De qué se acusó a Cristina Kirchner en la investigación del caso Vialidad

La acusación en la causa Vialidad en su etapa de instrucción estuvo a cargo de los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. El 18 de diciembre de 2017 pidieron el envío del caso a juicio oral y reclamaron juzgar a la ya procesada Cristina Kirchner por administración fraudulenta y asociación ilícita.

Describieron lo ocurrido entre 2003 y 2015 como una compleja «maniobra delictiva» por parte de una asociación ilícita que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz.

Esa fue la acusación que llegó a juicio oral y fue sostenida por los fiscales ante el Tribunal Oral Federal 2 Diego Luciani y Sergio Mola.

La Corte acaba de dejar firme la condena por administración fraudulenta y la absolución por asociación ilícita.

Puntos principales de la acusación fiscal

Pollicita y Mahiques afirmaron que:

 “Se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.

Se imputó a Cristina Elisabet FERNÁNDEZ el haber tomado parte de una asociación ilícita, en calidad de jefe, junto con otros funcionarios de distintas reparticiones del Estado y como coautora de defraudación por administración fraudulenta, agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.

Cristina FERNÁNDEZ «una vez que asumió como presidente de la nación, tras mantener en sus respectivos cargos a los funcionarios que venían ejerciendo los puestos centrales en materia de obra pública vial —Ministro, Secretario, Subsecretarios y Administrador de la DNV—, promovió el direccionamiento de los fondos públicos hacia la provincia de Santa Cruz y la inobservancia de controles a las empresas de su socio comercial Lázaro Antonio BÁEZ».

«El camino que condujo a Lázaro Antonio BÁEZ desde su punto de partida -empleado público monotributista que forma una empresa aportando el 25% del mínimo legal posible- a su meta -empresario constructor, petrolero y hotelero, con activos multiplicados en más de 120 veces y una empresa vial con más de 1.700 millones de pesos en bienes- reconoce una sola causa eficiente, que no viene dada ni por su habilidad empresarial, ni por la suerte, como pretendieron señalar algunas de las defensas, sino que estuvo dada por su rol en la maniobra en cuestión como consecuencia de su vínculo con los ex presidentes Néstor KIRCHNER y Cristina FERNÁNDEZ».

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