Una comisión de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que brinda el patrocinio jurídico gratuito a personas de bajos recursos, consiguió que un abusador serial de niñas sea desenmascarado y condenado a la pena de 20 años de prisión. En el juicio los docentes a cargo actuaron como querellantes y hasta debatieron en el aula los argumentos para la formulación de los alegatos. Además colaboraron para que la Policía detenga a un violador que llevaba más de dos años prófugo y pelean para conseguir la extradición de un extranjero acusado por amenazas y abuso sexual infantil. En la actualidad tienen más de 60 causas activas.
En un aula de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde habitualmente se dictan clases sobre garantías constitucionales y principios del debido proceso, un grupo de alumnos y docentes consiguió algo impensado hace no mucho tiempo: que un abusador serial de niñas sea desenmascarado y condenado a 20 años de prisión.
Es que cinco de las siete víctimas comprobadas por la Justicia fueron asesoradas y contenidas en el consultorio y patrocinio jurídico gratuito que ofrece la casa de altos estudios. Los docentes a cargo, además, actuaron como querellantes y hasta debatieron en clase los argumentos para la formulación de los alegatos.
La condena contra Isidro Alvarez, que hacía más de 30 años que trabajaba como encargado de un edificio del barrio porteño de Núñez, no sólo representó una victoria judicial, sino también un hito para el Centro de Formación Profesional, donde los estudiantes asisten a personas de escasos recursos que no pueden afrontar el costo de un abogado particular.
Actualmente, la Facultad de Derecho de la UBA cuenta con un Departamento de Práctica Profesional que ofrece cursos de grado regulares enfocados en brindar a los estudiantes de abogacía herramientas prácticas a través del sistema de Patrocinio Jurídico Gratuito.
Estas actividades se desarrollan mediante la atención de consultas legales, la representación y el acompañamiento de casos judiciales de personas en situación de vulnerabilidad, todo ello en el marco de un trabajo conjunto entre docentes y estudiantes. La materia es anual y se cursa en la etapa final de la carrera.
En particular, la Comisión 1309 del curso de práctica profesional se especializa en el patrocinio de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, así como de aquellos que han sido víctimas de delitos, actuando ante la justicia competente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este curso fue creado en 1999 por iniciativa de la profesora Mary Beloff, con el objetivo de vincular la teoría con la práctica en el ámbito de los derechos de la infancia, y fomentar una mayor incorporación de los estándares constitucionales y de derechos humanos en las decisiones judiciales.
En los últimos años, el curso ha estado a cargo de destacados docentes con trayectoria en el derecho penal juvenil, como Gimol Pinto, Martiniano Terragni y Diego Freedman. Actualmente, la comisión está dirigida por Walter Reinoso y María de los Ángeles Giménez, bajo la coordinación de Martiniano Terragni.
“Nosotros tenemos en la actualidad más de 60 causas activas en la cual se encuentran involucrados niños víctimas. En nuestra tarea diaria interpretamos y aplicamos normas referentes a la protección de la infancia, trabajamos en presentaciones utilizando el complejo concepto interés superior del niño y tutela judicial efectiva de los niños víctimas de delitos”, cuenta Terragni a Quórum.
“Dada la amplia trayectoria y reconocimiento del curso de la Universidad de Buenos Aires, nos parece relevante colaborar en el aporte de información respecto a la Interpretación del proceso judicial a través del Juicio por Jurados y su deber para con niñas víctimas”, amplía.
Requisitos para la atención
Para acceder al servicio de patrocinio jurídico gratuito que ofrece la UBA, es necesario que la persona solicitante acredite carecer de recursos económicos suficientes y no estar en condiciones de afrontar los honorarios de un abogado particular matriculado.
Asimismo, deberá asumir el compromiso de asistir a todas las audiencias del proceso judicial y presentarse en la comisión cada vez que sea citado. Cada comparecencia, así como las eventuales inasistencias, serán registradas por escrito. También se espera que el consultante gestione por sí mismo, o a través de un tercero, cualquier diligencia que deba realizarse fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El beneficiario del patrocinio deberá además hacerse cargo de los gastos que pudieran surgir durante el trámite del expediente. No obstante, en la práctica, tanto estudiantes como docentes suelen afrontar estos costos en aquellos casos en los que los consultantes no pueden asumirlos, o cuando la demora en el cumplimiento de ese compromiso pone en riesgo la continuidad del proceso judicial.
