Por Mariano Vitetta*
El estado de la escritura en el contexto jurídico argentino es calamitoso. Estamos inmersos en una cultura jurídica en la que no se valora escribir bien. Y por “escribir bien” no me refiero solo a respetar las reglas léxicas, ortográficas y gramaticales del español, sino a escribir pensando en quién va a leer. Es una realidad que la destreza en la escritura no se valora en nuestro entorno. Por ejemplo, la mayoría de las facultades de derecho no enseñan a escribir; no consideran necesario formar a los futuros abogados en escritura. En los concursos para jueces, por poner otro ejemplo, no se evalúa la capacidad de escritura de los futuros jueces. Quizás esto suceda porque se considera que se aprende a escribir en la formación primaria y secundaria, pero la realidad es que escribir es una destreza que exige formación profunda, avanzada y continua. Es necesario que los profesionales del derecho argentino comencemos a valorar la buena escritura.
La propuesta del lenguaje claro es una invitación a escribir bien, a pensar en cómo expresarse para que pueda comprender del mejor modo posible el posible lector de cada texto. Esta postura frente a escribir implica conocimiento, formación y cortesía de parte de quien escribe. Escribir bien, pensando en el lector y cooperando para que pueda entender lo máximo posible, lleva más tiempo que volcar lo que a uno primero se le venga a la cabeza. En los últimos años, en el entorno argentino, han nacido brotes que permiten que nos entusiasmemos con un posible cambio cultural: el lenguaje claro entró en escena. Ya forma parte de los intereses declarados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Congreso de la Nación y de muchos gobiernos provinciales. Es necesario aprovechar el impulso y lograr un profundo cambio de cultura jurídica.
El cambio cultural que se requiere para que la claridad sea un valor cardinal en el entorno jurídico argentino es lograr que los profesionales del derecho se preocupen por la calidad en la escritura. La escritura de calidad debe ser importante. Debe ser un factor que podamos tener en cuenta para evaluar cuán bueno es un profesional. Para lograr este objetivo, es necesario que se convenzan los de arriba. Si bien el lenguaje claro, especialmente en el mundo anglonorteamericano, surgió como un movimiento de bases, de consumidores enojados porque no podían entender lo que el gobierno o las empresas les decían, hoy necesitamos que sean los que ocupan posiciones de poder quienes se sumen a las filas del lenguaje claro. Es necesario que los estudiantes de derecho y los recién graduados aprendan a escribir con claridad, sin duda, pero luego si sus futuros jefes no esperan una escritura pulcra y de calidad de ellos, de poco valdrá esa formación con la que, en el mejor de los supuestos, vendrán esos jóvenes profesionales.
El lenguaje claro es una exigencia para el Estado en una república democrática como la argentina. De hecho, puede afirmarse que la claridad es una de las exigencias del Estado de derecho. De ese modo, todo país que pretenda que su población viva en un Estado de derecho puede recurrir a las recomendaciones del lenguaje claro para acercarse a ese ideal de que todos los ciudadanos puedan conocer y comprender la ley, en el sentido más amplio del término. Los ciudadanos son titulares del derecho a entender y pueden hacerlo valer ante el Estado. La contracara de ese derecho, precisamente, es que el Estado está obligado a ser claro frente a sus ciudadanos. El lenguaje claro es una de las técnicas que permiten al Estado cumplir ese importantísimo derecho.
Más allá del argumento normativo de por qué el Estado debe prestar atención al lenguaje claro, conviene reparar en los argumentos de eficiencia que sustentan la idea de que el lenguaje claro sirve, es útil. Sirve para comunicar mejor, para que más personas entiendan lo que se les comunica y, también, para ahorrar dinero. Si el argumento normativo no resulta suficiente para los sectores no estatales, el crematístico sí debería ser una razón de peso para abrazar los principios del lenguaje claro. Los ejemplos abundan, pero quisiera mencionar uno de los explicados por Joseph Kimble en su ya clásico Writing for Dollars, Writing to Please. The case for plain language in business, government, and law. Allí cuenta la historia de una fabricante de computadoras estadounidense llamada Allen-Bradley Company. Las computadoras fabricadas por la empresa se vendían con un manual de uso. Además, la empresa tenía un centro de atención al cliente que recibía consultas. Cuando el centro de atención empezó a estar a tope de su capacidad, la empresa decidió reformar los manuales para que fueran más claros y, así, recibir menos llamados por teléfono. Después del trabajo conjunto entre redactores técnicos y especialistas en lenguaje claro, lograron sacar al mercado las computadoras con un nuevo manual, esta vez en lenguaje claro. El resultado fue palmario: una vez difundidos los nuevos manuales, la empresa pasó de recibir cincuenta llamadas por día a apenas dos por mes.
El lenguaje claro funciona, pero para poder disfrutar de sus beneficios necesitamos su adopción como parte de la cultura jurídica en la que estamos inmersos. En los últimos años han alzado la voz quienes esperan que el discurso del derecho se comunique con más claridad en diferentes entornos. Estos pedidos no llegarán lejos si los que están a cargo no se unen. Llegó el momento de lograr un cambio profundo en la cultura jurídica argentina: necesitamos que los jueces, los socios de estudios, los directores de departamentos de legales y los directores de las carreras de abogacía entiendan que los profesionales del derecho debemos escribir para que nos entiendan. Es momento de exigir lenguaje claro en los juzgados, en los estudios jurídicos, en las empresas y en las universidades. Si podemos aprovechar el impulso actual del lenguaje claro, lograremos que no se trate de una moda, sino de un profundo cambio cultural en la batalla contra la oscuridad jurídica innecesaria.
* Profesor y Director del Área de Lengua y Derecho de la Universidad Austral
