La jueza María Eugenia Chapero, integrante de la Cámara de Apelaciones de Reconquista y presidenta de la Red de Mujeres para la Justicia, analiza la discriminación estructural en el Poder Judicial, la necesidad de una Corte Suprema paritaria y la urgencia de garantizar la independencia interna de los magistrados. “Queremos mujeres idóneas, preparadas y comprometidas con los derechos humanos”, afirma.
Integrás la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista. Son pocas las mujeres camaristas en nuestro país…
Sí, está bien marcado el techo de cristal en el Poder Judicial. No tengo el porcentaje exacto, pero en primera instancia hay más mujeres que varones. A medida que se asciende funcionalmente (me gusta decir funcionalmente, no jerárquicamente), hay menos mujeres en las cámaras y en los supremos tribunales de provincia la paridad es una deuda. En la Corte Suprema de Justicia de la Nación también. En la segunda instancia no se llega ni al 30% de mujeres. En la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, no hay ninguna camarista civil mujer en el fuero provincial. En Rosario, sólo dos.
¿Y cómo fue tu llegada al lugar que ocupás hoy en la provincia?
No me gusta decir que fue sólo por esfuerzo. Esfuerzo hacemos todas. Estudiamos, nos preparamos, somos idóneas, muchas con posgrados y maestrías. Tengo una maestría en la Austral y una especialización en magistratura, pero no soy la única. Evidentemente, hubo un toque de azar. Objetivamente fue en 2010, cuando hubo una democratización del acceso al Poder Judicial en Santa Fe, durante la gestión del gobernador Hermes Binner. Ese gobierno socialista revolucionó el ingreso con un Consejo de la Magistratura transparente, alejado de la corporación judicial y de la política. Otra medida de transparencia era que los consejeros no fueran del lugar donde concursaba la persona. Ese Consejo estaba conformado por un representante de los colegios de abogados, uno del colegio de magistrados y uno de las universidades pero no tenían que ser de la circunscripción de Reconquista. Ellos proponían una terna al Gobernador, que debía elegir entre esas tres personas salvo que fundara su decisión. Así se acotaba el margen de discrecionalidad. Me presenté, quedé primera en la terna y así llegué. Puedo dar fe de que fue un proceso muy aséptico. Después se fue degradando un poco. Eso debería mantenerse para garantizar independencia. Pero volviendo a la pregunta inicial, hice muchos esfuerzos. Estudié en Rosario, con una hija, embarazada, tomando colectivos, dejando hijos. Pero, insisto, no soy la única. No creo en el liderazgo de las “abejas reinas” que dicen “yo llegué porque me sacrifiqué”. Todas nos capacitamos. Hay que modificar lo estructural para que el mérito se concrete y las idóneas puedan llegar. El mandato de paridad, de base constitucional y convencional, busca hacer operativo ese mérito. No es que no hay mujeres preparadas; es que opera el patriarcado, ese orden lógico, presente en las instituciones y en las mentes, que impide que seamos elegidas.
Decías que ahora el proceso ya no es tan aséptico. Además hay muchas vacantes en la provincia.
Sí. Hay un nivel alto de vacantes y una necesidad de rever desde la ley orgánica la distribución de juzgados. Hace falta un diálogo interinstitucional entre el Poder Judicial y el Ejecutivo para acordar una agenda común y distribuir juzgados según necesidades reales, no por decisiones políticas. Hay lugares con capacidad ociosa y otros sobrecargados. Se necesita racionalidad, con base en estadísticas y datos objetivos. Hay muchos juzgados vacantes, procesos de selección en curso, pero falta esa política pública seria.
¿Qué es la Red de Mujeres para la Justicia de la cual sos presidenta?
La Red de Mujeres para la Justicia es una asociación civil que nació en 2018, fundada por muchas que teníamos inquietudes, que queríamos ser consecuentes. Me gusta decirlo en inglés: we walk the talk, como que caminemos lo que pregonamos. Que el discurso de que no nos gusta el patriarcado, que venimos con el mandato transformador de modificar el status quo, que la discriminación es estructural, también lo vivamos internamente en la forma de gestionarnos y manejarnos en lo societario, que no sea una organización interna patriarcal, que haya unas que manden y otras que obedezcan, sino desde una horizontalidad hacia adentro. Y hacia afuera, que se pueda decir que trabajamos por una justicia transformadora.
