Desde la presidencia de la Corte Suprema de Tucumán, Daniel Leiva encabeza una transformación profunda del sistema judicial sin precedentes en la provincia, basada en la oralidad, la digitalización y la participación ciudadana. Al ser visitado por Quórum, asegura que el acceso a la Justicia debe ser más humano, cercano y transparente, y defiende una visión de la tecnología como herramienta de servicio, nunca como reemplazo del criterio judicial.
¿Qué es la justicia para usted?
La Justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Cuando uno trabaja como operador de justicia y forma parte de un cuerpo colegiado, tiene la gran responsabilidad de garantizar que cada ciudadano reciba lo suyo. La justicia no es sólo un valor más: es el valor supremo, el que está por encima de todos los demás. Ahora bien, más allá de lo conceptual, hay aspectos prácticos fundamentales: debemos llegar al ciudadano con las mejores sentencias, en tiempos razonables. Por eso estructuramos nuestro funcionamiento a partir de políticas claras, con objetivos definidos, un rumbo establecido y plazos concretos para alcanzarlos.
¿Cómo establecen las políticas de Estado?
Las definimos de manera conjunta, por consenso. Son construcciones colectivas en las que participan todos los estamentos del Poder Judicial: magistrados, funcionarios y empleados. Además, escuchamos activamente las voces de los abogados y demás profesionales del derecho. Solo así logramos que las políticas tengan legitimidad y aceptación.
¿Tienen diálogo con el Poder Ejecutivo y el Legislativo?
Sí, mantenemos una relación respetuosa, basada en el reconocimiento de las funciones y competencias de cada poder. Pero también trabajamos en articulación, especialmente en temas como el andamiaje normativo, que es esencial para brindar un servicio judicial eficiente. Un ejemplo concreto es la sanción y promulgación de tres nuevos códigos procesales en un lapso de cinco años. Estos códigos representan un cambio de paradigma: pasamos de un sistema basado en la escritura a uno basado en la oralidad. Esto no habría sido posible sin el diálogo interinstitucional. Además, en su elaboración participaron los tres poderes del Estado, las universidades y los colegios de abogados. Esa participación plural enriquece el proceso y permite que, como sociedad, generemos una dinámica jurídica más clara y previsible.
¿Cuáles han sido las principales prioridades y logros de su gestión al frente de la Corte?
Las prioridades fueron y son el modernizar, transparentar y acercar el Poder Judicial a la ciudadanía. Uno de los logros más significativos fue la modernización del sistema judicial, la transformación estructural del sistema procesal. El cambio de paradigma mencionado anteriormente: pasar de un modelo escritural a uno basado en la oralidad. Esta reforma permitió acelerar los tiempos de resolución de causas, mejorar la calidad del servicio de justicia y garantizar mayor transparencia en los procesos. Además, promovemos una gestión abierta, basada en el consenso y en la inclusión de todos los estamentos del Poder Judicial: magistrados, funcionarios, empleados, colegios profesionales y universidades. Este enfoque permitió una construcción colectiva de políticas judiciales con mayor legitimidad, sentido práctico y visión institucional. Otro logro es el fortalecimiento del diálogo interinstitucional con el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Esta articulación fue clave para la aprobación de reformas estructurales, la asignación de recursos y el diseño de un plan estratégico para el desarrollo del servicio de justicia en Tucumán. A pesar de un contexto económico desafiante, se logró sostener el funcionamiento y la proyección del Poder Judicial sin comprometer la calidad del servicio. La gestión se centró en la optimización de recursos, la digitalización progresiva de procesos y la mejora continua de los estándares de trabajo en todas las áreas del sistema judicial. Por último, se promovieron medidas concretas para acercar la justicia a la comunidad, como la descentralización de servicios judiciales, el fortalecimiento de oficinas de atención ciudadana y la mejora y transparencia en los canales de comunicación institucional.
¿Cuáles son los desafíos más significativos que enfrentan actualmente?
