Modernizar procesos, profundizar el control ético y garantizar el acceso real a la justicia fueron los ejes que atravesaron un congreso pensado para fortalecer la confianza pública en el sistema judicial.
San Juan se convirtió en escenario de un encuentro clave para la abogacía. Bajo el lema “Instituciones jurídicas en transformación. Nuevos desafíos para el ejercicio profesional”, el Congreso Regional “Abogados en Acción” reunió a más de 250 participantes en una jornada que combinó reflexión académica, diagnósticos críticos y proyecciones políticas.
Desde el inicio, el evento dejó en claro su impronta federal. Con el acompañamiento del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y de autoridades provinciales como la ministra de Gobierno Laura Palma, la secretaria de Relaciones Institucionales Claudia Sarmiento y el presidente del Concejo Deliberante de Santa Lucía, Juan Manuel Roca, el congreso reafirmó el compromiso de las provincias con la construcción de una justicia más moderna y accesible.
Orrego resaltó: “Para nosotros representa un privilegio recibir a Jimena de la Torre, a todo su equipo y, sobre todo, tener la oportunidad de escuchar. Porque de eso se trata este encuentro: de escuchar a este movimiento, Abogados en Acción, que viene a poner el foco en los nuevos desafíos que enfrenta nuestro sistema judicial”.
“Hoy vamos a abordar temas fundamentales como el impacto de las redes sociales en la justicia, el modelo acusatorio adversarial y el rol de los jueces en un esquema eminentemente oral. Sin dudas, se trata de una jornada que abre un amplio abanico de posibilidades, con la participación de abogados no solo de San Juan, sino también de distintas provincias”, agregó.
En tanto, Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación y una de las principales referentes de Abogados en Acción, destacó durante la apertura:
“La justicia no es un elemento aislado: es una infraestructura básica del desarrollo. Cuando funciona bien, impulsa inversiones, protege derechos y ordena el conflicto dentro del marco de la legalidad. Por eso, defender y modernizar la justicia no es una causa corporativa, sino una causa ciudadana y estratégica para el país”.
Además, la convocatoria contó con el respaldo expreso del presidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, quien envió un mensaje contundente:
“En tiempos complejos como los que atravesamos, resulta fundamental generar espacios de encuentro, debate y reflexión colectiva entre colegas de todo el país. La defensa de la abogacía, de nuestras incumbencias profesionales, de la Constitución Nacional y del Estado de Derecho requiere unidad, compromiso y acción coordinada. Este tipo de actividades fortalecen no solo a la profesión, sino también a nuestras instituciones democráticas. Celebramos profundamente esta convocatoria abierta, gratuita y federal, convencidos de que será un espacio de gran valor para todos los y las colegas. Reiteramos nuestro reconocimiento a la organización, y les hacemos llegar un cordial saludo en nombre del Colegio que representamos”.
La abogacía frente a la era digital: del Derecho 4.0 al compliance
El primer bloque temático estuvo orientado a explorar los impactos de la tecnología en la profesión. El ministro de la Suprema Corte de Mendoza Mario Adaro, reconocido por su labor en derecho digital, subrayó los desafíos que implican la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las nuevas plataformas para el litigio.
A su vez, la especialista en compliance Marcela Peltier planteó que “la tecnología exige rediseñar los estándares éticos, especialmente en contrataciones públicas e infraestructura, donde la transparencia y el compliance son ahora más relevantes que nunca”.
En ese mismo sentido, el panel sobre el rol de la abogacía en el sistema antilavado, moderado por Juan Sarmiento Porres, dejó frases contundentes. Mariano Federici, ex presidente de la UIF, expuso cómo los abogados pasaron de ser “sujetos obligados” a “actores clave en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, una tarea que redefine los límites del secreto profesional.
El “dinero bajo el colchón” y los nuevos paradigmas de control
Uno de los momentos de mayor interés estuvo centrado en el análisis del ARCA, la UIF y el nuevo régimen de compliance. El profesor Juan Cruz Cardoso junto a Juan Manuel Alvarado detallaron cómo las regulaciones buscan transparentar activos tradicionalmente opacos.
“La gestión tributaria y el compliance anti-lavado ya no son debates técnicos para especialistas: son una cuestión estratégica para el país, vinculada con el orden fiscal, la inserción internacional y la competitividad”, subrayó Cardoso.
El sistema acusatorio y la oralidad: un giro cultural en marcha
Durante la tarde, el congreso avanzó sobre uno de los ejes más sensibles: el impacto del sistema acusatorio en el ejercicio profesional. El panel encabezado por Martín Casares, ex secretario de Justicia de la Nación, analizó cómo la transición del expediente a la audiencia exige nuevas habilidades, desde el litigio oral hasta la gestión estratégica de pruebas.
El debate se profundizó con la mesa sobre “Experiencia Judicial en el Modelo Acusatorio”, donde jueces federales como Esteban Chervin, Leopoldo Rago Gallo y las juezas Maria Laura Farina y Eliana Rattá compartieron experiencias concretas desde San Juan. Allí se evidenció la necesidad de consolidar prácticas de oralidad, plazos razonables y decisiones fundadas que fortalezcan la confianza pública.
Finalmente, el cierre institucional a cargo de Mauro Vazón y Silvia Céspedes reafirmó el compromiso de la agrupación Abogados en Acción con “una justicia federal, moderna y cercana al ciudadano”.
Mirando hacia adelante: desafíos compartidos
El Congreso Regional en San Juan dejó como saldo no sólo una agenda intensa de ponencias, sino también el consenso sobre una hoja de ruta futura. Modernizar los sistemas procesales, profundizar el compliance, aprovechar la tecnología con un enfoque ético y garantizar el acceso real a la justicia aparecieron como puntos centrales.
“La transformación de la justicia no es sólo una tarea de jueces y fiscales. Es un proceso colectivo que involucra a los abogados, a los colegios profesionales y a toda la sociedad civil”, concluyó Céspedes.
En este sentido, “Abogados en Acción” proyecta continuar con estos encuentros en otras provincias, reforzando su presencia federal y su misión de impulsar debates estratégicos que trascienden la coyuntura política y apuntan a un cambio estructural del sistema judicial argentino.
