El gobierno uruguayo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo convocaron a expertos internacionales para debatir los desafíos institucionales del siglo XXI. En ese marco, referentes de Argentina, España y Colombia coincidieron en que Uruguay atraviesa una oportunidad histórica para crear un Ministerio de Justicia moderno, capaz de traducir derechos en políticas públicas y responder a amenazas transnacionales.
Tal como informó El Observador Uruguay se llevó a cabo este miércoles el seminario internacional Hacia un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Presidencia de la República. La apertura estuvo a cargo del presidente uruguayo Yamandú Orsi, quien respaldó públicamente la iniciativa. “Una justicia que funcione bien resuelve bastante mejor nuestros temas de convivencia”, afirmó, al destacar que el tema ya fue incluido en los programas de los partidos que competirán en las elecciones nacionales de 2024.
Desde la Presidencia también se insistió en que el futuro Ministerio no asumirá funciones jurisdiccionales, reservadas exclusivamente a los jueces, ni invadirá competencias de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. “Dentro de la Constitución, todo; fuera de la Constitución, nada”, enfatizó el prosecretario Jorge Díaz.
Un desafío y una oportunidad
Con un llamado a mirar hacia el futuro y dejar atrás las viejas estructuras institucionales, el ex ministro de Justicia de Argentina, Germán Garavano, afirmó que Uruguay tiene la oportunidad de crear un Ministerio de Justicia de “nueva generación”.
“Los desafíos que enfrentan nuestras democracias no están en el pasado, están en el futuro. En cómo damos respuesta a sociedades fragmentadas y complejas, con jóvenes que reclaman un nuevo contrato social”, sostuvo Garavano, quien integró el gabinete de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.
Durante su exposición, el ex funcionario destacó que, incluso tras la fuerte reducción de carteras implementada por el actual presidente argentino Javier Milei, el Ministerio de Justicia fue mantenido por su rol clave en la articulación del Estado. “Tiene una función institucional, de diseño de políticas públicas y de traducción entre lo judicial y lo político”, explicó.
Además, subrayó el papel estratégico que puede cumplir una cartera de Justicia como facilitadora en mesas interinstitucionales contra el crimen organizado y en el manejo de litigios internacionales, como ocurre con la Procuración del Tesoro en Argentina.
“La justicia no da rédito político, pero sí humano”
La ex ministra de Justicia de España Pilar Llop sumó una advertencia basada en la experiencia europea: “Cuando el Ministerio de Justicia se combina con el del Interior, la Justicia siempre sale perdiendo”. Llop remarcó la necesidad de que esa cartera esté orientada a garantizar derechos humanos y no a responder a lógicas de control o seguridad. “No es una cuestión de rédito político, sino de rédito humano”, sentenció.
La jurista española también se mostró sorprendida de que Uruguay aún no cuente con un Ministerio de Justicia y valoró el nivel del debate actual como una oportunidad para posicionarse como modelo en la región.
Crimen organizado: una amenaza local y transnacional
Por su parte, la colombiana Ana Linda Solano alertó sobre la expansión silenciosa del crimen organizado en territorios considerados estables y la necesidad de instituciones modernas que puedan responder de forma coordinada. “Uruguay es un país atractivo para formas no violentas de criminalidad que con el tiempo pueden volverse violentas. Es el momento justo para anticiparse”, expresó.
Solano explicó que un Ministerio de Justicia debe encargarse de “coherenciar” la oferta estatal en materia de justicia, desde la gestión penitenciaria hasta la cooperación internacional. “Cuando todos son responsables, nadie lo es. Por eso es clave que exista una institucionalidad clara que rinda cuentas y articule políticas”, sostuvo.
Apoyo político y mirada regional
La representante del PNUD, Paloma Morazo, y la directora regional para América Latina y el Caribe del organismo, Michelle Muschett, coincidieron en que Uruguay se encuentra ante una “oportunidad única” para transformar su sistema de justicia de forma participativa, moderna y orientada a derechos.
También participaron del encuentro el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Santiago Pereira Campos; el ministro del Interior, Carlos Negro; el director general de la Presidencia, Diego Pastorín, y otras autoridades nacionales.
Un puente hacia el futuro
La conclusión fue clara: Uruguay tiene ante sí una ventana de oportunidad para construir una institucionalidad que mire hacia adelante, aprenda de experiencias comparadas y aborde los desafíos contemporáneos de seguridad, acceso a la justicia y cooperación internacional.
Como resumió Garavano: “Tienen la posibilidad de crear un Ministerio de Justicia que sea un puente. Un puente hacia el Estado, hacia la ciudadanía y hacia el futuro”.
Crédito: PNUD Uruguay
