locales. La UIM promueve activamente el «Estatuto Universal del Juez» y posee un historial de pronunciamientos sobre la independencia judicial en diversos países, incluyendo recientes declaraciones relativas a Ecuador, México, Costa Rica y Bolivia.
Quito, Ecuador, se convirtió en el epicentro del diálogo judicial en Iberoamérica al albergar, del 24 al 28 de mayo de 2025, la 72ª Asamblea Anual de la FLAM y la reunión de medio año del Grupo IBA de la UIM. Estos trascendentales encuentros congregaron a destacadas figuras del ámbito judicial para abordar cuestiones apremiantes como la independencia judicial, la modernización de los sistemas de justicia y la protección de los magistrados en un panorama regional cada vez más complejo. La organización de estos eventos recayó en la FLAM, la UIM-IBA y, como anfitriona, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ).
Ecuador como Anfitrión
La elección de Ecuador para albergar estas reuniones judiciales de alto nivel reviste una notable significación. El país ha enfrentado sus propios desafíos en el ámbito judicial, incluyendo fallas estructurales documentadas y amenazas directas a la seguridad de sus operadores de justicia, como lo evidencia una declaración de la UIM-IBA a principios de 2025 condenando un atentado contra la vida de un juez ecuatoriano. En este contexto, la decisión de acoger estos foros puede interpretarse como un gesto proactivo por parte de la judicatura ecuatoriana para interactuar con sus homólogos regionales, compartir experiencias y reforzar su compromiso con el fortalecimiento de su propio sistema judicial y el estado de derecho. Proporciona una plataforma tanto para mostrar esfuerzos como para buscar solidaridad regional.
La AEMAJ organizó el evento, que inauguró en la Corte Nacional de Justicia con discursos de figuras clave como el presidente de la Corte Nacional de Ecuador José Suing Nagua, la titular de la AEMAJ Karina Rodas Sánchez y el presidente de la FLAM Marcelo Gallo Tagle. El Dr. Suing Nagua remarcó “la importancia de discutir sobre la independencia y transparencia del Poder Judicial”.
La ceremonia incluyó un agradecimiento a las delegaciones, una actuación artística del grupo Dadá y un brindis oficial, con el respaldo cultural de Quito Turismo. Se invitó a los asistentes a “seguir las actividades programadas con espíritu colaborativo”.
Independencia judicial y unidad democrática
Un principio bajo presión
Rodas Sánchez subrayó que “la independencia judicial es un pilar irrenunciable de la democracia”. Este principio fue reafirmado por el Grupo IBA y la FLAM ante amenazas crecientes en la región. “Reivindicar la independencia en todo momento” fue una consigna reiterada, destacando que este derecho no es solo institucional sino también «un derecho de la ciudadanía».
Se hizo un llamado explícito a la unidad entre poderes del Estado para construir un diálogo constructivo y respetuoso, reconociendo que la fortaleza judicial requiere colaboración interinstitucional.
El imperativo de la independencia en un clima desafiante
Las declaraciones y debates en Quito subrayaron repetidamente que la independencia judicial no es un mero principio abstracto, sino una necesidad cotidiana que debe ser activamente «reivindicarla en todo momento». Este lenguaje sugiere que la independencia judicial en América Latina se encuentra bajo una presión sostenida y evolutiva. No es un estatus asegurado, sino una condición que requiere una defensa y adaptación constantes. El hecho de que la FLAM fuera fundada en 1977 y que estos temas sigan siendo centrales casi medio siglo después, indica la naturaleza persistente de estos desafíos.
Walter Barone, quien presidió la FLAM entre 2018 y 2022, ya había advertido que «los principales desafíos de la FLAM pasan por continuar y profundizar las líneas de trabajo desarrolladas hasta el momento y por dar especial atención a las nuevas formas de ataques a la Magistratura». Es probable que este sentimiento haya permeado las reuniones de 2025, transformándolas menos en una celebración y más en un foro para la estrategia y el refuerzo de la determinación frente a estas amenazas.