El principal desafío es consolidar un sistema de justicia que sea verdaderamente ágil, accesible y confiable para toda la ciudadanía. Hoy enfrentamos una realidad compleja, donde las demandas sociales hacia el Poder Judicial son crecientes, y las transformaciones necesarias implican un compromiso institucional profundo. El mayor reto es la implementación plena de los nuevos códigos procesales pero esta transformación no es sólo normativa, es cultural, organizativa y tecnológica. Requiere capacitación continua, adaptación de estructuras, trabajo interinstitucional y una planificación sostenida en el tiempo. La digitalización es un eje estratégico. Hemos avanzado, pero aún queda mucho por hacer. La meta es lograr una informatización integral del sistema, con procesos ágiles, seguros y accesibles. Y esto no sólo se trata de equipamiento, sino también de generar una cultura digital dentro del Poder Judicial y garantizar que todos los operadores del sistema, incluyendo abogados y ciudadanos, puedan interactuar con la justicia de forma sencilla y efectiva. Y la sostenibilidad de cualquier transformación requiere recursos. Y en un contexto económico difícil, eso implica optimizar al máximo lo que tenemos. Pero a la vez, necesitamos del acompañamiento del Poder Ejecutivo y del Legislativo para garantizar el personal, la infraestructura y las herramientas que nos permitan brindar un servicio de justicia eficiente y de calidad. No menos importante, otra de nuestras prioridades es ampliar el acceso a la Justicia, acercar la justicia a la gente, no sólo en términos físicos, sino también desde lo institucional: mejorar la atención al ciudadano, fortalecer las políticas con perspectiva de género y diversidad, y trabajar especialmente con los sectores más vulnerables.
Considerando la drástica reducción de la mora judicial reportada pero ante el persistente número de vacantes, ¿qué estrategias concretas está implementando para asegurar la sostenibilidad de estas mejoras?
Uno de los hitos más contundentes de la gestión es la drástica reducción de la mora judicial. En agosto de 2021 había más de 8.000 causas atrasadas. Hoy quedan menos de 160. Este avance fue posible gracias a la implementación del sistema SAE y al rediseño organizacional en clave de eficiencia. En ese sentido, desde la Corte venimos implementando una serie de estrategias concretas que apuntan a garantizar la sostenibilidad de estos avances. Nuestro desafío es optimizar recursos, redefinir perfiles y funciones, y lograr una distribución equitativa de la planta de personal en todo el territorio provincial; además continuamos profundizando la digitalización de los procesos judiciales. Incorporamos expedientes electrónicos, avanzamos hacia un sistema más automatizado, con uso de inteligencia procesal para seguimiento de causas, turnos, plazos y movimientos. También estamos trabajando en modelos de gestión más dinámicos, con tribunales que operan bajo principios de oralidad, audiencias concentradas y trabajo colaborativo entre juzgados, lo que permite acelerar trámites sin depender exclusivamente de la creación de nuevos cargos.
La transformación digital es un pilar de su gestión. ¿Qué medidas específicas se están tomando o planificando para garantizar que no se produzca una brecha digital?
La alfabetización digital es una política de Estado. Contamos con un programa continuo de capacitación, tanto presencial como virtual y asincrónica, dirigido a magistrados, funcionarios, empleados judiciales, abogados y operadores externos, como miembros del Colegio de Abogados y de otras instituciones. Los materiales son accesibles y adaptables a distintos niveles de conocimiento y disponibilidad horaria. También hemos equipado juzgados de paz en toda la provincia, incluso en zonas rurales y de difícil acceso, con tecnología de última generación. Esto permite que ciudadanos que antes recorrían hasta 120 kilómetros para realizar un trámite hoy puedan resolverlo en su localidad. En materia de innovación tecnológica, desarrollamos sistemas internos como la plataforma Alberdi, el sistema SAE, y herramientas propias como la sinopsis automatizada de expedientes, que permite a los jueces prepararse para una audiencia sin tener que leer miles de páginas; las subastas digitales, que son anónimas, públicas y transparentes; y los edictos judiciales digitales, una herramienta inédita en Argentina y que, en Latinoamérica, solo tiene antecedentes en Perú. Estas soluciones se diseñaron con criterios de usabilidad, para que cualquier usuario pueda emplearlas sin conocimientos técnicos avanzados. Además, las desarrollamos en conjunto con universidades locales, lo que nos da mayor control, flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades específicas de Tucumán. Estamos explorando el uso de herramientas de inteligencia artificial, pero con una visión prudente. No buscamos reemplazar el juicio humano sino potenciarlo. Cada desarrollo pasa por pruebas, validaciones y ajustes antes de su implementación. En definitiva, los avances tecnológicos deben estar siempre al servicio de un acceso real, equitativo y humano a la justicia.
¿En qué consistió la reforma de la Justicia de Paz que han llevado adelante?
