La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a dos altos funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por delitos de abuso sexual y violencia de género cometidos contra dos subordinadas en la Unidad 32 de Mendoza.
Lo que importa
El fallo ratifica la responsabilidad penal del ex director del penal, Gabriel Martínez Zanelli, y del subalcaide Carlos Maidana Mikunda, por abusos sexuales, hostigamiento y maltrato laboral en un contexto de violencia de género. La sentencia destaca la obligación del Estado argentino de prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, conforme a tratados internacionales.
Contexto
Los hechos ocurrieron en la Unidad 32 del SPF en Mendoza, donde dos mujeres denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales, amenazas, hostigamientos y maltrato laboral por parte de sus superiores. La investigación judicial determinó que Martínez Zanelli abusó sexualmente en tres ocasiones de una de las víctimas, aprovechando su posición de autoridad. Ambos funcionarios también incurrieron en actos de misoginia, discriminación y abuso de autoridad contra otra subordinada.
La Sala IV, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, rechazó los recursos de las defensas y confirmó las condenas:
- Gabriel Martínez Zanelli: tres años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para desempeñarse en fuerzas de seguridad, por abuso sexual agravado y incumplimiento de los deberes de funcionario público.
- Carlos Maidana Mikunda: dos años de prisión en suspenso y obligación de realizar capacitación en género, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El tribunal valoró los testimonios de las víctimas, declaraciones de testigos y peritajes psicológicos, resaltando la importancia de cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y violencia de género.
Cómo sigue
Con la confirmación de las condenas por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, se cierra una etapa judicial significativa en la lucha contra la violencia de género dentro de las instituciones del Estado. Este fallo sienta un precedente en la responsabilidad de los funcionarios públicos y la necesidad de erradicar prácticas abusivas en el ámbito laboral, especialmente en contextos de poder y jerarquía como el penitenciario.
La sentencia también subraya la importancia de la capacitación en género para prevenir futuros casos de violencia y garantizar un entorno laboral seguro y respetuoso para todos los trabajadores del sistema penitenciario.
