La Justicia porteña responsabilizó penalmente a los administradores y a la médica por graves negligencias sanitarias ocurridas en abril de 2020, que derivaron en el fallecimiento de diez residentes por Covid-19.
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires condenó este lunes a los dueños de un geriátrico del barrio porteño de Belgrano y a una médica responsable por la muerte de diez personas ocurridas durante el primer brote de Covid-19 en abril de 2020.
El fallo, firmado por los jueces Juan Manuel Neumann, María Julia Correa y Norberto Circo, halló responsables a los imputados por los delitos de propagación culposa de una enfermedad peligrosa y contagiosa (art. 203 del Código Penal), en concurso ideal con violación de medidas contra epidemias (art. 205). La pena impuesta fue de dos años y seis meses de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación para los propietarios del Apart Los Incas, mientras que la médica fue condenada a dos años de prisión.
La investigación fue impulsada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, a cargo de Maximiliano Vence, tras una denuncia presentada en 2020 por familiares y vecinos. A partir de allí, el fiscal solicitó un allanamiento autorizado por la jueza Lorena Tula Del Moral, que se concretó con el apoyo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la Policía de la Ciudad.
Durante ese procedimiento se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, pendrives y documentos que permitieron reconstruir el estado del establecimiento y sus medidas sanitarias. También se incautaron registros médicos y administrativos vinculados tanto al personal como a los residentes.
El proceso judicial se desarrolló entre el 19 de mayo y el 30 de junio, en 15 jornadas de juicio oral en las que declararon más de 70 testigos, entre ellos ex empleados, familiares de residentes y expertos en salud pública. Las pruebas presentadas revelaron historias clínicas sin actualizar, ausencia de controles médicos adecuados y un incumplimiento generalizado de los protocolos sanitarios establecidos durante la pandemia.
La fiscalía demostró que las muertes podrían haberse evitado si se hubieran cumplido las normativas de aislamiento, higiene y cuidado médico establecidas en ese momento por las autoridades sanitarias.
