Durante dos intensas jornadas, magistrados de Comodoro Py observaron audiencias y debatieron con operadores locales sobre el sistema que agilizó la justicia penal en Salta. Ahora deberán trasladar esas lecciones a la complejidad porteña, de cara a la implementación del sistema acusatorio a partir del 11 de agosto.
Salta se convirtió en la primera jurisdicción del país en implementar el nuevo sistema acusatorio federal, una transformación estructural que ya muestra resultados concretos: más audiencias, causas resueltas en menos tiempo y mayor transparencia. En una visita que busca despejar dudas, jueces de Comodoro Py recorrieron la jurisdicción para conocer de cerca este modelo que podría marcar el futuro de la justicia penal en Argentina.
Con una transformación estructural sin precedentes, el Ministerio de Justicia de la Nación avanza en la implementación federal del sistema acusatorio en todo el país, una reforma procesal que busca agilizar, transparentar y modernizar el funcionamiento de la justicia penal federal.
Un cambio de paradigma judicial
El nuevo sistema, basado en el Código Procesal Penal Federal (CPPF), introduce oralidad, publicidad de audiencias y una clara división de funciones: los fiscales investigan y acusan, los jueces garantizan derechos y controlan legalidad. Adoptado en Salta y Jujuy desde junio de 2019, el modelo puso al Ministerio Público Fiscal en el centro de la acción penal, organizando estrategias y coordinando con fuerzas de seguridad, mientras la defensa pública accede a las mismas herramientas para garantizar un proceso equilibrado.
A nivel nacional, el Ministerio de Justicia impulsa un plan integral que incluye:
- Un cronograma progresivo por provincias (ya aplicado en Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Fe, entre otras). Mendoza (abarca Mendoza, San Juan y San Luis), Distritos de General Roca y Comodoro Rivadavia (Río Negro, Neuquén), Distritos de Mar del Plata y Bahía Blanca (incluye La Pampa), Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Corrientes y Resistencia, Rosario y su zona de influencia (Santa Fe, San Nicolás, Rafaela, etc.), y las Cámaras Federales en ciudad de Buenos Aires y penal económico, previsto para el 1º de diciembre y 11 de agosto de 2025. Se espera que el sistema acusatorio esté plenamente operativo en todo el territorio nacional para fines de 2026.
- Más de 120 obras de infraestructura para adecuar salas orales.
- Capacitación especializada con apoyo de organismos internacionales.
- Incorporación de inteligencia artificial y digitalización de expedientes.
- Coordinación con el Poder Judicial y Ministerios Públicos a través de la UNISA.
Salta: resultados concretos y un modelo replicable
En estos cinco años, la experiencia salteña demuestra que la reforma no es solo normativa, sino también operativa, tecnológica y cultural.
Acciones destacadas:
- Gestión digital del legajo penal: con talleres organizados por la UNISA y un Manual de actuaciones para fiscales y empleados judiciales.
- Monitoreo institucional permanente (Resolución PGN 45/24), con relevamientos para ajustar infraestructura y recursos.
- Interoperabilidad entre justicia, policía y penitenciarías: desde 2025, circulan digitalmente órdenes judiciales y legajos de detenidos.
- Registro de condenados y base genética: ampliado según Ley 26.879, mejora la calidad investigativa del sistema.
Cifras que respaldan la transformación
| Indicador | Antes del sistema acusatorio | Con sistema acusatorio |
| Resolución de causas | 15–43 % | 65–82 % |
| Duración promedio de causas | 430–587 días | 172–250 días |
| Salidas alternativas | 0,8 % | 4,7 % |
| Suspensión de juicio a prueba | 388–496 días | 200–260 días |
| Audiencias (2024 – primer semestre) | – | 1.487 realizadas |
| Duración promedio de audiencias | – | 31,6 minutos |
| Cierre de causas | – | 49,3 días |
Un nuevo estándar para la justicia penal
Con base en su experiencia, Salta se posiciona como un modelo federal de justicia penal moderna. El desafío ahora es consolidar este cambio a nivel nacional y asegurar que los logros obtenidos se traduzcan en un acceso más ágil, equitativo y eficaz a la justicia en todo el territorio argentino.
