El ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, alertó por la gravedad de la decisión de la jueza Preska que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF como pago parcial a Burford. Sin embargo, confía en que hay caminos jurídicos y políticos para evitar una cesión que violaría la ley argentina y socavaría la soberanía.

La reciente decisión judicial en Nueva York que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos litigantes liderados por Burford Capital reavivó viejos fantasmas: la fragata Libertad embargada, el default de 2002 y el peso de años de incumplimientos que aún cobran factura. Bernardo Saravia Frías, ex procurador del Tesoro durante la gestión de Mauricio Macri, lo describió sin rodeos: “Estamos ante una situación grave en este juicio pero no es una situación irremontable”.

Para el ex funcionario, el núcleo del problema no está sólo en el monto -un reclamo que saltó del 30% original de YPF a más de la mitad de la empresa, y que ni siquiera cubriría la sentencia completa- sino en el peligroso precedente de ceder activos estratégicos. “No alcanza. Se está pidiendo que se pague el 51% de las acciones de YPF por un reclamo que originalmente era sobre el 30%. Y es solamente un pago parcial”, subrayó en diálogo con el programa Cristina Sin Vueltas. A su juicio, la dimensión de lo que está en juego trasciende lo económico: toca la fibra simbólica de la principal compañía energética del país.

El derrotero que llevó a este fallo tiene raíces profundas. Saravia Frías repasó cómo el default “festivo” del 2002 bajo la efímera presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, seguido por los “incumplimientos seriales” durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, instalaron a la Argentina en la mira del tribunal que antes comandaba el juez Thomas Griesa y hoy continúa la jueza Loretta Preska. Según el ex Procurador, “cuando Griesa vio la contumacia de los incumplimientos, cayó en la cuenta de que tenía que hacer algo más grave, y ahí vino el embargo de la Fragata Libertad”. Esta última decisión, opinó, se enmarca en esa misma desconfianza hacia el país.

No obstante, el abogado advierte sobre serios vicios legales. “La decisión de la jueza es discutible porque interpreta de manera demasiado flexible su jurisdicción. Está pidiendo que se den en forma de pago acciones que no están dentro de Estados Unidos, sino en Argentina”, explicó. Para el ex funcionario, esto infringe principios básicos de derecho internacional, ya que el tribunal estadounidense carece de potestad sobre activos situados fuera de su territorio.

El argumento es doble: primero, un problema de localización. Las acciones están depositadas en la Caja de Valores en Buenos Aires, fuera del alcance directo de cualquier tribunal extranjero. Segundo, una vulneración directa de la legislación argentina. “La propia ley de expropiación de YPF establece que no se puede disponer de las acciones del Estado sin la anuencia expresa del Congreso con mayoría de dos tercios. Lo que la jueza está pidiendo es que se viole la ley argentina”, sentenció Saravia Frías.

En el plano procesal, el ex procurador destacó la urgencia de apelar. No sólo porque una cámara en Estados Unidos ya analiza el fondo del asunto, sino porque allí podría corregirse el cálculo de la sentencia, que usó un tipo de cambio inadecuado. “En vez del tipo de cambio de la fecha de la sentencia, tomó el del incumplimiento. Esa diferencia podría significar que en vez de hablar de 16.000 millones de dólares, estemos hablando de mucho menos”, detalló.

Por otro lado, rechazó de plano las negociaciones que los fondos demandantes buscan reactivar tras obtener el fallo favorable. “No se puede, legalmente no se puede. La ley de presupuesto en Argentina prohíbe acuerdos transaccionales sin sentencia firme. Además políticamente no conviene”, afirmó.

Consultado sobre la defensa argentina en este litigio, Saravia Frías fue categórico: “Por lo menos veo negligencia y mala praxis, que ya es preocupante. Nos está costando 16 mil millones de dólares más intereses y dolores de cabeza que impactan hasta en reestructuraciones de deuda”. Aunque evitó profundizar en teorías que vinculan a actores políticos o económicos con beneficios personales, admitió que “hay un hilo tenebroso detrás de toda esta historia”, en referencia a las condiciones en que los Eskenazi adquirieron YPF pagando con futuros dividendos.

La conversación viró inevitablemente a otro capítulo judicial clave: la condena firme por corrupción contra Cristina Kirchner. Para Saravia Frías, “es muy triste que un presidente sea condenado por corrupción, pero muy alentador que la justicia actúe de manera independiente. En términos de seguridad jurídica, es algo loable”, valoró.

Por último, apuntó a una solución interna que podría reforzar la posición del país: un gesto contundente del Congreso. Recordó el antecedente de 2004, cuando el Parlamento votó por unanimidad una ley para respaldar la reestructuración de deuda, y sugirió que algo similar podría enviar un mensaje potente a Estados Unidos. “Sería un enorme mensaje político y jurídico reafirmar las facultades del Congreso. Eso reforzaría el principio del international comity, la imposibilidad de Estados Unidos de entrometerse en asuntos internos”, explicó.

Así, Saravia Frías dejó una puerta abierta. Pese a la gravedad del fallo, considera que hay margen para revertirlo tanto en el plano judicial como político. La defensa de YPF, de su control estatal y del respeto a la soberanía legal argentina podría encontrar en la adversidad la oportunidad de un consenso nacional poco frecuente en estos tiempos.