Elegido por unanimidad como presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el juez Roberto Falistocco reflexiona sobre los desafíos institucionales que enfrenta el Poder Judicial en una provincia atravesada por el narcotráfico. Conocido como el “decano” -por sus 34 años de trayectoria en el máximo tribunal-, celebra la ampliación de la Corte y su renovación y plantea la necesidad de fortalecer el vínculo con la sociedad, cubrir las vacantes en el sistema judicial y avanzar hacia una reforma constitucional sólida.
Fue electo nuevamente por unanimidad como presidente de la Corte. ¿Qué significa para usted esta designación?
Un gran agradecimiento por la confianza de mis colegas. En nuestra Corte la presidencia se renueva cada año. Como hay ministros tanto de Santa Fe capital como de Rosario, se rota: un año la preside un ministro de una ciudad y al siguiente, de la otra. Este sistema me parece muy sano. No sé si un año es mucho o poco, pero lo importante es que la renovación existe. Cada uno aporta su impronta. Las políticas son siempre consensuadas, nadie actúa en soledad, pero cada presidente deja su estilo.
¿Cuál diría que es su estilo?
Soy de perfil bajo. Hablo poco. Organizamos conferencias y actividades para que la ciudadanía conozca el trabajo del Poder Judicial, pero personalmente no suelo tener muchas apariciones públicas. Sin embargo, reconozco el valor de la comunicación. Me parece que hay formas institucionales de transmitir sin que necesariamente sea el Presidente quien hable en nombre del Poder Judicial.
Además de presidir la Corte, este año también le toca asumir un rol clave en el Tribunal Electoral. ¿Qué representa eso?
Una gran responsabilidad. Y sinceramente, es una tarea que no debería estar a cargo de la Corte. El Tribunal Electoral debería funcionar como un órgano autónomo, y la Corte intervenir sólo como instancia revisora ante situaciones de gravedad institucional.
¿Ustedes ya han propuesto esa reforma?
Sí, hace muchos años enviamos un proyecto a la Legislatura para crear un instituto electoral independiente, pero no prosperó. No sé si fue por desconfianza o por falta de voluntad política, pero seguimos insistiendo: no es lo mejor que la Corte esté involucrada en el fragor de las campañas y en la resolución diaria de conflictos electorales.
¿Piensa impulsar ese proyecto nuevamente desde la Presidencia?
Es una idea que siempre ponemos sobre la mesa. Lo reiteramos en cada oportunidad que tenemos.
Este año también se produjo una modificación importante: la ampliación del número de ministros de la Corte. ¿Qué impacto tuvo?
Sí, fue un cambio muy esperado. Durante mucho tiempo funcionamos con seis miembros, y eso traía muchos problemas: el número par implicaba la posibilidad de empates, y para desempatar debíamos convocar a un camarista. Eso atentaba contra la seguridad jurídica. Un mismo caso podía resolverse de forma distinta según quién integrara transitoriamente la Corte.
¿Era una situación frecuente?
Sí, se dio en muchos casos importantes. Por eso insistimos tanto en ampliar el número. El año pasado finalmente se sancionó la ley que elevó a siete el número de ministros. Personalmente, me parece un gran avance. Estoy muy entusiasmado. Son personas comprometidas con el trabajo y con mejorar el servicio de justicia.
¿Y cómo está funcionando esta nueva conformación de la Corte?
Muy bien. Ya están integrados al trabajo cotidiano. Siempre digo que una Corte debe tener dos grandes pilares: lo jurisdiccional, por supuesto, y también la generación de ideas para mejorar el sistema judicial. En ambos aspectos estamos avanzando bien.
¿Cómo evaluaría el estado actual de la justicia en la provincia?
Si uno lo analiza desde la mirada externa, somos parte de un poder del Estado que, como todos los poderes democráticos hoy, enfrenta cuestionamientos y un grado de insatisfacción social palpable. Algunos gobiernos lo sufren más, otros menos, pero el malestar existe.
¿Y el Poder Judicial no está exento de eso?