A fin de demostrar los beneficios del sistema acusatorio y su implementación en dicha provincia, durante lunes y martes se realizó una experiencia de “inmersión en la jurisdicción federal de Salta” de la que participaron 20 jueces de Comodoro Py, fiscales de Salta y otros representantes de la justicia: Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Mariano Llorens, Ariel Lijo, Sebastián Ramos, Sebastián Casanello, Alejandro Catania, María Eugenia Capuchetti, Marcelo Martínez de Giogi, Julián Ercolini, Eduardo Farah, Ricardo Toranzos (fiscal de Salta), Ana Clarisa Galán Muñoz (defensora de Salta), Sebastián Amerio (Secretario de Justicia de la Nación), María Florencia Zicavo (Jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia) y Alberto Nanzer (Subsec. De Política Criminal). De la Cámara de Salta estuvieron: Mariana Catalano, Alejandro Castellanos, Santiago French, Renato Rabbi-Baldi, Guillermo Federico Elías y Ernesto Sola Espeche.
La actividad -de la que también fue parte Quórum- se desarrolló a lo largo de dos jornadas, durante las cuales se visitó la Unidad de Defensa Acusatoria de la ciudad de Salta. Allí se abordó la experiencia del Ministerio Público de la Defensa en el contexto del nuevo sistema penal acusatorio, destacándose varios ejes relevantes:
- Transformación institucional y edilicia: Se expuso el traslado de las defensorías al nuevo edificio de la Cámara Penal, lo que implicó una reorganización del trabajo y una infraestructura pensada para brindar mejores condiciones de atención y privacidad, especialmente en las evaluaciones realizadas por el cuerpo interdisciplinario.
- Trabajo interdisciplinario en la defensa: Se subrayó la participación activa de médicos, psicólogos y trabajadores sociales que, como peritos de la defensa, actúan con responsabilidad y credibilidad profesional, elaborando informes médicos, psicológicos y sociales sin forzar conclusiones, en función de lo que objetivamente observan.
- Nuevo rol del asesor de menores: Se destacó la evolución hacia un trabajo sustantivo y activo del asesor, que dejó de ser meramente formal. Se compartieron experiencias en las que el asesor dictaminó incluso en contra de la propia defensa, priorizando la protección de los derechos del niño.
- Evaluación para medidas alternativas: El equipo interdisciplinario determina si corresponde solicitar medidas como la prisión domiciliaria, en base a factores médicos, sociales o familiares. Se recalcó que los peritos “no están para decir lo que conviene, sino para sostener profesionalmente lo que observan, aunque ello no favorezca la estrategia defensiva”.
Asimismo, se explicó que, aunque el asistido exija la presentación de determinados pedidos sin fundamentos sólidos, estos igualmente deben formalizarse. No obstante, se procura gestionar los casos evitando planteos innecesarios o que carezcan de legitimidad, promoviendo así un uso responsable del sistema.
Durante la actividad también se expusieron casos que dejaron al descubierto la vulnerabilidad de muchos imputados: personas con escasa comprensión, enfermedades graves o incluso víctimas que terminaron acusadas. Se subrayó la importancia de evaluar la capacidad cognitiva, el nivel real de alfabetización y el contexto geográfico antes de tomar decisiones procesales clave.
La Dra. Clarisa Galán Muñoz, presente en el encuentro, puso el foco en los retos del sistema acusatorio. Habló de la exposición, la oralidad y la contradicción que hoy dominan las audiencias, donde el defensor debe explicar y fundamentar sin el respaldo del expediente escrito. “Es un desafío profesional enorme”, reconoció.
“La credibilidad del cuerpo interdisciplinario es uno de los pilares más importantes de nuestra labor”, afirmó. Y marcó el contraste con el modelo anterior: “Con el sistema acusatorio dejamos de litigar las formas para pasar a litigar los hechos”.
Sobre la oralidad, fue clara: “Ya no hay expediente como respaldo. Hay que saber explicar y convencer. El informe solo no alcanza si no sabemos incorporarlo bien durante la audiencia. Esa es la gran diferencia”.
Muñoz celebró el cambio: “Hoy jueces, fiscales y defensores estamos cara a cara. Es un sistema más transparente, pero también mucho más exigente. Nos permitió ver, escuchar e intervenir. Es un verdadero cambio de paradigma en la forma de hacer justicia”.