¿Es un desprendimiento de AMJA (Asociación de Mujeres Jueces de Argentina)?
Sí, muchas venimos de esa asociación. A modo de ejemplo te voy a decir que en seis años yo soy la tercera Presidenta, porque son dos años y viene otra. Porque tenemos el entendimiento de que esa periodicidad hace a nuestra democracia interna, hace a que todas estemos aptas para ese lugar. La que viene pone su impronta, está preparada, y las demás acompañamos ese liderazgo. También es para desmoronar ese mito de que las mujeres son problemáticas, que no pueden gestar organizaciones sostenibles en el tiempo, democráticas. Nosotras somos una muestra cabal y lo hacemos desde una democracia interna también, y con un fuerte compromiso hacia el exterior. Esto de una justicia transformadora. Y creo que la decisión institucional que hemos tomado frente a la propuesta del Presidente de dos varones para ocupar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no nos quedamos solamente como testigos, sino que en este compromiso transformador dijimos: “Bueno, acá cogemos lucha”. No sólo desde el inicio impugnamos por la cuestión de género y como no fue tenida ninguna objeción por parte del Ministerio de Justicia, interpusimos un amparo colectivo por la paridad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa es una muestra de que nos interesa poder lograr transformaciones en la realidad.
No se quedaron sólo en la cuestión meramente discursiva, sino que se plantaron frente a la situación…
El amparo fue interpuesto con otras ONGs que nosotros valoramos mucho, que son Amnistía Argentina, CEJIL y ELA. La sentencia de primera instancia, que es muy dogmática y muy arbitraria, no le reconoce legitimación a ellas y solamente a nosotras. Entonces, a partir de esa legitimación que se le reconoce a la Red de Mujeres como representante de ese interés colectivo, seguimos adelante y hoy estamos, luego de la sentencia de primera instancia, por per saltum fuimos a la Corte porque consideramos que es una cuestión de gravedad institucional. Es algo que excede un interés de partes: hay un interés público y peligro en la demora, porque hay un proceso que, si bien ahora quedó trunco con el rechazo de los dos pliegos en el Senado, está latente. Por eso es que nuestra acción tenía tres pretensiones. Dos de ellas quedaron abstractas, pero una tiene suma potencia hoy. Una pretensión era declarar la nulidad de la propuesta del Ejecutivo; la otra, una cautelar de suspensión del trámite -cuando nosotros lo interpusimos estaba el trámite en el Senado porque habían sido enviados los pliegos- y la tercera es una sentencia exhortativa por parte del Poder Judicial al Poder Ejecutivo de turno de que se debe cumplir el mandato constitucional de paridad, porque CEDAW está constitucionalizada, y por el decreto Ley 222/03, que también es norma vigente en el ordenamiento jurídico argentino. Ese decreto ley también ordena al Presidente que, cuando proponga ministros para cubrir vacancias en la Corte Suprema, tendrá en cuenta la composición general de la Corte y, en la medida de lo posible, debe respetar una diversidad de género, de especialidad y de región. Por supuesto, tomamos el toro por las astas y decimos: “En la medida de lo posible”, cuando dice el decreto, la única interpretación constitucional posible es que en la medida que haya vacantes, no en la medida que haya mujeres idóneas. Porque esa interpretación es, primero, falaz, que no se ajusta a la realidad, y después, inconstitucional. Sería una interpretación que exacerba el estereotipo de que sapiencia e idoneidad jurídica es igual a varón. Nosotros el mandato de paridad de CEDAW lo entendemos que se desprende claramente de dos artículos: el mandato de paridad que los Estados partes tienen que cumplir. Decimos que el Presidente, todos los presidentes, tienen una facultad que es discrecional -ellos pueden elegir los nombres, por supuesto-, pero es una facultad reglada. Es discrecional pero reglada dentro de la Constitución, y la Constitución les manda, y el decreto también, que deben respetar un mandato de paridad. Ese mandato de paridad está claro en CEDAW, en el artículo 7 inciso b y en el artículo 5. El artículo 7 inciso b dice que los Estados partes tomarán todas las medidas necesarias a los fines de