Claro que no. Lo primero que debemos hacer es asumir esa realidad. No esconderla. Ser conscientes de dónde estamos parados. Luego, tener ideas para cambiar y, finalmente, voluntad para llevarlas adelante. Y cuando digo ideas, me refiero a cómo mejorar nuestro servicio en todos los fueros.
¿Considera que esa insatisfacción tiene que ver con la creciente litigiosidad?
En gran parte, sí. Hoy todo termina en la Justicia. La frase más escuchada es: vamos a la Justicia. Y nos llegan conflictos que antes no formaban parte del ámbito judicial. Por ejemplo, derechos del consumidor, medio ambiente, violencia familiar.
¿Ese cambio tiene que ver con la expansión de derechos?
Por supuesto. Y eso está bien. Es el camino. Pero también nos exige más. Por ejemplo, en los casos de violencia familiar intervenimos muchas veces con medidas urgentes. Pero las causas profundas que originan esa violencia no las puede abordar solo el Poder Judicial. Ahí hay una gran deuda de la sociedad civil y de la política.
¿Qué otros fueros están experimentando este crecimiento?
El fuero laboral. Está creciendo de forma exponencial. En parte, por cuestiones económicas, y en parte por temas como accidentes de trabajo, enfermedades laborales, empleo no registrado. Todo eso impacta en la demanda judicial.
Usted mencionó antes la narcocriminalidad. Santa Fe es una provincia profundamente afectada por ese fenómeno. ¿Cómo lo están enfrentando desde el Poder Judicial?
Por suerte, hoy la Argentina en general tomó conciencia de lo que estaba ocurriendo en Santa Fe. Durante un tiempo fue un tema algo invisibilizado, como si no se asumiera la necesidad de abordarlo a nivel nacional. Pero eso cambió. Y desde la justicia provincial lo asumimos como corresponde.
¿Qué cambios concretos hubo en la competencia judicial?
Por ejemplo, el año pasado nos pasaron la competencia sobre narcomenudeo, que hasta entonces era exclusivamente federal. La justicia provincial asumió ese desafío y lo hicimos con los mismos recursos que ya teníamos.
¿Y eso no generó un colapso?
Hasta ahora no ha impactado en forma crítica. Obviamente necesitamos más personal en todos los fueros, pero hicimos una redistribución interna, capacitamos a los operadores judiciales y avanzamos. Lo mismo sucedió con otras reformas, como el juicio por jurados, que tampoco teníamos.
¿Eso también fue resultado de una ley reciente?
Sí, y también se disolvieron los colegiados en familia y en responsabilidad extracontractual, que estaban pensados como tribunales orales, pero en la práctica habían perdido esa dinámica. Hoy son juzgados unipersonales que mantienen la oralidad, que es algo a lo que apostamos con fuerza.
Hablaba de la oralidad como una apuesta fuerte del Poder Judicial. ¿Qué resultados ha dado hasta ahora en la provincia?
Muy buenos. Nosotros implementamos la oralidad civil primero por acordada, en un plan piloto junto con otras provincias. Y el año pasado, por suerte, se sancionó la ley que le dio respaldo normativo. Ya no es sólo una decisión de la Corte: es ley.
¿Y en la práctica qué cambió?
Muchísimo. Por ejemplo, un juicio civil que antes duraba cinco años, hoy puede resolverse en uno y medio o dos. Es una reducción de tiempos muy importante.
¿A qué se debe esa aceleración?
Principalmente que el juez asume un rol mucho más activo. Apenas se presenta la demanda y la contestación, y se ofrecen las pruebas, el juez convoca a una audiencia de conciliación. Si no hay acuerdo, ahí mismo define el plan de trabajo: ya leyó la causa, identifica dónde está el conflicto, qué pruebas son útiles y cuáles no. Esto implica más trabajo para los jueces y equipos pero también da respuestas más rápidas, más justas. La oralidad no es sólo una técnica, es un principio republicano: el juez ve a las partes, escucha a los testigos, interviene directamente. La justicia se vuelve más cercana y transparente.
