El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40 ordenó medidas cautelares millonarias en una causa que investiga una asociación ilícita por al menos 16 maniobras fraudulentas. Los implicados vendían inmuebles que nunca entregaban. Hay más de 100 causas acumuladas.
La jueza nacional en lo Criminal y Correccional Nº 40, Paula González, ordenó el embargo preventivo de 60 inmuebles y el secuestro de 17 autos en el marco de la causa que investiga una serie de estafas con la venta de viviendas “de pozo”.
La medida judicial busca asegurar el resarcimiento económico a las víctimas, que habrían sido engañadas mediante fideicomisos inmobiliarios manejados por una presunta asociación ilícita que operó durante más de una década en la ciudad de Buenos Aires.
La investigación, a cargo de la fiscal Mónica Cuñarro, con asistencia de la auxiliar Andrea Martínez y el apoyo técnico de las direcciones de Recupero de Activos (DGRADB) y de la Secretaría para la Investigación Financiera (SIFRAI), reveló que los bienes embargados pertenecen a cinco hombres procesados y a un entramado de sociedades que ellos mismos integraban: Induplack Fiduciaria S.A., Icons Tech S.A., Induplack S.A., Cotufin S.A. y Premium S.A.
El 26 de mayo pasado, González también ordenó congelar la cuenta bancaria de Induplack Fiduciaria S.A. y levantar los secretos fiscal, bursátil y financiero respecto de nueve personas físicas y 23 empresas, al tiempo que prohibió cualquier cambio en la composición societaria de dos firmas adicionales.
Para la magistrada, estas empresas fueron utilizadas como vehículos para delinquir, motivo por el cual los bienes inscriptos a su nombre pueden ser afectados, según el artículo 144 del Código Civil y Comercial.
Según la acusación, los imputados integraban una estructura criminal organizada y jerarquizada, que desde 2012 hasta mediados de 2024 desplegó maniobras defraudatorias a través de la venta anticipada de unidades inmobiliarias que nunca se construían ni se escrituraban.
Las víctimas, atraídas por planes de financiación accesibles, entregaban pagos o cuotas en concepto de preventa, convencidas de que recibirían una propiedad. Pero cuando vencían los plazos de entrega, las obras estaban inconclusas o abandonadas.
La fiscalía sostiene que, pese a haber recibido los fondos suficientes, los acusados desviaban el dinero hacia fines personales o hacia otros emprendimientos, generando perjuicios económicos y daños morales significativos. “Con esas preventas, Induplack Fiduciaria S.A. se aseguró la rentabilidad de cada proyecto, pero los fondos no fueron utilizados para la construcción”, señaló la jueza González al ordenar los procesamientos.
En mayo de 2023, tres de los involucrados ya habían sido procesados por siete hechos de desbaratamiento de derechos acordados, una figura que contempla fraudes sobre negocios inicialmente válidos. En agosto de ese año, fueron nuevamente procesados por siete estafas reiteradas junto al apoderado de la firma. En ese momento se dispuso un embargo por 190 millones de pesos.
La situación se agravó en abril de este año, cuando la jueza González procesó a los cinco implicados por asociación ilícita y 16 estafas reiteradas, con embargos que esta vez ascendieron a 905 millones de pesos. Además, se dispuso su inhibición general de bienes.
Desde diciembre de 2024, más de cien causas nuevas fueron abiertas contra los mismos imputados. Para el Ministerio Público Fiscal, esto confirma que la red de empresas creadas no sólo tuvo el objetivo de ocultar los beneficios del delito, sino también de garantizar su continuidad a pesar de las medidas cautelares que ya pesaban sobre ellos.