A través de una carta enviada al Ministro de Justicia, el procurador interino Eduardo Casal alertó que las condiciones materiales y humanas del Ministerio Público Fiscal son insuficientes para el inicio del nuevo sistema procesal previsto para el 11 de agosto.
El procurador general interino, Eduardo Casal, envió una extensa y detallada carta al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, en la que advierte que la implementación del sistema acusatorio federal, prevista para el 11 de agosto en los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podría estar comprometida por serias deficiencias operativas.
Si bien existe un compromiso institucional con la reforma, las condiciones actuales del Ministerio Público Fiscal (MPF) distan de ser adecuadas para asumir las competencias que impone el nuevo modelo. «Es lo que debe suceder, pero no de cualquier manera y sin recursos porque este sistema así se cae. Los jueces tienen mucha menos responsabilidad en la diaria de construir el caso. Una cosa es el Poder Judicial y otra las quejas del MPF. Las dos muestran diferentes velocidades y compromisos», explican a Quórum.
En la carta, Casal señala que persisten carencias estructurales en infraestructura, personal, equipamiento, presupuesto y coordinación interinstitucional, lo que pone en riesgo la transición. “Los edificios donde hoy funcionan las fiscalías en cuestión, de por sí no resultan apropiados para el correcto desempeño del MPF en relación con sus tareas actuales”, advierte.
También destaca “la falta de espacios esenciales como salas de audiencia, atención a víctimas, áreas de espera y depósitos para pruebas” y subraya que la superficie disponible en las fiscalías es tres veces menor a la requerida: “Para alcanzar el estándar óptimo se requerirían 11.380 m² y hoy contamos con apenas 3.681 m² para 569 agentes”.
Para Casal “el término fijado para la entrada en vigencia del CPPF, de acuerdo con lo que se advierte, no es suficiente para llevar adelante las mínimas readecuaciones imprescindibles para su puesta en marcha” y agrega que “no contar con medios adecuados compromete directamente la eficacia de un cambio de ordenamiento ritual que exige tiempos, recursos y cooperación”.
En el escrito, el Procurador remarca que la transformación procesal representa un “cambio estructural y normativo de tal envergadura” que sin una transformación institucional integral del MPF “se verá directamente comprometida la eficacia misma del sistema”.“De no realizarse de la mejor manera posible -señala-, comprometerá la actividad de este MPF al punto de dificultar la persecución de los delitos que más afectan a nuestra sociedad en general, como son los de corrupción, narcotráfico, trata de personas, contrabando, evasión tributaria, lavado de dinero, entre otros”.
Sobre el déficit de personal, asevera que debe corregirse “la manifiesta asimetría entre la cantidad de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación respecto de aquellos que prestan funciones en el Ministerio Público Fiscal”. En números: “El PJN dispone de 71 jueces y 1.532 empleados; el MPF tiene 40 fiscales y 569 empleados”.
Casal también habla de los riesgos presupuestarios y recuerda que en una reciente reunión de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía se informó que “no se van a otorgar actualizaciones presupuestarias en el actual ejercicio” y, por el contrario, se pidió “un esfuerzo en reducir un 2,5% en los ya otorgados”. Frente a ese ajuste, alertó que “privar de recursos al MPF es privar o dificultar al Estado el recupero de muchísimos activos”, en relación con el dinero y bienes embargados en causas por corrupción, narcotráfico o lavado.
A su vez, remarca el impacto que tendrá la entrada en vigencia del CPPF sobre las investigaciones complejas en curso, muchas de ellas vinculadas a funcionarios públicos de alto rango. Y explica que “los casos demandan peritajes, traducciones, análisis de escuchas, investigación patrimonial, revisión de expedientes administrativos, entre otros elementos que requieren tiempo, formación y presupuesto. La producción de algunas de esas medidas de prueba queda a cargo del MPF, lo que implica una inversión de recursos que supera, o al menos pone en jaque, las posibilidades financieras del organismo”.
En cuanto a las capacidades técnicas, pide con urgencia la adquisición de licencias UFED y equipos de alta potencia para análisis informático, y critica que aún no se hayan asignado recursos para ello, pese a pedidos reiterados. “Los obstáculos a sortear para garantizar la adecuada instauración del nuevo modelo son de una magnitud notablemente superior a los afrontados hasta ahora”, refuerza en el escrito.
Casal refiere que el MPF efectuó múltiples pedidos de fortalecimiento institucional desde el dictado del DNU 188/24 y “aún no han sido resueltos”. “No se debe soslayar la cuestión relativa a la realización de los peritajes de acuerdo a la nueva reglamentación del CPPF en esa materia. Al respecto, se abandona la figura del perito de oficio tal y como lo regula el sistema mixto, en tanto desaparece la instrucción judicial. Al ser el MPF, entonces, el encargado de la investigación criminal, luce pertinente que sea quien cuente con cuerpos periciales
propios para poder realizar esa clase de medidas de prueba”, reclama.
En la actualidad, el PJN posee un cuerpo de expertos oficiales que conforman el Centro de Asistencia Judicial Federal (Cuerpo Médico Forense, Morgue Judicial, Cuerpo de Peritos Contadores, Cuerpo de Calígrafos Oficiales, Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, Cuerpo de Peritos Tasadores y Peritos y Martilleros de la Justicia Federal y Nacional), mientras que el MPF cuenta únicamente con una acotada planta de profesionales que integran la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y prestan asistencia y colaboración a todas las jurisdicciones del país.
“Por ello, y frente al nuevo rol que enfrentarán los fiscales, resultaría pertinente de manera preliminar propiciar el traspaso al menos
parcial de dichos especialistas a la esfera de este organismo, junto con las partidas presupuestarias pertinentes”, propone.
Casal concluye con un llamado al diálogo: “Le solicito tenga a bien remitir a este organismo un cuadro de situación y análisis que permita despejar o tener garantizado que, pese a las carencias apuntadas en las distintas notas y diagnósticos, estarán dadas las condiciones para poder comenzar la aplicación del nuevos sistema procesal el 11 de agosto próximo”.
