La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra Fernando Alfonzo, un agente penitenciario sentenciado a ocho años y medio de prisión por abuso sexual de una mujer con arresto domiciliario a quien debía controlar la tobillera electrónica pero extorsionó bajo amenaza de firmar informes desfavorables.
El máximo tribunal del país ratificó la condena a ocho años y seis meses de prisión contra Fernando Alfonzo, un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que abusó sexualmente de una mujer bajo arresto domiciliario, durante su labor como funcionario público.
Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal consideró “inadmisible” el recurso extraordinario presentado por la defensa y desestimó la queja aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, lo que dejó firme la sentencia.
Alfonzo, ayudante de tercera del SPF y parte en ese entonces del equipo técnico de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPBVE) del Ministerio de Justicia, había sido condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado.
La víctima fue una mujer de 43 años que cumplía arresto domiciliario por una causa de trata de personas.
El primer contacto ocurrió el 27 de febrero de 2019, cuando el agente concurrió al domicilio de la víctima para instalarle la tobillera electrónica, como parte de lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín. Se trataba de una medida humanitaria, ya que la detenida era madre de tres menores y presentaba problemas de salud.
Días después, el 2 de marzo, Alfonzo regresó al domicilio porque, según informó, el dispositivo había quedado mal colocado. Tras corregirlo, le propuso a la víctima caminar por el jardín, señalando que dentro de ese perímetro tenía libertad de movimiento. En ese contexto, le hizo insinuaciones inapropiadas, le preguntó si estaba sola y le aseguró que podía drogarse o tomar alcohol sin que se supiera.
Al día siguiente, volvió una vez más. Según las pruebas recogidas en el juicio, la extorsionó y obligó a subir a su vehículo, un Volkswagen Bora, donde la forzó a practicarle sexo oral bajo amenaza de elevar informes negativos que podrían perjudicar su situación judicial. Esa conducta se repitió en al menos tres ocasiones durante el mismo mes, bajo el mismo mecanismo de coacción.
La situación se volvió insostenible cuando una de las hijas de la mujer notó el cambio de actitud de su madre al ver llegar al agente y lo enfrentó directamente. “Ya se van a enterar de mí, ya van a ver lo que les va a pasar”, fue la respuesta del agresor, según consta en la denuncia.
Finalmente, la joven convenció a su madre de radicar la denuncia ante la justicia federal de Morón. Durante el juicio oral, el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín condenó a Alfonzo a ocho años y seis meses de prisión, inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en fuerzas de seguridad o policiales, y el pago de las costas del proceso. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por la defensa y confirmó el fallo.
Alfonzo intentó llegar a la Corte Suprema mediante un recurso de queja, pero el máximo tribunal lo desestimó sin siquiera tratar el fondo del asunto, aplicando el artículo 280, que habilita al tribunal a rechazar recursos sin expresar fundamentos cuando no se configuran razones que ameriten su intervención.