¿Y cómo evalúa la implementación del sistema acusatorio a nivel federal? ¿Está funcionando como se esperaba?
Sí, aunque no tengo datos precisos sobre su rendimiento. Lo que puedo decir es que hubo un refuerzo en el número de jueces y funcionarios, lo cual era necesario. Pero también es cierto que muchas de las causas más complejas vinculadas al crimen organizado las terminó resolviendo la justicia provincial.
¿Por qué sucedió eso?
Porque los delitos más graves, como los homicidios, las extorsiones, los robos agravados, son competencia provincial. Mientras la justicia federal avanza con la investigación de delitos vinculados al narcotráfico, en muchos casos las condenas a las bandas criminales las terminan dictando nuestros jueces.
¿Qué rol tuvieron los fiscales en ese contexto?
Un rol inmenso. Nuestros fiscales trabajaron con muchísimo compromiso y coraje. Tuvieron que enfrentar causas de altísimo riesgo y lo hicieron con firmeza. Nosotros los acompañamos desde la estructura judicial, capacitándolos, reorganizando tareas. Pero el trabajo que hicieron, tanto fiscales como jueces, fue verdaderamente admirable.
¿Y qué opina de los casos menos felices dentro de la Justicia? Aquellos que empañan el trabajo de los buenos jueces, fiscales y defensores.
En toda organización siempre va a haber problemas. Nosotros sabemos que hay que revisar el régimen, pero lo cierto es que existe un Tribunal de Enjuiciamiento que funciona. Cada vez que se presenta una denuncia, el Procurador analiza si amerita o no convocar al jury. Cuando se trata de un caso relevante, el jury se ha convocado y ha resuelto. A veces a favor, a veces en contra, pero el mecanismo está en marcha. Lo que sí le puedo decir es que en esta provincia no se duerme: si hay una denuncia, se investiga. Podrá terminar en sanción o en el rechazo de la denuncia, pero no se mira para otro lado.
La falta de cobertura de cargos judiciales es una preocupación a nivel nacional. ¿Cuál es la situación actual en Santa Fe?
Hoy tenemos 97 vacantes sólo en cargos de jueces. Eso representa alrededor del 27% del total. Es una cifra muy alta, y sin duda impacta en el funcionamiento del sistema judicial.
¿Ese número incluye también fiscales y defensores?
No, sólo jueces. Estamos hablando de vacantes en fueros civil, laboral, penal, contencioso administrativo… todos. Y claro que eso afecta la calidad del servicio. No es lo mismo que un juez tenga a su cargo una sala completa a que tenga que cubrir tres juzgados.
¿Cómo está trabajando el Consejo de la Magistratura frente a esta situación?
El Consejo está trabajando, hay que decirlo. Hay concursos en marcha, exámenes tomados, entrevistas realizadas. Pero el proceso es largo, y con esta cantidad de vacantes va a demandar tiempo.
¿Y el vínculo con el gobernador Maximiliano Pullaro cómo es en este contexto de tanta demanda?
Cuando tuvimos la inauguración del año judicial el Gobernador estuvo presente. El clima fue bueno. Él ha expresado públicamente su mirada sobre la labor judicial y por supuesto tiene derecho a hacerlo. Forma parte de su rol político dar a conocer su opinión. Nosotros, por nuestra parte, seguimos con lo nuestro: somos conscientes de que tenemos déficits y trabajamos permanentemente para mejorar. Hacemos esfuerzos constantes en ese sentido.
Siempre vamos a destacar -como lo hacemos cada vez que podemos- la importancia de la independencia judicial, de la calidad institucional, del respeto al Estado democrático y al régimen republicano. También en lo económico: si se hace una inversión seria de capital, ahí veríamos realmente cómo funciona el Poder Judicial.
El tema de los recursos es fundamental, sobre todo considerando que hay que incorporar tecnología…
Sí, por supuesto. Justamente en el discurso del otro día abordamos ese tema en un capítulo aparte. Nosotros ya no podemos ignorar el tsunami que representa la inteligencia artificial. Eso sí, hay que entenderla como una herramienta. No reemplaza al ser humano, pero puede ayudarnos mucho. Ya la pusimos a disposición de los jueces: hay varias plataformas disponibles, y la más usada ha tenido muy buena recepción. Muchos jueces manifestaron su interés en utilizarla, y estamos avanzando con los cursos de capacitación para que puedan hacerlo.