La persona deberá tener domicilio real en la ciudad de Buenos Aires o constituir uno legal en dicha jurisdicción a los efectos del proceso. Toda notificación recibida en ese domicilio deberá ser informada a su abogado patrocinante dentro de las 24 horas, dejando constancia escrita de ello.
El caso más impactante
El 26 de marzo pasado Isidro Alvarez, encargado de un edificio del barrio porteño de Núñez, fue condenado a la pena de 20 años de prisión por abusar sexualmente de siete niñas menores de 12 años, entre 1995 y 2019. La sentencia llegó cuatro años después de la primera denuncia que recibió el acusado.
Esa presentación judicial, que sumaría después otras seis víctimas más, se trabajó durante meses en la Comisión 1309 de Derecho Penal Juvenil del Centro de Práctica Profesional. Los alumnos, junto con el cuerpo docente, llevaron adelante la asistencia y defensa legal de las víctimas.
“Acá vienen víctimas con una mochila muy pesada que también buscan la sanación. Para algunas de ellas la sanación es poder hacer la denuncia y otras tienen que realizar el proceso de decirle al juez todo lo que les pasó”, cuenta Giménez, una de las docentes a cargo de la cursada.
“En el caso del portero pasó eso. Era una persona (por Alvarez) que abusaba de las niñas del edificio y cuando una de las chicas habló, empezaron a hablar todas porque había más niños dentro de ese edificio y todo fue como un efecto dominó”, amplió respecto al caso que trabajaron en la comisión.
Para Giménez el compromiso de los estudiantes fue clave para que el caso Alvarez llegara a juicio y a una condena ejemplar. “Acá lo que hubo fue mucho compromiso. Si nosotros estamos acá parados es por ellos, por los alumnos, por el compromiso que ellos tienen con las causas”, dijo. Y añadió: “Lo que yo siento con mis alumnos es que somos todos colegas. Yo estoy aprendiendo, a veces aprendo mucho de ellos, cuando debatimos y pensamos estrategias porque en la realidad los que llevan las causas son ellos”.
“Este caso fue el más importante de mi carrera. Me emociona decirlo”, confiesa con lágrimas en los ojos. “Nosotros le dimos acceso a la Justicia a una chica que venía a pedir ayuda y de golpe teníamos siete, ocho víctimas y nos encontramos con algo que ahí tuvimos que tocar en forma articulada. Trabajar con la Facultad de Psicología, porque yo no sabía qué hacer con las víctimas y fue muy difícil para mí eso y que hoy hablemos de una condena es muy gratificante por todo el proceso que vivimos”, destaca.
El impacto emocional que implica acompañar a las víctimas de abuso no es fácil. “Nosotros somos quienes estamos acompañando ese tránsito. No somos psicólogos, pedimos ayuda a los servicios sociales y psicología, y acompañamos en ese proceso que es tan doloroso”, explica.
Ese acompañamiento se extiende a otras áreas de la universidad pública: “Sin querer nos apoyamos un montón en el servicio social de la facultad y en algunos casos utilizamos los servicios de la facultad de psicología de los consultorios del hospital de clínicas, y ese acompañamiento es fundamental”. En ese sentido, destaca que, a partir del año que viene la Facultad de Psicología tendrá un centro de Prácticas Profesionales de atención psicológica en la sede de Hidalgo.
Sobre la asistencia terapéutica, Santiago Flaherty, del gabinete psicológico del patrocinio de derecho de la UBA, explica que muchas veces el consultante “busca contención”. “Más allá de la cuestión jurídica, técnica, pericial o de intervención que podemos tener nosotros como psicólogos, me parece que también tiene que ver con una búsqueda de contención, que no necesariamente sea un problema psicológico en términos psicopatológicos. Sino simplemente hay veces que buscan ser escuchados. La persona sabe que el servicio social no va a solucionar simplemente su cuestión jurídica de cara a que nosotros no somos abogados, pero muchas veces poder ser atendido en algún espacio empieza a generar un alivio y ese alivio acompaña, genera la posibilidad de pensar el conflicto”, señala.
