Con la coordinación del procurador Julio Conte-Grand, se llevó a cabo una operación sin precedentes para combatir delitos sexuales contra menores en entornos digitales. La investigación arrojó 16 detenciones, el secuestro de cientos de dispositivos electrónicos y la identificación de 137 sospechosos en 21 departamentos judiciales.
El Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires coordinó un megaoperativo sin precedentes con 165 allanamientos en simultáneo en 84 localidades. Fue en el marco de la “Operación Protección de las Infancias V”, orientada a combatir delitos vinculados a la ciberpedofilia, el grooming y la distribución de material de abuso sexual infantil.
Los operativos fueron seguidos de cerca por procurador General Julio Conte-Grand y ejecutados por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, bajo la órbita de la Secretaría de Política Criminal, a cargo de Francisco Pont Vergés.
La estructura operativa se basó en siete nodos judiciales estratégicos, distribuidos en Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, Berazategui y Pergamino. Desde estos centros, fiscales y ayudantes fiscales especializados en delitos sexuales y cibernéticos coordinaron las acciones en 21 departamentos judiciales, con la participación activa de equipos locales.
El resultado fue contundente: 16 personas detenidas, 137 personas investigadas —126 varones y 13 mujeres, de entre 16 y 81 años— y 214 computadoras, 357 celulares, 350 dispositivos de almacenamiento y 129 elementos no digitales secuestrados. También se incautaron armas de fuego y drogas. Entre los investigados, hay nueve personas que trabajan en contacto directo con niños y adolescentes, y se detectó que 63 menores convivían con sospechosos.
Los allanamientos se concentraron en zonas clave como Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, La Matanza, Mar del Plata, San Isidro, San Martín, San Nicolás y Zárate-Campana, entre otras. En todos los casos, los delitos investigados incluyen desde la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, hasta el grooming y el acoso sexual digital, contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal.
La complejidad de la operación requirió la articulación de decenas de fiscalías y ayudantías fiscales especializadas, como la UFI Nº 22 de Azul (a cargo de Lucas Moyano), la UFIJ Nº 20 de Bahía Blanca (Rodolfo De Lucía), la UFI Nº 8 de Dolores (Walter Mercuri), y las unidades de Junín, La Matanza, Berazategui y Pergamino. Además, trabajaron más de 40 fiscales y ayudantes fiscales especializados, integrando una red inédita en materia de persecución penal de delitos sexuales digitales.
La operación también fue posible gracias a la participación determinante de fuerzas especializadas de seguridad, entre ellas la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, las divisiones de delitos cibernéticos contra la niñez de la Policía Federal y de la Ciudad, y las unidades operativas federales (DUOF) de Junín, Mar del Plata, Necochea y Pinamar. La coordinación entre fuerzas provinciales y nacionales fue otra de las claves del despliegue.