El juez federal de Rosario, imputado por los delitos extorsión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, no asistió a la audiencia convocada por la Comisión de Acusación. Envió un escrito de defensa y mantiene en suspenso su renuncia, que deberá ser aceptada por el Poder Ejecutivo.
El cuestionado juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, imputado por los delitos extorsión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, no se presentó este martes ante el Consejo de la Magistratura. En lugar de asistir, envió un descargo por escrito, en el marco del expediente 129/2024 que analiza su conducta como magistrado.
La Comisión de Acusación del Consejo había citado a Bailaque en los términos del artículo 20, que otorga la posibilidad de una defensa ante el cuerpo que puede terminar impulsando su destitución. Sin embargo, el magistrado eligió evitar el trámite presencial y mantener su estrategia de defensa escrita.
En paralelo, se convocó una nueva reunión de la Comisión para el jueves 19 de junio a las 10.30 de la mañana, momento en que se debatirá el avance del proceso disciplinario y las consecuencias de su inasistencia.
La semana pasada Bailaque presentó su renuncia al cargo. Lo hizo mediante un escrito que envió el martes 10 de junio al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. “Me dirijo a usted a fin de que, por su digno intermedio, se eleve mi renuncia al cargo de Juez Federal de Primera Instancia al Sr. Presidente de la Nación Argentina, Lic. Javier Milei, para que se haga efectiva a partir del día 1º de julio del corriente año”, notificó.
Según estipula la ley, la renuncia debe ser aceptada por el Presidente de la Nación para que tenga efecto. Si el Ejecutivo la rechaza, el juez continuará sometido al proceso disciplinario que podría culminar en un juicio político.
El juez federal enfrenta acusaciones por extorsión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La imputación más grave lo vincula directamente con personajes del narcotráfico rosarino, como Gabriel Mizzau y Esteban Lindor Alvarado, este último condenado por instigar un homicidio en 2013. En esa causa, Bailaque no se excusó a pesar de tener un conflicto de interés evidente: su asesor contable también trabajaba con empresas vinculadas a Alvarado y a su ex pareja, Rosa Capuano.
Otro expediente que genera sospechas involucra a las cooperativas Trabajos Portuarios Limitada de Puerto General San Martín y San Lorenzo, junto con una financiera cuyo titular, Fernando Whpei, mantiene una relación personal con el juez. Esa causa, que se originó en Campana, terminó curiosamente bajo la órbita de Bailaque tras una declaración de incompetencia territorial, maniobra que también está siendo investigada.
En 2019, el magistrado dictó el sobreseimiento de un empresario y un agente de bolsa que estaban bajo investigación, lo que derivó en una nueva acusación por abuso de autoridad y prevaricato.
La situación se agravó aún más el 26 de mayo pasado, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario le impuso 90 días de prisión domiciliaria. La medida no pudo aplicarse debido a los fueros judiciales que todavía ampara al magistrado. Sin embargo, si su renuncia se acepta, la prisión preventiva quedará habilitada desde el 1° de julio.
A la espera de la definición presidencial, el Consejo de la Magistratura sigue analizando los pasos a seguir. Si el presidente Milei decide no aceptar la renuncia, la Comisión de Acusación podrá continuar con el trámite disciplinario hasta eventualmente llevar al juez a un Jury de Enjuiciamiento.