Respecto al caso puntual del portero, Giménez recuerda que “fue impresionante cómo las víctimas empezaron a venir acá pidiendo ayuda porque a una víctima le cuesta un montón sentarse y denunciar”. Para la docente a cargo de la comisión, cada paso en ese proceso tiene un costo emocional muy fuerte: “Es un desgaste no solamente el físico de ir, sentarse, molestar o molestarnos, sino el psicológico que sufre la víctima. Es un proceso interno que conlleva muchos años y nosotros le damos esa oportunidad para que la víctima pueda expresarse y hablar”.
Y agrega: “En el caso de estas chicas (las víctimas de Isidro) lo que generaron fue que de a poco empezaron a aparecer más casos. Me acuerdo que una de ellas no quería venir, tenía 16 años y le preguntó a su familia para venir acá y al final terminó viniendo porque necesitaba conocernos cuando supo que había más víctimas. Cuando se sienta la chica empieza a hablar de todo lo que había pasado y nos termina diciendo de golpe que se quiso suicidar fue terrible. Tuvimos que llamar al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, coordinar con otros organismos, articular con los consultorios psicológicos de la Facultad de Psicología que se encuentran a cargo de Graciela Paolocchi y la supervisión de la Profesora Paula Quattrocchi, y terminamos derivándola a un psiquiatra de otra institución”.
Por su parte, Virginia Badino, directora del Departamento de Práctica Profesional, subraya el valor de este espacio para quienes eligen el camino del derecho desde una vocación de servicio: “Uno se enamora del patrocinio porque el impacto es muy fuerte. Nosotros tratamos con un sinfín de vulnerabilidades que en otros ámbitos no se ven”. Y resalta cómo esa vivencia transforma también a los estudiantes:
“Tenemos esa oportunidad y cuando los alumnos empiezan a atender los casos reales se dan cuenta que no es lo mismo”.
Para Badino, el “caso vivo” marca una diferencia pedagógica fundamental: “Lo que tiene el caso vivo es que se siente a la persona. Primero, la dificultad y lo que los alumnos van aprendiendo a hacer, que es la pregunta, el encuadre jurídico, la deducción de la acción o las acciones que van a entablar. También las estrategias. Como ustedes los periodistas van descubriendo qué pasó, bueno eso también nosotros lo tenemos que hacer y enmarcarlo en lo que se llama el encuadre jurídico para ver cómo estamos legitimados para accionar legalmente, qué es lo que nos da fuerza para ir ante la justicia y poder hacer valer la decisión del derecho de esta persona”.
La directora destaca que se necesitan “muchos brazos, mucho personal idóneo en la interdisciplina”. “Para nosotros es fundamental y en la diaria articulamos constantemente con la Facultad de Psicología pidiendo asistencia”.
Otras causas
El caso de Alvarez es el que más repercusión mediática tuvo pero en esta comisión consiguieron también que la Policía detenga a un abusador que llevaba más de dos años prófugo y actualmente están peleando para conseguir la extradición de un extranjero que está acusado por el delito de amenazas coactivas y abuso sexual infantil.
La Facultad tiene también un convenio con el Centro de Justicia de la Mujer, que depende del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos. De allí provienen muchas de las denuncias que después trabajan en la comisión.
Gastón es uno de los alumnos que intervino con su grupo en un caso que sentó un precedente importante en el marco de una investigación que tiene como víctima a una adolescente que fue abusada por el hermanastro de su ex novia. Los padres de la joven se enteraron por un llamado de la Fiscalía de Instrucción.
En la testimonial a los padres les leyeron los derechos, pero no les dijeron que podían ser parte querellante en la causa e impulsar acciones, presentar pruebas y acusar. “Durante el proceso la nena no recibió tratamiento psicológico. Estaba mal y con ideas suicidas”, cuenta el estudiante de derecho.
“Cuando nosotros tomamos vista de la causa -explica la docente Giménez- advertimos la omisión y requerimos la posibilidad de ser querellantes, pero el planteo fue desestimado porque se había vencido el plazo. Nos rechaza el Tribunal Oral, el recurso de Casación por mayoría, un voto contra dos, pero seguimos insistiendo y los señores -por los alumnos- presentaron un recurso de queja, y finalmente, la Cámara de Casación terminó dándole lugar argumentando que hubo falta de tutela judicial efectiva por parte de los funcionarios que tomaron la denuncia”.
