La Fiscalía Federal de Corrientes solicitó la condena de Pablo Carlos Molina, ex funcionario del Juzgado Federal N°1, por abuso de autoridad, falsedad ideológica y violación de deberes de funcionario público.
La Fiscalía que interviene en el juicio contra Pablo Molina, el ex secretario judicial de Corrientes que está acusado de espiar a su mujer porque sospechaba que lo engañaba, pidió una condena a cinco años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta y especial por el doble de tiempo.
En los alegatos, el fiscal general Carlos Schaefer y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Martín Uriona, acusaron a Molina por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, en concurso real.
Según la Fiscalía, en septiembre de 2014, cuando aún ocupaba el cargo en la Secretaría Penal N°2 del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, Molina confeccionó y firmó un oficio judicial junto al entonces juez federal Carlos Soto Dávila. En ese documento se solicitaba la intervención telefónica de dos líneas bajo el supuesto vínculo con una causa por narcotráfico. Pero en realidad, esas líneas pertenecían a su esposa y a un hombre con el que sospechaba que ella mantenía una relación sentimental.
El hecho salió a la luz recién en marzo de 2019, cuando personal judicial encontró 28 discos compactos con grabaciones interceptadas ilegalmente entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de 2014. En varios de esos audios aparece el propio Molina hablando con su pareja, profiriendo insultos y amenazas.
En 2016, Molina fue apartado de su cargo por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, tras ser imputado en una investigación por corrupción vinculada a una causa de lavado de activos. Junto a Soto Dávila y otros funcionarios judiciales, fue procesado por la devolución irregular de vehículos secuestrados.
Ambos fueron juzgados en 2018 como parte de una causa derivada del expediente “Sapucai”, donde fueron acusados de integrar una asociación ilícita que operaba dentro del Juzgado Federal N°1 de Corrientes. En ese juicio, celebrado en 2023, Soto Dávila fue condenado a seis años de prisión y Molina a cinco, aunque en diciembre de 2024 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal agravó ambas penas al confirmar su rol como jefe y miembro de una organización criminal.
Un elemento particularmente relevante mencionado por la fiscalía en el juicio actual es que el 11 de septiembre de 2014, Molina no sólo firmó el oficio para las intervenciones ilegales, sino también una resolución prevaricante que otorgó la exención de prisión al narcotraficante Carlos Alberto Bareiro, alias “Cachito”, líder de una banda que operaba en Itatí. Según los fiscales, por ese beneficio judicial, tanto él como Soto Dávila recibieron un pago de un millón de pesos.
Si bien en este juicio Molina es el único que enfrenta el proceso oral, Soto Dávila también fue imputado. Su situación está siendo revisada por la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que el Ministerio Público Fiscal apelara el sobreseimiento dictado por la jueza María Belén López Mace, titular del Juzgado Federal de Formosa N° 2.
Según las fuentes, el veredicto será anunciado el próximo 29 de julio por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, conformado por los jueces Juan Manuel Moreira, Fabián Cardozo y Jorge Gallino. Por su parte, la defensa de Molina solicitó la absolución del exfuncionario, intentando desacreditar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
