La Fiscalía Federal acusa a Miguel Ángel “Minino” Negro y Oscar Ignacio “Cotorra” Alaniz de inducir la toma ilegal de tierras públicas durante la campaña electoral de 2023 para captar votos. Otras tres personas serán juzgadas como coautoras del delito.
El fiscal subrogante de la Fiscalía Federal de Río Cuarto, Rodolfo José Cabanillas, solicitó la elevación a juicio de una causa que involucra al ex intendente de un pueblo de la provincia de Córdoba que gobernó durante 40 años, Miguel Ángel “Minino” Negro, y a su socio político y candidato a sucederlo, Oscar Ignacio “Cotorra” Alaniz.
Ambos están acusados como instigadores de una toma de terrenos fiscales ocurrida entre fines de 2022 y comienzos de 2023. Junto a ellos, también serán juzgados Alan Iván Báez, Fernando Gabriel Romano y Mayra Desireé Garretón, acusados como coautores materiales de la usurpación.
Según la acusación, entre los días previos al 29 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023, los imputados impulsaron la ocupación de terrenos del Estado nacional ubicados a la vera de las vías del Ferrocarril de Trenes Argentinos Cargas, en el sector oeste de la localidad de Holmberg. De acuerdo a la fiscalía, Negro y Alaniz actuaron con fines electorales, ofreciendo a varias personas la posibilidad de instalarse en esas tierras a cambio de su apoyo político.
El expediente reconstruye que Romano y Garretón, junto a Báez y unas 60 personas más, ocuparon el terreno tras haber recibido orientación directa de los líderes políticos locales, quienes les indicaron cómo obtener el servicio eléctrico y les facilitaron datos sobre la posesión de los lotes. El 29 de diciembre, Romano gestionó ante la municipalidad la conexión de luz, obteniendo un permiso precario firmado por el propio Negro, dirigido al Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP), y en el que se lo identificó falsamente como propietario de las viviendas.
El fiscal Cabanillas afirmó que las usurpaciones se dieron en el marco de una estrategia electoral encabezada por Negro -quien ocupó la intendencia durante 40 años- y Alaniz -candidato por el mismo espacio político “Juntos por Santa Catalina”- para captar votantes en las elecciones municipales del 4 de junio de 2023. “Entre ellos existía no solo un vínculo personal, sino una relación política inseparable, lo que vuelve evidente que sus conductas fueron coordinadas”, planteó.
La denuncia inicial fue presentada por más de 150 vecinos de la zona, quienes alertaron sobre el ingreso de decenas de personas con carros, grupos electrógenos, herramientas y materiales de construcción. Paradójicamente, el propio intendente Negro realizó una denuncia similar pocas horas después, lo que la fiscalía consideró una maniobra contradictoria y oportunista motivada por el impacto mediático y la reacción vecinal.
El avance de la investigación incluyó testimonios, material audiovisual, entrecruzamiento de llamadas telefónicas y audios recuperados de celulares, en los que se menciona explícitamente a Alaniz como quien “regalaba terrenos” y prometía servicios tras los comicios. También se detectó el uso de camiones municipales para el traslado de escombros al predio ocupado, y se obtuvo un video donde se ve a Alaniz recibiendo a los ocupantes y garantizando conexiones eléctricas si ganaba la elección.
En cuanto a los roles individuales, la fiscalía señaló que Romano y Garretón gestionaron el acceso al terreno y a los servicios con contacto directo con Negro. Báez, por su parte, fue señalado como uno de los coordinadores principales de la ocupación, cuya presencia fue documentada tanto en videos como en audios en los que admite gestiones con ambos líderes políticos.