¿El sistema informático responde adecuadamente a esta demanda creciente?
Funciona pero siempre hay cosas para mejorar. Nunca estoy plenamente satisfecho: creo que hay que ajustar permanentemente. Por eso mantenemos reuniones constantes con operadores, colegios de abogados y nuestro equipo informático. Escuchamos dónde están los problemas y buscamos soluciones.
Este año se comenzó a avanzar con una reforma constitucional en la provincia. ¿Está de acuerdo?
Sí. Nuestra Constitución de 1962 fue una muy buena Constitución, que perduró porque tenía algunas cláusulas muy sabias. Destaco, por ejemplo, el artículo 6 -que ojalá se mantenga-, que establece que todo derecho reconocido en la Constitución nacional es operativo directamente en la provincia. No se necesita ninguna ley para que los nuevos derechos consagrados en la Constitución de 1994 sean aplicables de manera directa a los habitantes de la provincia de Santa Fe. Eso fue lo que permitió que no se tuviera que hacer un ajuste. En casi todas las provincias hubo que realizar modificaciones cuando fue la reforma de 1994. Esa cláusula es algo que ojalá se conserve, porque uno nunca sabe hasta dónde puede llegar la evolución del derecho. Entonces, si en la puja por incorporar nuevos derechos algo se olvida, mientras se mantenga esa disposición, estamos bien.
¿Qué otros temas cree que deberían revisarse?
Hay varios. Uno de ellos es la autonomía municipal, que ya ha sido planteado en varios fallos de la Corte Suprema como una deuda que debemos saldar porque estamos en mora.
También se habla de la posibilidad de incorporar la reelección del Gobernador…
Eso ya entra en el terreno del debate político, no me corresponde a mí opinar. Pero está claro que la Constitución necesita actualizarse en algunos aspectos.
¿Y cómo ve el proceso hacia la reforma?
Hay un año para convocar a la convención constituyente, así que ese será el próximo paso. Será clave definir qué propuestas se pondrán en debate. Pero insisto: ojalá no se pierdan las buenas bases que tiene nuestra Constitución actual.
¿Cómo se puede modificar la percepción de la gente sobre la Justicia?
Nosotros entendemos que afianzar la Justicia es una tarea permanente. Es un mandato constitucional, está en el preámbulo. Y en esa tarea debemos trabajar los tres poderes del Estado. El juez, hoy, se ha transformado en una figura social muy observada. La sociedad espera que intervenga para recomponer aquello que está roto. Y eso, además de una gran responsabilidad, exige una actitud activa.
¿Y cómo influye eso en la imagen pública del Poder Judicial?
La mirada de la sociedad sobre nosotros se ha ampliado enormemente. Ya no se observa sólo si el juez resolvió bien un contrato o una hipoteca. Se nos mira desde muchos ángulos: el crimen organizado, el derecho ambiental, la violencia familiar, el consumo, la discriminación. Cada resolución tiene un impacto social enorme. Por eso debemos ser muy conscientes del lugar que ocupamos.
¿Qué tipo de juez cree que se necesita hoy?
Un juez comprometido, inquieto, que se siga formando, que entienda que los desafíos no son solo jurídicos. Me preocupa más el juez conformista, el que no quiere aprender nada nuevo, que no se interroga sobre lo que hace. Afortunadamente, veo una base humana sólida, una generación activa. Pero siempre hay que estar atentos.
¿Cree que la justicia puede ser motor de transformación?
La justicia no puede sola pero es un pilar fundamental. Debe mantenerse independiente, fuerte, accesible. Hay que sostener el diálogo entre poderes sin confundir roles. Cada uno tiene su función. Lo que no debe perderse nunca es la armonía institucional. El juez, en definitiva, es alguien que debe servir a la sociedad, no alejarse de ella.