Una de las acciones llevadas a cabo fue la conversión de los Juzgados de Paz Legos en Juzgados de Paz Letrados con el objetivo de acercar el servicio de justicia a las comunidades del interior y garantizar un acceso más equitativo y eficiente para todos los ciudadanos. En localidades rurales como Amaicha, El Mollar o Colombres, los juzgados de paz han sido modernizados, equipados con tecnología, conectividad y mobiliario dignos. Esta expansión, esta justicia de cercanía busca reducir la brecha territorial y digital, que haya mayor cobertura jurisdiccional. Se estableció un sistema que permite a los ciudadanos del interior tramitar actas del Registro Civil directamente en los Juzgados de Paz de sus localidades, eliminando la necesidad de trasladarse a la Capital. Por ejemplo: una mujer que está iniciando una causa por alimentos, no va a venir a denunciar, le es muy caro, hay distancia física, cultural, económica. Ahora, al ampliar la jurisdicción, buscamos que toda la provincia esté cubierta. A su vez, hay capacitaciones constantes para el personal de la Justicia de Paz.
La gestión de calidad y la certificación ISO 9001 son importantes. ¿Cómo se traduce concretamente esta gestión de calidad en beneficios perceptibles para el ciudadano que acude al servicio de justicia?
Los procedimientos certificados bajo ISO implican una auditoría externa que obliga a cumplir estándares, conlleva una revisión constante, corrección de fallas y prevención de errores, lo cual reduce los riesgos de que un trámite se extravíe o que una resolución demore innecesariamente. Gracias a la estandarización de procedimientos, el ciudadano experimenta menos demoras, mayor claridad en los pasos a seguir, y un servicio más eficiente. Cada actuación judicial queda registrada, y se pueden rastrear tiempos, responsables y estados de cada expediente. Esto genera mayor confianza y permite que las personas sepan qué está pasando con su causa. La gestión de calidad pone el foco en el usuario del sistema de justicia. Se establecen canales formales de reclamo, mejora continua y encuestas de satisfacción que permiten detectar problemas y actuar sobre ellos.
El narcotráfico ha sido señalado por usted como un flagelo. Más allá de la intervención penal, ¿qué rol proactivo puede o está asumiendo el Poder Judicial para abordar las causas estructurales y las consecuencias sociales de este problema?
Tucumán es una de las pocas provincias que adhirió a la desfederalización del narcomenudeo, asumiendo el combate al narcotráfico de base. En lo que va del año se celebraron 935 audiencias en causas por narcotráfico, con 116 personas privadas de libertad. Porque entendemos que toda esa primera línea de venta es el financiamiento que tiene el narcotráfico, el gran narcotráfico, es de donde se nutre y esta es la manera de evitar que se pueda comprar todos estos estupefacientes en cualquier lugar. Quien delinque vendiendo drogas, sabe que va a ser capturado, procesado y de ser culpable va a ser condenado y tendrá que cumplir las penas. Hoy el Poder Judicial asumió un rol más amplio y proactivo frente al narcotráfico, reconociéndolo no sólo como un fenómeno delictivo sino como un problema estructural y social. En este aspecto se destaca la justicia de cercanía para poder prevenir conflictos tempranamente y dar respuestas más rápidas. Además, se avanza en la mejora del sistema penitenciario con la inauguración de nuevas unidades carcelarias en Benjamín Paz, Las Talitas y una cárcel para mujeres. Si bien el control del sistema penitenciario corresponde al Ejecutivo, la Corte hace un seguimiento estricto de las condiciones de detención.
Si bien existen mecanismos formales de transparencia, ¿qué pasos adicionales podría dar el Poder Judicial para facilitar proactivamente el acceso ciudadano a información relevante?
No hay justicia posible sin confianza. Y esa confianza se construye con independencia, con transparencia, con rendición de cuentas y con decisiones que respeten los derechos y garanticen previsibilidad. La seriedad con la que estamos trabajando, el compromiso con el que el Poder Judicial está trabajando yo creo que hay que comunicarlo, nosotros abrimos los carriles de comunicación, tenemos una página donde podemos ver noticias destacadas, estadísticas, y mostramos que hay meses que no son buenos y hay meses que son excelentes. Hoy en día, todos los actos administrativos, nuestras estadísticas, los informes de gestión y los gastos del Poder Judicial están disponibles en el tribunal de cuenta y online, son de acceso público. De hecho, una resolución firmada por la mañana puede estar publicada en el sitio institucional a los treinta minutos. Inclusive en el site están las audiencias penales y no penales, todo queda grabado, registrado y parametrizable. Hay tableros de control de audiencias realizadas, con cantidad de juicios orales y públicos por juez. Estamos trabajando para fortalecer la transparencia activa. La idea es que la ciudadanía no tenga que pedir información, sino que la encuentre disponible, clara y útil.
