Cristina Kirchner enfrenta una nueva y definitoria pulseada judicial para mantener su prisión domiciliaria en San José 1111. La defensa insiste que debe declararse inadmisible el recurso fiscal que busca cambiar el lugar de detención. Qué escenarios se abren.
Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy han presentado este martes un nuevo escrito ante la Cámara Federal de Casación en un intento contrareloj en busca de que el Tribunal rechace un pedido fiscal para mudar a la detenida ex presidenta Cristina Kirchner a otro lugar que no sea su departamento de San José 1111 durante su prisión domiciliaria.
Pese a que Beraldi replicó ayer, durante la audiencia, de manera oral los argumentos del fiscal ante la sala IV de Casación, Mario Villar, insistió en sus planteos este martes en un nuevo escrito, cuando todo indica que los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña tomarán de manera inminente una decisión al respecto.
Por qué Cristina Kirchner no quiere mudarse?
La defensa afirma que la decisión sobre el lugar para cumplir la prisión domiciliaria de la condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad ya está firme, que no existen fundamentos válidos para modificarla y que todo el operativo judicial vulnera derechos constitucionales de Cristina Kirchner
Este último análisis podría dejar abierta la puerta a un futuro recurso ante la Corte Suprema, si la decisión de Casación resulta adversa.
Los defensores insistieron en que se declare inadmisible el planteo de la fiscalía y se ratifique que la prisión domiciliaria debe ser cumplida en San José 1111.
El escrito llega luego de que Villar desistió parcialmente del recurso presentado por sus colegas Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pretendían que Cristina Kirchner fuera enviada a una cárcel común. Villar sostuvo en audiencia que no se oponía a la modalidad domiciliaria, pero sí a que se mantuviera en el domicilio actual, por supuestas falencias de seguridad y alteraciones a la convivencia en el barrio.
Sin embargo, la defensa consideró en este nuevo escrito que ese planteo no solo es “procesalmente inadmisible”, sino también carente de toda fundamentación. “La contradicción en que incurre la Fiscalía salta a la vista con solo reparar en que una de las reglas de conducta impuestas por el Tribunal Oral ha sido ‘abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario’”, argumentaron, los abogados.
Y la ex presidenta ya cumple cabalmente esa condición, según la propia valoración del fiscal cuando en la audiencia explicó por qué resolvió no mantener la apelación vinculada a enviarla a una cárcel común.
Además, insisten en que la resolución que otorgó la domiciliaria ya está firme, justamente por el retiro del recurso en el punto central. “Como punto de partida, cabe señalar que ante el desistimiento efectuado por el Dr. Villar la resolución que acuerda a nuestra representada el instituto de la prisión domiciliaria ha adquirido firmeza”, remarcaron.
La defensa también refutó los argumentos sobre seguridad en la zona. Recordaron que el domicilio no fue elegido al azar, sino que responde a una decisión tomada “por razones de seguridad, luego de ser víctima de un intento de homicidio”. Y enfatizó: “Ese es el lugar donde desarrolla su vida de relación, no se advierten razones objetivas que justifiquen obligarla a fijar un domicilio diferente”.
Además, advirtió que un eventual traslado tendría impactos no solo personales sino legales: “Un eventual traslado de la ex Presidenta hacia otra ciudad perjudicará sus relaciones familiares y sociales e incluso habrá de afectar severamente el ejercicio de su derecho de defensa, en tanto los profesionales que la asistimos vivimos y trabajamos en la ciudad de Buenos Aires”.
«Si existiera una problemática de seguridad en el barrio de Constitución, ésta debería ser resuelta por los organismos ejecutivos competentes, mas nunca podría derivar en que nuestra representada sufra consecuencias adversas», agregaron en relación a uno de los argumentos de Villar
Y sobre la alteración de la paz social se sostuvo: «La pretensión fiscal también deviene improcedente en virtud de que se funda en supuestas problemáticas acaecidas hace varias semanas atrás, que ahora han perdido toda virtualidad»
Otra vez contra la tobillera y las visitas limitadas
En el escrito también sumaron argumentos a los dados ayer contra el uso de tobillera y los límites a las visitas.
Los defensores insistieron en pedir revocar esas condiciones impuestas por el Tribunal Oral 2: la exigencia de presentar una nómina de personas autorizadas a ingresar al domicilio (familiares, médicos, abogados) y la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica. “Las decisiones impugnadas revisten trascendencia en el marco del incidente de ejecución penal, limitan derechos constitucionalmente tutelados en cabeza de nuestra asistida y, por ende, deben ser revisados por un tribunal superior”, señalaron.
Qué le queda por definir a Casación
A Casación le queda definir si confirma el domicilio donde se cumple el arresto, San José 1111 en Constitución, u ordena una mudanza y los dos puntos que cuestiona la defensa: la imposición de la tobillera electrónica y los límites a las visitas.
Luego de escuchar a todos, los jueces quedaron en condiciones de resolver, algo que según anunció el juez Mariano Borinsky, quien presidió la audiencia de ayer, se hará dentro de los plazos previstos, es decir, cinco días hábiles.