asegurar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los varones, su derecho a ocupar cargos públicos y ejercer funciones públicas en todos los planos gubernamentales. La foto de la historia de la Corte, que nos muestra que en 161 años ha habido 105 hombres y sólo tres mujeres, muestra un patrón histórico de discriminación estructural. No es que no haya habido mujeres aptas e idóneas, ni que no haya ahora. Eso nos muestra, patente, la existencia de un patrón histórico de discriminación estructural en perjuicio de las mujeres. Pero, a su vez, también CEDAW obliga -y a mí el artículo 5 me encanta y lo sé de memoria, aunque es largo- a los Estados a modificar los patrones socioculturales de conducta a los fines de la eliminación de los prejuicios y las prácticas basadas en una idea de inferioridad o superioridad de uno de los sexos, o una relación estereotipada de los varones en la vida. Entonces, ese mandato de modificar patrones socioculturales a fines de eliminar prejuicios y estereotipos de género, así lo dice. Nombrar dos varones, lejos de eliminar prejuicios, de modificar patrones socioculturales basados en la idea de inferioridad o superioridad, los exacerba, los robustece. No se cumple entonces el mandato fundamental de derechos humanos y en materia de género. No pueden borrarlo, aunque no les guste: deben respetarlo. Están obligados. Y bueno, nosotros como Red por primera vez hemos sido las mujeres del propio sistema de justicia quienes nos hemos plantado y que reclamamos dentro del mismo sistema del que formamos parte, que repare y subsane este incumplimiento o esta inconstitucionalidad.
¿Cómo evaluás la postura de las senadoras en el proceso de discusión legislativa de los pliegos?
Hicimos una campaña. Mandamos cartas a senadoras y senadores. Y cuando fui a hablar al Senado invitada a participar en unas jornadas que se hicieron a raíz de esto, llamé la atención a las senadoras, especialmente a las mujeres, porque creo que es un momento histórico. Que lo hagamos por nuestras hijas, por nuestras nietas futuras, por las chicas que están en las universidades. El mensaje simbólico y fuerte que les damos, que ese lugar de arriba también está reservado para ellas, que cuando se forman pueden aspirar al máximo lugar, que es para las mujeres, que la democracia exige que la sociedad esté representada en ese lugar. Muchas senadoras, incluso algunas que no se pronunciaron antes, fueron claras en el recinto. Hoy, la cuestión de género es un impedimento constitucional si no se respeta la paridad.
¿Y si el Gobierno ahora propusiera dos mujeres? ¿Basta con que sean mujeres?
Queremos que sean mujeres, sí. Pero nosotros creemos que hay que respetar la ley. Y la ley, el decreto 222, dice que debe ser una persona con trayectoria y compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos. Esas banderas no las podemos dejar de lado. Tiene que haber idoneidad, eso lo dice: idoneidad técnica para ese lugar, y un compromiso claro y real con los derechos humanos y los valores democráticos. Es decir, no pueden ser cuestiones menores, ni pueden ser mujeres que enarbolen políticas regresivas en materia de derechos humanos o de derechos conquistados por las mujeres, porque eso también hace a la institucionalidad, al respeto de la democracia y, finalmente, al respeto de la Constitución. Por eso, en eso hacemos una distinción. Nosotros queremos todo: queremos mujeres, tienen que ser mujeres, y, por supuesto, mujeres con la idoneidad técnica para ese lugar, mujeres preparadas. Hay un montón de mujeres en el ámbito, tanto como varones. Eso no me canso de repetirlo.
Dijiste en varias oportunidades que hoy hay dos vacantes pero bien podrían ser cinco mujeres las integrantes de la Corte.
Por supuesto. Que haya cinco mujeres en la Corte sería una reparación histórica a tantos años de discriminación estructural. Pero de todas maneras, con la paridad 50-50, nosotros no venimos a plantear ninguna cuestión de venganza histórica, pero sí creemos que mínimamente la paridad se impone. Así que eso: dos mujeres, y dos mujeres con los pergaminos en materia de derechos humanos y de valores democráticos, porque entendemos que los valores que hacen a la protección de las mujeres, de los niños y de las personas vulnerables tienen que ver con los valores democráticos y de derechos humanos.