Luego se recorrió la Unidad Fiscal Federal de Salta, que se consolidó como modelo de gestión eficiente en el nuevo sistema acusatorio. Su organización en “islas” de trabajo y una mesa de entradas ágil permiten procesar y distribuir causas casi en tiempo real, principalmente de forma digital. Desde la implementación del sistema el 10 de junio de 2019, los juzgados ya no intervienen en la etapa de investigación y todo el flujo de documentación se canaliza exclusivamente por la unidad fiscal.
El nuevo sistema impone una mayor exigencia probatoria a la fiscalía y ha generado audiencias más dinámicas y exigentes, donde los jueces dejan de ser meros validadores. Se prioriza la resolución temprana de conflictos: en los primeros 15 días se valora si corresponde archivar, desestimar o investigar, con control interno y notificación a las víctimas. Los casos complejos son derivados sin demoras, respetando los plazos.
Se destacó la recuperación de causas viejas: de unas 17.000 acumuladas, muchas se resolvieron por criterios de oportunidad o prescripción, y los tribunales orales redujeron su carga de manera drástica. También se logró intervenir eficazmente en delitos como el narcotráfico, profundizando las investigaciones.
El equipo trabaja de forma coordinada, con profesionales forenses cuando hay víctimas, incluso en contextos de encierro. El sistema permite actuar con rapidez ante detenciones, realizar audiencias incluso fines de semana y coordinar eficazmente entre jurisdicciones.
El Dr. Toranzos valoró el fuerte respaldo institucional y la colaboración entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, subrayando que este avance fue posible gracias al compromiso conjunto y el acompañamiento nacional.
“La experiencia demuestra que solos no se podría haber avanzado; fue clave el apoyo de todos los actores. Además, hubo reconocimiento y comprensión por parte de autoridades nacionales, lo que fortaleció aún más la motivación del equipo”, expresó con orgullo y satisfacción.
Mesa de trabajo interinstitucional sobre el sistema acusatorio
Durante la tarde se realizó una mesa de trabajo en la que participaron referentes del Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública y el Poder Judicial, con la presencia del Dr. Castellanos, el Dr. French, el Dr. Amerio y la Dra. Zicavo, entre otros invitados especiales.
Amerio dio la bienvenida agradeciendo la participación “más allá de los egoísmos y las diferencias ideológicas” y manifestó con convicción: “Tenemos que trabajar juntos. La justicia va a mejorar con esto”.
En esa línea, Toranzos remarcó que, tras cuatro años de implementación, era necesario auditar el sistema: “Este proceso trajo un cambio cultural: permitió clarificar roles, mejorar la gestión y reforzar la importancia de que haya quienes controlen y quienes garanticen derechos”.
“El sistema acusatorio es un paso adelante. Cada uno debe adaptarlo a sus recursos y problemáticas, y principalmente hay que defender a la víctima”, añadió.
Galán Muñoz destacó el impacto positivo del modelo: “Más allá de las críticas, nadie está dispuesto a volver al sistema anterior”.
También valoró el posible tratamiento legislativo de la ley de fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal, como un reconocimiento al rol del nuevo sistema.
Por su parte, el Dr. French valoró el impacto en los operadores: “Es la tarea más gratificante. Este sistema nos hace sentir más útiles. Los plazos ordenan el trabajo y benefician al proceso. La presencia de la víctima legitima y dinamiza todo”.
El Dr. Castellanos, moderador del encuentro, instaló una pregunta clave: “¿Qué es lo que verdaderamente les preocupa frente a este sistema?”.
La consulta abrió un debate profundo. El Dr. Lijo mencionó el cambio cultural como el mayor desafío, mientras que la Dra. Muñoz recordó que los primeros años fueron difíciles: “Los operadores tardaron en asumir sus nuevos roles. El MPF pasó a ser gestor desde el inicio y aprendió a interactuar activamente con las fuerzas de seguridad”.
Además, remarcó que la defensa tuvo que dejar atrás un rol pasivo y asumir mayor responsabilidad: “La ley orgánica exige trabajar sobre casos concretos, no sobre intereses generales. Eso también costó hacerlo entender”.
Toranzos apoyó esa visión, reforzando la importancia del rol del fiscal en todas las instancias. Lijo, por su parte, insistió en la necesidad de formación cultural y práctica, especialmente para juicios orales.
Llorens y Petrone señalaron la falta de entrenamiento práctico para fiscales: “En algunos juicios, los jueces preguntan más que los fiscales. Eso contradice el principio de oralidad”.
