La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a 30 años de prisión contra un pastor acusado de estupro calificado, reducción a la servidumbre, privación ilegal de la libertad coactiva agravada, abuso sexual contra una menor y corrupción de menores calificada.
Jorge Antonio Torres fue detenido en 2013 tras ser denunciado por una chica de 18 años que, según dijo, logró escapar del lugar donde la mantenía cautiva y la forzaba a tener sexo con desconocidos, la golpeaba, le marcaba el cuerpo con un arma de filo e incluso la obligaba a tener prácticas zoofílicas.
El hombre decía ser pastor de los Testigos de Jehová. Apenas se conoció el caso, un grupo de jóvenes incendio y causó destrozos en la casa donde vivía el acusado, en la localidad bonaerense de Tapalqué.
En octubre de 2015, el Tribunal Oral Criminal 2 de Azul condenó a Torres a la pena de 15 años de prisión. Allí se reconstruyó que el captor y la adolescente se habían conocido por la iglesia. La víctima contó que la mantuvo secuestrada hasta que pudo escapar de una fábrica, adonde había sido llevada por el pastor para que limpiara.
Durante todo ese período, el hombre logró alejarla de su familia, separarla de todos sus vínculos y esclavizarla.
Además de golpes y maltratos, la joven aseguró que Torres la forzaba a mantener prácticas zoofílicas con dos perros de la casa y que elegía hombres de la calle y los invitaba a tener sexo con la chica.
Tanto la defensa como la fiscalía apelaron. La Sala III del Tribunal de Casación provincial confirmó la sentencia parcialmente y declaró procedente el recurso de la defensa (por la pena impuesta) y por la fiscalía (por la concurrencia ideal de algunos de los delitos) y devolvió el expediente al tribunal de original para fijar una nueva pena.
El Tribunal de Azul condenó al acusado a 30 años de prisión. La defensa apeló. La misma sala rechazó los planteos.
El condenado entonces llegó en queja a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires con un recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de la ley.
En marzo del 2022, la máxima instancia provincial lo rechazó. Fue así que buscó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara el caso, pero la presentación no cumplió con las formalidades de la acordada 4/2007 y fue ahora rechazada.