¿Y cuál es el estado actual de la Causa?
La Corte Suprema nos ha brindado un silencio ensordecedor. El per saltum lo presentamos el 28 de agosto. Las ONGs más prestigiosas del país se presentaron como amicus: FACA, FAM, ADC, CELS, Amnistía,CEJIL, ELA… No hemos recibido ni el primer decreto. Es una negación de justicia. Si esto no avanza, las vías internacionales estarán abiertas. Lo único que pedimos es que se cumpla la Constitución. Que la Corte abra las audiencias públicas. No hay excusas presupuestarias ni de poder. Es sólo una sentencia exhortativa. Esperamos esa respuesta institucional.
¿Cómo evaluás hoy el Poder Judicial argentino?
Creo que la Ley Micaela y la capacitación en el Poder Judicial, en general, han tenido un fuerte impacto, sobre todo en materia de familia. Realmente hay vanguardia, mucho estudio y mucha preparación. Estoy rodeada de mujeres comprometidas, estudiosas, formadas, expertas. La Red es un semillero de expertas en todos los fueros: penal, familia, niñez, ejecución penal. Por eso creo que todavía falta que la sociedad perciba realmente ese cambio. También es cierto que, en este descrédito, hay muchas personas dentro de los poderes judiciales que no colaboran y que a muchos nos dan vergüenza. Estoy en una provincia complicada, y puedo tener muchos reparos también dentro de mi propia provincia. A veces me ruborizo por algunas decisiones que no me enorgullecen. No me gusta ser corporativa. Me gusta, sí, pensar que en materia de derechos humanos, de género y de familia hemos avanzado mucho, pero también reconozco que hay muchas cuestiones vinculadas a la corrupción, y que todavía falta lograr una verdadera independencia. La independencia judicial no solamente implica resistir los ataques de los otros poderes, sino también asegurarla internamente, dentro de los propios poderes judiciales, que son muy jerárquicos. Es importante que los jueces de primera instancia y los jueces de cámara tengan ese espacio de independencia sin ser sometidos a presiones internas. Al menos en la provincia de Santa Fe, donde yo estoy —en Reconquista—, puedo decir que no es nada fácil. Realmente veo las dificultades para mantener la independencia judicial. Sí, definitivamente.
¿Qué fue lo más difícil que te tocó?
No puedo darlo a luz, hay investigaciones en curso. Pero sí, ha sido difícil.
¿Y el caso más duro?
Uno reciente. Dos chicas entre 21 y 25 años reclamaban alimentos del padre. No lo veían hacía 15 años. En audiencia, hablaron con él. Fue muy emotivo. El foco no estuvo en los certificados, sino en la vivencia. La sentencia fue amarga: no se consideró acreditada la capacitación. Pero el padre ni lo cuestionó. A veces, las decisiones judiciales no reflejan la vivencia humana.
¿Otro ejemplo?
Un chiquito de cuatro años, nacido en pandemia, vivía con su madre y su pareja. No sabía que su padre biológico era su padre. Recibimos una sentencia que establecía un régimen comunicacional pero no había vínculo. Hicimos una audiencia, iniciamos un proceso de revinculación con psicólogos. Al año, el régimen fue propuesto por ellos mismos. Ahí se ve el fuero de familia como acompañamiento, no sólo como imposición.
Se dice que a los padres les cuesta más ejercer derechos en la Justicia. ¿Qué pensás?
Sí. Hay que eliminar estereotipos, como que las mujeres son las únicas cuidadoras. El niño no es propiedad de la madre. Los cuidados deben ser compartidos. Y eso es clave para terminar con las discriminaciones estructurales.
¿Cómo evalúas actualmente la aplicación de la perspectiva de género a la hora de juzgar?
Es el gran desafío. La Ley Micaela no debe limitarse a familia. La perspectiva de género (prefiero decir “conciencia de género”) debe atravesar todo el derecho. Me gustaría que sea algo natural, como la conciencia ambiental. Que los varones también vean que el patriarcado los oprime. Es un mandato constitucional que no puede retroceder.