Además, el discurso en Quito resaltó que «la independencia junto a la autonomía fortalece la justicia». Esta distinción es crucial: la independencia se refiere a la libertad de influencias externas indebidas en la toma de decisiones, mientras que la autonomía puede aludir a la capacidad institucional del poder judicial para gestionar sus propios asuntos (presupuesto, administración, etc.). Se desprende que una no puede ser plenamente efectiva sin la otra; los ataques pueden provenir de interferencias directas o del debilitamiento de la capacidad operativa del poder judicial. Es plausible que las discusiones hayan explorado ambas facetas de este binomio esencial.
Caso México: alerta por regresión democrática
Uno de los momentos más significativos fue la admisión por unanimidad de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) como miembro pleno de la FLAM. Este gesto de solidaridad regional se acompañó de una fuerte crítica a las reformas del gobierno mexicano, que “amenazan la independencia judicial” y promueven una elección popular de jueces, señalada como una “grave regresión democrática”.
Juana Fuentes Velázquez, directora de JUFED, sostuvo: “El primero de junio, los mexicanos iniciarán la pérdida de la defensa de los derechos humanos bajo un régimen autoritario”. La FLAM se pronunció en respaldo de los jueces mexicanos, advirtiendo que las reformas vulneran principios consagrados en convenciones internacionales.
Modernización tecnológica y ética judicial
Uno de los ejes centrales fue la transformación digital de la justicia. En colaboración con UNESCO, se realizó una capacitación sobre el uso ético de la inteligencia artificial en el ámbito judicial, basada en la Caja de Herramientas sobre IA y Estado de Derecho. La apertura estuvo a cargo de Marcelo Gallo Tagle y Tatiana Villegas, con formación impartida por el experto Juan David Gutiérrez.
La UIM y la FLAM destacaron que la modernización debe contemplar la equidad, la protección de datos, la reducción de brechas digitales y la prevención de sesgos algorítmicos.
Transparencia, confianza ciudadana y protección de jueces
La necesidad de “aprender a difundir lo que hacemos” y usar “un lenguaje claro que llegue a la ciudadanía” fue otra preocupación relevante. La legitimidad judicial debe construirse con transparencia y cercanía. También se discutió la protección física y psicológica de los jueces ante amenazas crecientes, como quedó claro en la declaración previa contra el atentado a un juez ecuatoriano.
Participación regional y liderazgo femenino
En su carácter de entidad miembro representante de la República Argentina, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) participó de la asamblea. El presidente de la AMFJN, Dr. Andrés Basso, realizó un informe sobre la situación del sistema judicial en el país y los desafíos actuales que se enfrentan.
Por otra parte, la presencia de Marcela Ruiz (presidenta de la FAM – Argentina) fue destacada. Además de exponer sobre la seguridad de los jueces, vacantes en justicias provinciales, reformas jubilatorias y falta de mujeres en la Corte Suprema, fue elegida Coordinadora del Grupo de Estudios sobre los Mecanismos de Selección de Jueces del Grupo IBA-UIM, para analizar los procesos de designación en América Latina, el Caribe y Europa del sur.
Resultados, documentos y camino a seguir
Se anticipan guías éticas sobre inteligencia artificial, recomendaciones sobre protección de jueces, y estrategias para fortalecer la independencia. La instauración del Premio Miguel Ángel Caminos simboliza la valoración de trayectorias que honran la justicia.
Se reconoció que cada país presentó un informe sobre su situación judicial, y que los intercambios fomentan la «inteligencia colectiva» ante amenazas transnacionales como el crimen organizado.
Las reuniones de Quito no fueron sólo protocolares. Representaron una reafirmación judicial regional ante un entorno desafiante. La admisión de Jufed, la formación sobre IA, y los discursos enfáticos sobre transparencia e independencia judicial revelan una comunidad judicial unida, adaptativa y decidida a “consolidar democracias sólidas, resilientes y cercanas a la ciudadanía”.
