El juez federal Sebastián Casanello ordenó un embargo multimillonario sobre el expresidente por su presunta participación en una red de corrupción estructural que operó con contratos de seguros del Estado nacional. Qué tuvo en cuenta.
La medida alcanza la suma exacta de 14.634.220.283,68 pesos, y se justifica no sólo por los montos involucrados en las maniobras ilícitas, sino por el grado de reproche que, según el magistrado, corresponde aplicar a quien ejerció la más alta magistratura del país.
La causa, que ya involucra a decenas de exfuncionarios, empresarios y brokers, gira en torno al presunto direccionamiento de contrataciones de seguros para organismos públicos —entre ellos ANSES y diversos ministerios— hacia un grupo reducido de intermediarios y empresas, a cambio de beneficios económicos opacos y pagos ilegales.
En ese contexto, Casanello determinó que la firma “Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.”, del también procesado broker y amigo del ex presidente Héctor Martínez Sosa, fue beneficiada directa e indirectamente por un sistema de designaciones digitadas, comisiones indebidas y desvío de fondos públicos, con participación de funcionarios que, según el fallo, actuaron con total impunidad y afán de lucro.
El magistrado basó su decisión en los artículos 259 bis, 265, 303 y 304 del Código Penal, que habilitan a aplicar penas pecuniarias equivalentes a entre dos y diez veces el monto del beneficio obtenido o del perjuicio causado. En el caso de Fernández, explicó que el monto total del embargo surge de una suma hipotética actualizada del beneficio ilícito atribuible, más la multa legal en su máximo permitido, a lo que se suman las costas del proceso, incluyendo costosos peritajes tecnológicos sobre “más de un centenar de dispositivos electrónicos”, y eventuales reparaciones al Estado.
“El cálculo contempla el grado de participación, el peso del reproche derivado del ejercicio de la más alta magistratura y la inexistencia de atenuantes”, fundamentó Casanello en el fallo, al que accedió Quórum. En otra línea del escrito, el juez refuerza esa visión al afirmar que hubo «quiebra de la confianza pública y la utilización del cargo para fines personales”.
Fernández comparte el mismo monto de embargo con Martínez Sosa y la esposa de este último y ex secretaria presidencial María Cantero. El número asciende significativamente en otros imputados como Alberto Pagliano, exdirector de Nación Seguros, sobre quien recae una medida por más de 27.767 millones de pesos. Según Casanello, los directivos de Nación Seguros eran el “denominador común de todas las maniobras detalladas”, y participaron del desvío de fondos desde distintas dependencias públicas hacia operadores privados, simulando servicios y canalizando pagos a través de cooperativas.
El rol de las cooperativas
Las cooperativas fueron señaladas como pieza central del esquema delictivo. “Cumplían la función de ocultar el verdadero origen del dinero y hacerlo circular en el mercado para poder darle distintos usos”, sostiene el juez, al tiempo que describe una “ingeniería para el lucro sostenida desde el poder”
Los contratos eran direccionados mediante convenios entre organismos estatales y Nación Seguros, con cláusulas que obligaban a contratar a determinadas coaseguradoras e intermediarios, cuyos nombres aparecían una y otra vez en distintas dependencias, agrega en base a la investigación en la que interviene además la fiscalía federal de Carlos Rivolo
Las nuevas medidas de prueba ordenadas
Junto a los embargos, Casanello adoptó un paquete de nuevas medidas de alto impacto judicial y económico. En primer lugar, ordenó designar interventores informantes en ocho empresas sospechadas —entre ellas Martínez Sosa y Cía., BRI Brokers, Levelar y San Ignacio— por un período de tres meses, con obligación de monitoreo permanente y reportes quincenales sobre sus operaciones, bienes y situación financiera. En paralelo, dictó la prohibición de innovar sobre activos societarios: ninguna de esas firmas podrá vender bienes, modificar su composición accionaria, cambiar de jurisdicción o reorganizarse sin autorización judicial.
Otra disposición clave es la prohibición de distribuir dividendos a los imputados vinculados con esas empresas. Los fondos que surjan deberán ser depositados a la orden del tribunal, mientras dure el proceso. Además, decretó embargos sobre vehículos de alta gama (Jeep Commander, Volkswagen Amarok, Mini) y ordenó un informe al Club Atlético River Plate sobre la adquisición de cuatro plateas en la tribuna Belgrano Inferior, compradas por la cooperativa “7 de Mayo”.
Como medida adicional, extrajo testimonios por posibles infracciones al régimen penal tributario, incluyendo la intervención de funcionarios de AFIP, y remitió esa parte de la causa a la Cámara Nacional en lo Penal Económico. El fallo también llama a prestar declaración indagatoria a nuevos imputados, entre ellos brokers y empresarios
El ex presidente Alberto Fernández fue procesado como autor del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, que prevé hasta seis años de prisión.
Los próximos pasos llevarán la causa a la Cámara Federal porteña, primera instancia de apelación para todas las partes. La causa Seguros está radicada en la sala segunda de ese Tribunal integrada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah.