La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de un comisario retirado y lo procesó porque habría condicionado la firma de informes favorables a seis suboficiales que buscaban ascender a la compra de una pistola para su uso personal.
Lo que importa
La Sala II de la Cámara Federal porteña procesó al comisario M. D. S. por el delito de concusión, una figura penal que castiga al funcionario público que, abusando de su cargo, exige una dádiva a cambio de un acto propio de sus funciones.
El acusado, por entonces jefe de la División Belgrano Norte de la Policía Federal, habría exigido en 2020 la compra de una pistola Bersa 9 milímetros como condición para emitir informes positivos que permitieran a seis subalternos ser promovidos.
“Si querían ascender, debían comprarle dicha pistola”, fue el mensaje que, según la fiscal del caso Paloma Ochoa, el comisario transmitió a través de un cabo. Los testimonios recabados, la factura emitida a nombre del imputado y el registro del arma ante la ANMaC fueron considerados elementos determinantes para revocar su sobreseimiento y avanzar con el proceso.
Los hechos investigados ocurrieron en junio de 2020. El comisario S., en posición jerárquica dentro de la Policía Federal, habría utilizado su rol para condicionar los informes integrales de desempeño profesional que debían presentarse ante la Junta de Calificaciones.
La pistola Bersa, valorada por entonces en 24.500 pesos, fue adquirida con aportes individuales de aproximadamente 4.000 pesos por parte de seis suboficiales. La factura se emitió a nombre del imputado y el arma quedó registrada formalmente bajo su titularidad.
Según la acusación, varios de los afectados se sintieron coaccionados institucionalmente por la figura de su superior. Uno de ellos declaró que el comisario les advirtió: “Mirá que ya mandé el informe, así que fíjense, arreglen con los pibes, ya le dije a S., para que me compren el fierro”.
Otros testimonios mencionaron precedentes en los que suboficiales no ascendieron debido a informes negativos del mismo comisario, lo que consolidó el temor y la presión entre quienes estaban en condiciones de promoción.
Por su parte, la defensa sostuvo que se trató de un “regalo espontáneo” de despedida, sin relación con los ascensos, y que los testimonios fueron tergiversados. Sin embargo, la Cámara desestimó esta versión al comprobar que la exigencia sólo alcanzó a quienes estaban en condiciones de ser promovidos y ocurrió “en el mismo tiempo en que se elaboraban los informes”.
La resolución judicial considera que el comisario abusó de su rol jerárquico para obtener un beneficio patrimonial indebido y que sus requerimientos -aunque en algunos casos expresados de forma indirecta- coartaron la voluntad de sus subalternos. Así, determinó que los hechos encuadran en el delito de concusión previsto en el artículo 266 del Código Penal.
«La compra de una pistola para su beneficio personal- fue la condición para que éste brindara informes integrales de desempeño profesional favorables para sus ascensos ante la Junta de Calificaciones de la Policía Federal Argentina».
Resolución judicial.
Con el sobreseimiento revocado, se deberá decidir si se avanza con el envío a juicio oral del acusado.
La Cámara subrayó que no importa si las víctimas percibieron el pedido como una exigencia o un regalo: basta con que haya existido un requerimiento indebido por parte de un funcionario público en ejercicio de su cargo.
La decisión fue de los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.