También se plantearon desequilibrios estructurales:
- La defensa enfrenta más obstáculos para producir prueba.
- El Estado facilita herramientas a la fiscalía, pero no a la defensa.
- Se requieren peritos técnicos, muchas veces inaccesibles para la defensa pública.
Se reclamó capacitaciones reales, mejor distribución de recursos y respeto por los roles en juicio para asegurar un sistema justo.
El Dr. Barroetaveña expresó: “Cada cual atiende su juego. Debe haber control interno. Pero todos saben su rol y están preparados. El mejor sistema es el mejor juez y la mejor jueza”.
El sistema, aún en transición, avanza hacia un modelo acusatorio pleno, aunque persisten resistencias culturales. El Dr. Catania subrayó: “Los jueces no somos menos decisivos. Somos juristas”.
Se abordaron tensiones en audiencias, como la presión pública, el caos en casos con múltiples imputados, el riesgo de automatismos y la necesidad de control sustancial del rol del juez.
La Dra. Muñoz también señaló limitaciones en el acceso a prueba: “Muchas defensas dependen del sistema público. Hay obstáculos culturales: está mal visto que la defensa entreviste testigos antes del juicio”.
El Dr. Lijo volvió sobre el funcionamiento real del sistema: “El 70% de los casos se resuelven dentro del Ministerio Público mediante salidas alternativas. Solo el 4% llega a juicio, y apenas el 1% termina en condena”.
Destacó también el rol activo de la defensa pública y el principio de oportunidad para evitar juicios innecesarios.
El Dr. Castellanos reflexionó: “Nos preocupa la mirada ajena. Hay mucha estrategia en el litigio”.
A su vez, el Dr. Llorens y el Dr. Farah cuestionaron la falta de efectividad del control de acusación y la resistencia a sobreseer aún en causas sin pruebas sólidas.
“¿Hasta dónde puedo sobreseer?”, se preguntó retóricamente uno de ellos, criticando los automatismos en dictámenes periciales.
Los Dres. Casanello y Baldi sumaron una fuerte crítica a los vacíos éticos, deficiencias en la gestión de información y debilidades procesales:
- Gestión deficiente de pruebas documentales.
- Audiencias desaprovechadas por errores formales.
- Problemas con la admisibilidad de prueba.
- Prácticas desleales tanto de la fiscalía como de la defensa.
Frente a esto, la Dra. Muñoz propuso: “Necesitamos un código de ética de legitimación, para aunar criterios sobre lo que se puede hacer o no en una investigación penal”.
El Dr. Toranzos respaldó la idea y afirmó: “Es obligación de los jueces verificar, resolver y analizar lo que las partes proponen.”
Finalmente, el Dr. Amerio cerró el encuentro con un mensaje esperanzador: “Hay que seguir empujándonos entre todos, avanzar y corregir sobre la marcha”.
Durante la mañana siguiente, los magistrados pudieron ser testigos en primera persona de distintos tipos de audiencias según la agenda de la Oficina Federal.
Se expresó un profundo agradecimiento por la recepción y el apoyo recibido en el proceso de formación. Se destacó la colaboración constante de muchos presentes, cuyo trabajo sirve como referencia y guía. Se valoró la posibilidad de compartir experiencias, corregir errores, potenciar buenas prácticas y fortalecer la tarea de los operadores judiciales.
El Dr. Llorens confió en la implementación del sistema a partir del 11 de agosto y marcó como un segundo paso el “ir corrigiendo sobre la marcha”.
Se transmitió tranquilidad y confianza en la capacidad del equipo judicial para enfrentar desafíos, destacando el liderazgo fuerte, la preparación de los operadores y el compromiso del personal.
“Tenemos un plantel profesional extraordinario, estamos plenamente capacitados, aunque frente a lo nuevo siempre hay tensión, estamos listos”. El primer desafío interno será funcionar como pares”, agregó.
Se valoró el rol clave de la oficina judicial y la necesidad de liderazgo claro. También se hizo hincapié en la importancia de una defensa pública activa, la interacción entre actores del sistema y la necesidad de respuestas judiciales oportunas. Se mencionaron diferencias en la formación de defensores oficiales y particulares, y la necesidad de trabajar coordinadamente ante casos complejos como contrabando o narcotráfico.
