Nuevo Estatuto de la Policía Federal: inteligencia, ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial

Se oficializó este martes mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei. A partir de ahora, la PFA podrá realizar requisas sin la intervención de un juez, demorar hasta diez horas a personas que no acrediten su identidad y “realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales”.

Un decreto del presidente Javier Milei, publicado este lunes en el Boletín Oficial, introduce cambios sustanciales en la actuación de la Policía Federal Argentina (PFA). Uno de los puntos más controvertidos es que, bajo ciertos supuestos, la fuerza podrá realizar requisas personales sin necesidad de orden judicial, una práctica que hasta ahora estaba restringida por el Código Procesal Penal.

Según el nuevo estatuto aprobado por el Poder Ejecutivo, las requisas podrán llevarse a cabo sin intervención de un juez “respecto de personas, inspeccionando los efectos que lleven consigo, así como el interior de vehículos, aeronaves y embarcaciones” si se presentan cuatro condiciones: sospechas objetivas de ocultamiento de elementos vinculados a un delito, peligro de pérdida de pruebas, realización en vía pública o en operativos preventivos, y otros supuestos contemplados por la legislación vigente.

Estas modificaciones se inscriben en una reforma integral de la PFA, que pasa a tener como misión principal la investigación de delitos federales y complejos, con un perfil enfocado en el combate al crimen organizado. El estatuto, que reemplaza al histórico Decreto-Ley 333 de 1958, enfatiza un “modelo de policía de investigación proactiva” y delega al Ministerio de Seguridad la conducción política y estratégica del proceso.

Otro aspecto clave es que la Policía Federal queda facultada para desarrollar tareas de inteligencia criminal, siempre dentro del marco de la Ley 25.520. Esto implica que podrá obtener, reunir y analizar información sobre actividades delictivas que afecten la seguridad interior.

También se legaliza una práctica que ya venía siendo utilizada con escasa regulación: el ciberpatrullaje. El nuevo estatuto autoriza a la fuerza a “realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales”, como redes sociales abiertas y sitios web públicos, aunque se aclara que estas actividades deben respetar los derechos a la intimidad, libertad de expresión y protección de datos personales.

En cuanto a las detenciones, se mantiene la prohibición de arrestar sin orden judicial, salvo en casos flagrantes. Sin embargo, se incorpora una disposición que permite demorar hasta 10 horas a personas que no acrediten su identidad, con comunicación inmediata a un familiar o persona de confianza y sin que puedan ser alojadas junto a detenidos por delitos o contravenciones.

Además, la reforma establece que la PFA podrá actuar en jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en casos de urgencia o si la naturaleza del hecho lo justifica, dando aviso posterior a las autoridades competentes. También se autoriza a la institución a intercambiar información con policías extranjeras y a integrar equipos conjuntos de investigación con agencias nacionales e internacionales.

El rediseño incluye una reorganización estructural profunda: se crean superintendencias específicas para delitos federales, narcotráfico, operaciones especiales, y una nueva rama de agencias federales de investigación con alcance nacional. También se moderniza el sistema de ingreso, con un programa orientado a profesionales universitarios ya graduados, inspirado en modelos como el del FBI.

Con esta reforma, el Gobierno busca “modernizar y eficientizar la Policía Federal Argentina” y adaptarla a “las nuevas amenazas delictivas del siglo XXI”.

El decreto 383/2025 , firmado también por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sostiene que los cambios están amparados por la Ley de Bases 27.742, que otorgó al Ejecutivo amplias facultades delegadas. A partir de ahora, el Ministerio de Seguridad Nacional deberá implementar el nuevo estatuto y coordinar su aplicación a través de un programa presupuestario específico financiado por la reducción del ingreso de nuevos efectivos.

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