Otra causa fue la de una niña de 12 años que fue abusada por su hermanastro. Con el patrocinio jurídico de la UBA, la nena declaró en Cámara Gesell y la Justicia convocó a sus padres para informarles acerca del inicio del expediente y tomarles declaración. “La Cámara Gesell fue impactante porque ella parecía un hombre. Había cambiado su personalidad. Era como un chico. Ahí vimos como ella fue mutando su imagen desde chica», recuerda Giménez.
A fines de abril pasado el caso finalmente llegó a juicio y Gastón presenció la primera audiencia. “Para mí, desde mi corta o nula experiencia en un juicio, creo que ella pudo exponer todo lo que vivió. Lógicamente, la situación no ayuda porque está frente a tres jueces. Ella tiene 18 años, pero realmente la ves y es una nena. Yo tuve esa sensación. Por suerte, y cómo pudo, logró expresarse y ser escuchada”, cuenta a Quórum.
El alumno refiere que en el caso «se dio una situación muy atípica”. “El papá y la mamá estaban viviendo juntos cuando ella decide hacer la denuncia. No fue fácil para nosotros porque la denunciante estaba acusando al hijo de la mujer de su padre y con el que además convivía. Fue todo un tema esa denuncia para la familia. Cuando finalmente ella decide hacer la presentación judicial, la pareja del papá sale en defensa de su hijo y le empieza a decir a ella: ‘Le arruinaste la vida a tu hermano’, ‘cómo vas a denunciar a tu hermano, ‘por qué haces eso’ y cosas así. Y vivía con ella, con la madre».
La Comisión 1309 no sólo asistió jurídicamente a la víctima y a su padre, que impulsó la acción penal, sino que además colaboró en la detención del acusado cuando éste decidió profugarse. El caso -para los alumnos- se había transformado en una verdadera obsesión. En una búsqueda intensiva por redes sociales consiguieron dar con su perfil en Instagram, pero como la cuenta estaba cerrada crearon una falsa con la foto de una joven atractiva que sirviera como anzuelo. Y el prófugo picó.
“Vimos que estaba en una moto, pero no sabíamos dónde. Con la cuenta de esta chica le pedimos amistad y aceptó. Iniciamos una conversación y cuando pudimos determinar que se encontraba en la provincia de Formosa avisamos al tribunal y finalmente lo capturaron”, cuenta el alumno.
El año pasado la comisión trabajó el caso de una mujer que se encontraba en situación de calle y necesitaba ayuda. Llegó junto a su hija y así comenzó un largo proceso. El Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes dictó una medida excepcional porque la consultante había abandonado el hogar donde vivía, escapando de su ex pareja que la golpeaba.
“Empezamos a trabajar con ella junto al parador del Gobierno de la Ciudad”, cuenta Giménez. Pero un día su expareja logró ubicarla. “Nos cuenta que fue al parador a buscarla, la abusó y la golpeó con un machete. Son muchas cosas que están en investigación”, explica la abogada.
Gracias a la gestión del Departamento de la UBA, junto con la comisión de Derecho Civil del profesor Diego Alonso, consiguieron que la mujer fuera trasladada a un lugar cerrado para mujeres en situación de violencia extrema. “Ahí se trabajó un montón para que pueda tranquilizarse después de tantos meses, volver de vuelta a la vida normal”, comenta Giménez. En ese lugar, sólo tenía contacto con el equipo profesional y médico. Fue un tiempo de silencio y refugio. También de reconstrucción.
Con la ayuda del patrocinio, ella accedió a un subsidio habitacional y consiguió trabajo. “Pudo reinsertarse en la sociedad”, dice la docente a cargo de la comisión. Pero su situación sigue siendo delicada: “La semana pasada cayó con la noticia de que va a ser mamá otra vez y ahí estamos, acompañándola. Porque es una persona con mucha vulnerabilidad”.
Otra causa impactante que están siguiendo es el de una joven que durante toda la infancia fue abusada por su padre hasta quedar embarazada a los 12 años. “La madre le pidió que guarde silencio, que no exponga los hechos para proteger a su pareja. El hijo nació y tiene hoy de madre a su hermana y de padre a su abuelo”, intenta explicar Rodrigo, otro alumno de la comisión.
“Nosotros estamos llevando adelante la querella y la verdad es que es una situación espantosa, tanto para el niño como para ella. La víctima, para que se entienda un poco la dimensión del caso, no puede hablar con hombres por eso siempre la reciben nuestras compañeras del grupo”, cuenta. El acusado está detenido y en las próximas semanas comenzará a ser juzgado.