Junto a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, presentaron una propuesta ante el Consejo de la Magistratura para fijar estándares éticos en la Justicia. El documento también fue enviado a la Corte Suprema.
Con el objetivo de establecer reglas claras de conducta y reforzar la confianza ciudadana en el sistema judicial, el Colegio de la Abogacía de la Capital Federal junto a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, avanzaron en la iniciativa para impulsar un Código de Ética Judicial a nivel nacional. La propuesta fue elevada al Consejo de la Magistratura de la Nación y puesta en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, recibió en la sede de la institución a la consejera del Consejo de la Magistratura, Jimena de la Torre, y a las presidentas de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Mariel Margarita Tschieder, y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Rosalía Silvestre.
“Es muy importante recuperar la confianza en la conducta de los jueces y de las juezas. Quienes desempeñan la magistratura deben tener un comportamiento ejemplar, austero, objetivo y modesto”, afirmó Gil Lavedra, al tiempo que remarcó la necesidad de evitar cualquier tipo de sospecha sobre la imparcialidad judicial.
La propuesta incorpora principios como “independencia, imparcialidad, honestidad y responsabilidad institucional”, explicó De la Torre. “El momento no puede ser más oportuno. Casos como el de la jueza Mackintach en la provincia de Buenos Aires, donde tampoco existe un Código de Ética vigente, muestran con crudeza lo que sucede cuando el sistema carece de límites claros y estándares compartidos”, remarcó la consejera.
Desde la FACA, Tschieder expresó su satisfacción por un proyecto que, en su visión, “abarca todas las aristas del servicio de la magistratura” y puede traducirse en mejoras concretas para la ciudadanía. Por su parte, Silvestri subrayó que se trata de una “asignatura pendiente” que “todos los ciudadanos esperan como respuesta”.
El texto firmado y remitido incorpora además previsiones sobre ética digital, protección de datos personales, interacción con medios y redes sociales, formación continua y mecanismos de evaluación y orientación ética. El documento fue enviado a todos los colegios de abogados del país, con el objetivo de consolidar un respaldo amplio y federal a la iniciativa, y difundir su contenido a nivel institucional.