La Plataforma Alberdi representa un desarrollo propio significativo. ¿En qué consiste y qué impacto ha tenido?
La Plataforma Alberdi es un desarrollo tecnológico propio, concebido y programado por el equipo interno del Poder Judicial en colaboración con cuatro universidades. Representa una nueva forma de entender y gestionar la justicia en la provincia. Está integrada por cinco programas principales y varios sistemas periféricos. Entre los más destacados están: SAE, que centraliza y gestiona digitalmente todos los expedientes judiciales; Portal SAE, interfaz pública que permite consultar el estado de causas; Orion, sistema para la organización de turnos y audiencias; Loga Web, plataforma de control y seguimiento de gestión; y procesadores de texto y sistemas complementarios, todos interoperables. Estos sistemas permiten que todo el expediente esté digitalizado, desde la demanda inicial hasta la sentencia. Desde 2020 se han digitalizado más de 30 millones de documentos y, hoy, todas las audiencias son públicas, grabadas, registradas y parametrizables. Esto ha reducido drásticamente la mora judicial: cuando se unificaron los sistemas, en agosto de 2021, había 8.084 causas atrasadas; hoy ese número se ha reducido a 157. Asimismo, brinda control y transparencia gracias a la digitalización total: se suben hasta 100 audiencias por día al sitio institucional, hay tableros de control en Power BI que permiten visualizar, por juez, la cantidad de juicios orales y públicos realizados, y todo queda registrado: no hay margen para arbitrariedad ni discrecionalidad. Incluso se ha incorporado una herramienta interna que resume automáticamente expedientes complejos, permitiendo al magistrado comprender la causa sin tener que leer miles de fojas. Esto no solo ahorra tiempo, sino que mejora la calidad de las resoluciones. Al tratarse de un sistema desarrollado in house, el Poder Judicial de Tucumán no depende de proveedores externos ni de licencias. Esto abarata costos, mejora la seguridad y facilita la evolución continua del sistema, adaptándolo a las necesidades locales. Su impacto es tangible en la vida del ciudadano, ya que mejora los tiempos, la transparencia, el acceso a la justicia y la calidad de las decisiones judiciales. Además, ha posicionado a Tucumán como referente nacional e internacional en transformación digital judicial, al punto de que otras provincias argentinas y países de la región ya están capacitándose con nosotros en el uso de estas herramientas.
¿Cuál es el estado actual de implementación de la Inteligencia Artificial ordenatoria?
Somos prudentes: la tecnología debe ser una herramienta ordenatoria, no resolutiva. Por eso, cada implementación pasa por etapas de prueba, ajustes y validación. No está todavía implementada de forma plena ni operativa en todos los procesos, pero ya se ha avanzado en herramientas concretas que brindan apoyo al trabajo de los magistrados, especialmente en la preparación de audiencias y en la organización de expedientes complejos. Tucumán comparte su sistema con Salta, San Juan y hasta colabora con la Corte Suprema de Perú. Es una IA que acompaña y optimiza los tiempos de análisis, especialmente en causas voluminosas. Su función principal es ordenar, resumir y estructurar información, para que el magistrado pueda afrontar audiencias y redactar sentencias con mayor claridad y eficiencia. Un ejemplo concreto es una herramienta desarrollada internamente que permite generar una sinopsis automatizada de una causa. Esto evita que el juez deba leer, por ejemplo, 694 actuaciones o 3.000 páginas, y en cambio accede a un resumen claro, que le da un panorama general de la situación jurídica en pocos minutos. La herramienta está en fase de validación: se están realizando pruebas, ajustes y evaluaciones rigurosas. Aún no se ha generalizado su uso en todo el sistema judicial. El enfoque es responsable y progresivo: cada paso se toma con seriedad, asegurando que la tecnología no genere efectos adversos, como errores en la interpretación o dependencia excesiva. Además de ir acompañado de la capacitación correspondiente. Aunque no está aún plenamente implementada, ya es una realidad en proceso que promete transformar el trabajo judicial sin comprometer su esencia: el criterio humano del juez. Y Leiva promete que este año tendremos más herramientas que nos permitan mejorar la tramitación del proceso, finalidad última de la IA.
