La Cámara Federal porteña declaró la nulidad de la inhibición general de bienes del ex presidente Alberto Fernández y los restantes acusados en la investigación por supuestos delitos con la contratación de pólizas de seguros mediante “brokers” durante su gobierno.
El Tribunal de Apelaciones instó a resolver con “premura” las situaciones procesales de todos los indagados en el caso. El ex presidente pidió ampliar su declaración indagatoria prestada en noviembre pasado y fue convocado por el juez federal Sebastián Casanello para mañana viernes 4 de julio a las 12 hs.
La nulidad de la inhibición de bienes alcanza a los demás acusados y personas jurídicas alcanzadas por esa medida, entre ellos el broker y amigo del ex presidente Héctor Martínez Sosa, su esposa y ex secretaria privada de Fernández, María Cantero y el ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano.
Los jueces de la Sala II del Tribunal de Apelaciones Eduardo Farah y Martín Irurzun declararon la nulidad del fallo que dispuso la inhibición general de bienes para todos y encomendaron “dentro de las posibilidades del juez actualmente a cargo del sumario, se emita con la mayor premura al alcance un pronunciamiento sobre la situación procesal de los indagados, una vez dadas las condiciones a esos fines”.
En disidencia el camarista Roberto Boico se mostró a favor de confirmar las inhibiciones de bienes.
La investigación está en la actualidad a cargo del juez federal Sebastián Casanello, quien quedó a cargo de subrogar el juzgado federal 11 este año. Con anterioridad el caso fue llevado por el juez federal Julián Ercolini.
Casanello ordenó nuevas medidas de prueba para profundizar la investigación antes de resolver situaciones procesales y mañana volverá a indagar al ex presidente junto al fiscal del caso Carlos Rivolo
Los camaristas reconocieron que el nuevo magistrado “asumió la tarea de intervenir en un caso complejo como éste”, que tramita en el juzgado federal 11 vacante desde el fallecimiento de su titular Claudio Bonadío.
Pero “a casi una año de revocada la anterior inhibición general que se había ordenado, la nueva imposición de idéntica cautelar obligaba fundar adecuadamente cuáles eran los motivos de urgencia que la habilitaban previo al dictado de un auto de mérito –y/o de otras medidas alternativas- cuya definición está pendiente hace varios meses”.
El Tribunal de Apelaciones hizo lugar así a planteos de las defensas
Los camaristas mencionaron que en febrero último concluyeron las declaraciones indagatorias -Fernández fue indagado en noviembre del año pasado- y aún “no fueron resueltas sus situaciones procesales”.
“Tampoco han surgido ni se invocan –antes o ahora- circunstancias que indiquen desplazamientos u ocultaciones de bienes u otras cosas vinculadas al objeto del caso”, concluyeron.
Fernández fue indagado el 27 de noviembre pasado, entregó un escrito y se negó a responder preguntas del juez Ercolini y del fiscal Carlos Rivolo
Terminadas las indagatorias, empezaron a correr los plazos legales para definir situaciones , es decir si se procesa a los acusados por “administración fraudulenta”, se dicta la falta de mérito y sigue profundizándose la investigación o se los sobresee.
Al inicio del caso, Ercolini dispuso la inhibición de bienes pero la Cámara Federal porteña dejó sin efecto la medida en ese momento. en abril pasado, Casanello la volvió a ordenar al entender que existe un estado de sospecha suficiente y era necesario tomar esa medida para impedir que se pueda “frustrar el cumplimiento de la sentencia”.
