La Justicia federal comenzó a juzgar a ex autoridades del INCAA y productores cinematográficos acusados de presunto fraude al Estado por más de 16 millones de pesos. Un intento de cerrar el caso mediante el pago del monto supuestamente desviado fue rechazado por el tribunal, que respaldó el impulso fiscal para llegar a juicio.
Lo que importa
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOF2) comenzó hoy el juicio oral y público contra los ex funcionarios del INCAA Liliana Mazure y Jorge Álvarez y los tres productores audiovisuales Pablo Rovito, Fernando Sokolowicz y Alejandro Tossenberger por el presunto delito de defraudación a la administración pública. Estos últimos en calidad de supuestos partícipes.
Ayer, en la víspera del inicio del debate, Rovito y Sokolowicz ofrecieron reparar el daño económico con el objetivo de evitar el juicio, invocando el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. El tribunal, sin embargo, rechazó el planteo, alineándose con la oposición del Ministerio Público Fiscal.
El Tribunal decidió «no hacer lugar al ofrecimiento de reparación integral del daño realizado por Pablo Luis Rovito y Fernando Rubén Sokolowicz y a la consecuente extinción de la acción penal solicitada a su respecto».
«Hacer lugar a la reparación ofrecida por los imputados, contrariando la oposición fundada de la acusación pública, atentaría contra la hermenéutica de las normas y resoluciones citadas», escribieron los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Rodrigo Giménez Uriburu, del TOF2 en la resolución a la que tuvo acceso Quórum
Al oponerse al pedido, la Fiscalía sostuvo que «los hechos de este proceso demandan la realización de un debate oral y público y no una solución alternativa» ante « un deber de cara a la sociedad de dilucidar la verdad, de un modo que con la reparación integral sería
imposible».
Contexto
El caso tiene su origen en convenios firmados entre el INCAA y productoras audiovisuales entre 2002 y 2013. Según el requerimiento de elevación a juicio, se investigó “la liberación indebida de pagos a productores por parte de las autoridades del INCAA, sin que se haya comprobado la efectiva progresión de la obra ni la pertinencia real o corrección formal de las rendiciones parciales”.
Uno de los convenios cuestionados es el del expediente 4395/04, vinculado a la serie Historia de América Latina. Allí, la productora Maíz Producciones SRL, de Rovito y Sokolowicz, habría recibido 1.600.000 pesos pero solo habría entregado 18 de los 63 capítulos comprometidos, según la acusación fiscal.
Ambos productores alegaron trato desigual respecto a otras productoras que resolvieron su situación de manera administrativa. “El INCAA nunca había dado respuesta a la propuesta de reformulación del convenio que presentaron el 26 de diciembre de 2013”, señalaron, agregando que en 2022 se emitió un informe que los desvinculaba de cualquier deuda pendiente con el organismo.
Pese a ello, el fiscal argumentó que el interés público prevalecía sobre la propuesta de pago, ya que el juicio permite esclarecer “quiénes efectivamente fueron beneficiados por dichas asignaciones” y garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales de lucha contra la corrupción.
Cómo sigue
Con la solicitud de reparación integral denegada, el juicio continuará su curso. El tribunal ratificó que el rechazo del fiscal era “suficiente y razonable para justificar su negativa al pedido” y, por tanto, resultaba vinculante para la justicia.
En las próximas audiencias se espera que declaren testigos, peritos y que se analicen los convenios firmados por el INCAA con diversas productoras.
