La elección directa de jueces en México, promovida como un avance democrático sin precedentes, encendió las alarmas de especialistas y organizaciones civiles. En diálogo con El Observador USA, la analista Guadalupe González advirtió que se trata de un experimento institucional inédito, marcado por la confusión ciudadana, la baja participación y riesgos para la independencia judicial.
El 1 de junio de 2025, México marcó un hito al convertirse en el primer país en elegir a todos los integrantes de su Poder Judicial mediante voto popular. Esta reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, busca democratizar la justicia y combatir la corrupción. Sin embargo, ha generado controversia y escepticismo entre expertos y la sociedad civil.
La analista Guadalupe González, investigadora del Colegio de México, expresó en una entrevista con El Observador USA su preocupación por la implementación de esta reforma. Advirtió que el proceso electoral se desarrolla en un contexto de «desconcierto y mucha confusión», lo que dificulta que los ciudadanos voten de manera informada debido a la gran cantidad de candidatos y la diversidad de cargos a elegir.
González calificó la reforma como «el mayor experimento institucional en la historia política de México» y advirtió que, tal como está concebida, es difícil que funcione adecuadamente. No obstante, reconoció que el debate generado es positivo y consideró que este es solo un primer paso en un proceso que requerirá ajustes y construcciones futuras.
La reforma judicial de 2024, conocida como «Plan C», introdujo cambios significativos en la estructura del Poder Judicial. Entre ellos, la reducción de 11 a 9 ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal y su reemplazo por el Tribunal de Disciplina Judicial, y la implementación de elecciones populares para jueces y magistrados. Estas medidas han sido criticadas por diversos sectores que temen una politización de la justicia y la posible infiltración de intereses ajenos al sistema judicial.
La participación ciudadana en estas elecciones fue baja, con una asistencia del 13% del electorado. Además, se registraron denuncias sobre la presencia de candidatos con antecedentes penales o vínculos con el crimen organizado, lo que ha incrementado las preocupaciones sobre la eficacia y legitimidad de la reforma. Eso sin mencionar las campañas previas a la votación.
En resumen, tal como informó Quórum, la elección popular de jueces en México representa un cambio profundo en el sistema judicial del país. Si bien busca acercar la justicia al pueblo y erradicar prácticas corruptas, su implementación ha evidenciado desafíos significativos que deberán ser abordados para garantizar la independencia y eficacia del Poder Judicial.