El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura convocó a los principales responsables de las oficinas judiciales de todo el país para alinear estrategias ante la implementación del nuevo Código Procesal Penal.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti, encabezó un encuentro con los titulares de las oficinas judiciales y funcionarios técnicos de todo el país para evaluar el funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF).
La reunión se realizó en el Salón Gorostiaga del Palacio de Justicia, en la Ciudad de Buenos Aires, y tuvo como objetivo fortalecer el rol de las oficinas judiciales como soporte operativo fundamental para garantizar la oralidad, la transparencia y la agilidad del proceso penal.
Participaron representantes de Salta, Rosario, Mendoza, Comodoro Rivadavia, General Roca, Mar del Plata y la Cámara Federal de Casación Penal, así como funcionarios de las cámaras federales de jurisdicciones donde el nuevo código comenzará a regir en breve: Bahía Blanca, Corrientes, Resistencia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el fuero penal económico.
Por parte del Consejo de la Magistratura estuvieron presentes el administrador general Alexis Varady, el director de Tecnología Hernán Rondinella y el equipo de Infraestructura Judicial. También participaron el secretario general Mariano Pérez Roller, y el secretario de Presidencia, Claudio Matías Posdeley.
Durante la jornada se abordaron temas centrales para el sostenimiento del nuevo sistema: unificación en la recopilación de estadísticas judiciales, criterios comunes de gestión por etapa procesal (garantías, revisión, juicio, ejecución), necesidades en recursos humanos e infraestructura, y el desarrollo de sistemas tecnológicos para el registro y desgrabación de audiencias.
Los funcionarios se comprometieron a trabajar en una agenda de audiencias y un servicio de interoperabilidad entre los Sistemas del Ministerio Público, de la Defensa y del Poder Judicial.
La coordinación institucional y el diálogo continuo entre jurisdicciones fueron señalados como condiciones necesarias para garantizar una transición sólida hacia el nuevo Código Procesal Penal Federal l. Para ello, se acordó mantener una red permanente de comunicación técnica, coordinada desde la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal.
