La querella de la ex Primera Dama Fabiola Yáñez anticipa que respaldará la decisión fiscal de enviar a juicio al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género y amenazas y que también apuntará a probar acusaciones que podrían derivar en un pedido de condena de hasta doce años de prisión.
En lo inmediato, el fiscal federal Ramiro González incorporó al expediente la copia forense del peritaje al celular y la tablet de Alberto Fernández, última prueba realizada antes de dar por concluída la investigación y pedir opinión a las partes sobre su futuro envío a juicio oral.
Los próximos pasos
En lo formal, ahora la querella y la defensa tienen seis días hábiles para responder al pedido de la fiscalía y allí expondrán si están de acuerdo con avanzar a la próxima etapa de juicio que sentaría a Fernández en el banquillo de los acusados por primera vez en un caso de violencia de género donde se consideran probados tres hechos contra Fabiola Yañez, todo agravado por un contexto de abuso de poder y amenazas.
La querella de Yañez, quien reside en España, respaldará la decisión de enviar el caso a juicio, insistirá en que pueden probarse más hechos de violencia y agravarse así la acusación, que tiene un mínimo de 4 años y un máximo de 12 de expectativa de pena. En cualquier caso, son condenas que prevén prisión efectiva.
La intención sería pedir la pena máxima pero eso podrá concretarse recién al final del debate oral, en la etapa de alegatos.
Fernández está procesado por lesiones leves en dos ocasiones y una grave, todas agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género, con un embargo de diez millones de pesos. A lo largo de la instrucción, se tomaron diversas medidas probatorias para corroborar o descartar las acusaciones, entre ellas la entrega y análisis de una copia forense del teléfono celular y la tablet del ex presidente, dispositivos que fueron digitalizados e incorporados al expediente con sus claves de acceso.
En la resolución, el fiscal González destacó que se respetó el principio de igualdad de armas, incorporando diligencias solicitadas tanto por la querella como por la defensa. Al mismo tiempo, rechazó medidas que consideró inconducentes o revictimizantes, especialmente aquellas que pretendían citar como testigos a personas que no presenciaron hechos de violencia. “No se encuentran sometidos a comprobación los momentos en los que no ocurrieron los hechos, sino los momentos en los que se mencionaron que ocurrieron”, sostuvo el fiscal.
González también subrayó que la instrucción ha reunido todas las pruebas pertinentes y que cualquier medida adicional podrá ser propuesta en la etapa de juicio oral, conforme lo establece la jurisprudencia del fuero federal. Por eso, notificó a la querella y a la defensa, tal como ordena el artículo 346 del Código Procesal Penal, para que manifiesten si consideran cerrada la etapa o si requieren medidas adicionales antes de la elevación a juicio.
Si ninguna de las partes plantea objeciones sustanciales, la causa quedará en condiciones de ser elevada formalmente a juicio.
