A 112 años de su fundación, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires eligió por primera vez a una mujer como presidenta. Rosalía Silvestre asume el desafío con la mirada puesta en la modernización, la ética profesional y una mayor articulación institucional. En esta entrevista, habla sobre su trayectoria, los desafíos de la profesión, el rol de los jóvenes, la inteligencia artificial y la necesidad urgente de mejorar el sistema judicial argentino.
Tu elección como la primera mujer presidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires es un hito. ¿Cómo lo estás transitando?
Lo recibí con mucho orgullo, una profunda gratitud hacia mis colegas que impulsaron esta iniciativa y, sobre todo, con responsabilidad, humildad y compromiso. Es una tarea enorme continuar con una trayectoria institucional que lleva más de un siglo.
¿A qué atribuís esta elección? ¿Por qué ahora, después de 112 años, una mujer?
Me parece interesante que se hayan volcado a una mirada más amplia. Hasta ahora, la historia del Colegio fue escrita con caligrafía de hombres. Las mujeres traemos otras sensibilidades, otro tipo de liderazgo, y eso suma. No vengo a borrar nada ni a empezar de cero, sino a sumar, a enriquecer lo que ya existe con una perspectiva diferente. Me parece que eso rejuvenece al Colegio, lo vuelve más actual y más acorde con los tiempos que vivimos.
Y también es un reconocimiento a tu trayectoria. No sos una recién llegada.
Así es. Siempre fui muy participativa. Fui Directora, Vicepresidenta -la primera mujer en ese cargo-, e integré varias comisiones. Me desempeñé con mucho compromiso, en particular en la Comisión de Justicia, donde coordinamos acciones con la Justicia nacional.
Si tuvieras que anticipar tus principales improntas de gestión, ¿cuáles serían?
Podemos abordar nuestra visión en tres planos. El primero es el plano interno, orientado hacia el interior del Colegio; el segundo, vinculado al ámbito de la Justicia en un sentido más amplio; y el tercero, el institucional, relacionado con el impacto que queremos proyectar hacia las instituciones, la Nación y, en definitiva, la sociedad en su conjunto. En cuanto al plano interno, ustedes bien saben que el Colegio organiza comisiones en las distintas especialidades del Derecho. Están integradas por profesionales de gran trayectoria: doctrinarios, juristas, y abogados y abogadas que ejercen con excelencia y compromiso social. Estoy convencida de que allí se encuentran algunos de los mejores, y desde ese espacio se puede hacer muchísimo. Pero también quiero destacar especialmente el rol de los jóvenes. No porque no lo tengan ya -existe una comisión de jóvenes muy activa y comprometida- sino porque debemos lograr una mayor articulación con ellos, potenciar ese trabajo y proyectarlo hacia afuera. Que no sólo se nutran, sino que también su tarea tenga un impacto visible. En definitiva, en ellos está nuestro futuro. El segundo plano es el de la Justicia. Aquí quiero vincularlo directamente con las comisiones, ya que uno de los objetivos de esta nueva gestión es crear un espacio específico -a modo de ejemplo, podríamos llamarlo “Justicia 2030”- compuesto por referentes destacados, que se concentre en el tan mencionado, pero aún pendiente, mejoramiento del sistema judicial. Esta meta no es nueva: está contemplada en los artículos primero y segundo del estatuto del Colegio. La pregunta, entonces, no es qué queremos hacer, porque eso ya lo hemos querido durante años y se han impulsado iniciativas valiosas, pero claramente insuficientes. La insatisfacción persiste. ¿Cómo lograr una mejora real, tangible, que llegue al ciudadano común? Desde el que litiga en un juicio menor hasta quien enfrenta causas de gran complejidad. Todos deberían sentir esa mejora. Y aquí me permito compartir lo que considero esencial: necesitamos más coordinación, y luego consenso o viceversa, si se quiere. Hay muchas instituciones y organizaciones que trabajan por la Justicia: el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, colegios de abogados, ONGs, universidades, la Federación Argentina de Colegios de Abogados… pero muchas veces, cada uno está concentrado en su propio “metro cuadrado”. El esfuerzo está, pero falta articulación. Se trabaja mucho, pero de forma fragmentada, y eso impide generar un verdadero salto de calidad. Creo que es hora de coordinar a todos los actores del sistema, evitar miradas parciales y buscar puntos de coincidencia que permitan avanzar hacia transformaciones concretas. Esto exige, claro, salir de la zona de confort, asumir una cuota de autocrítica y aceptar que no se logrará un acuerdo pleno en todo. Habrá tensiones entre, por ejemplo, el ejercicio de la abogacía, los fiscales o los defensores. Pero sí se puede trabajar sobre objetivos comunes. Hacia un “mapa de ruta” que nos diga, al menos, hacia dónde queremos ir. Y aclaro algo más: no se trata de querer “salvar el mundo”. Con que podamos identificar dos o tres cambios significativos que generen un impacto positivo y tangible en la vida de las personas, ya estaríamos cumpliendo una gran misión. Ese será el trabajo de esta nueva comisión: identificar esos ejes y convocar, sobre ellos, a construir los consensos necesarios. Si todos, en definitiva, buscamos lo mismo, tenemos que ser capaces de lograrlo.
Y lograr consenso en el qué y en el cómo…
Exacto. Todos queremos una justicia más ágil, más eficaz. El problema es que muchas veces se discute qué hacer, pero no se logra acordar cómo implementarlo. No se necesitan transformaciones gigantescas, sino pequeñas políticas públicas que sean posibles de articular. Si logramos implementar tres medidas concretas que funcionen, eso nos abre la puerta a nuevas mejoras. Pero si se pretende hacer un cambio total sin pasos intermedios, muchas veces no se llega a nada.
Falta el plano institucional…
El Colegio siempre defendió la Constitución y los valores republicanos, más allá de los gobiernos de turno. Como decía Alberdi: no hay progreso sin libertad. Nuestra función es preservar esa verdad. Cuando el gobierno de Mauricio Macri designó jueces por decreto, nos pronunciamos. También lo hicimos con Javier Milei. No importa quién esté en el poder. El Colegio debe seguir siendo un referente serio. Eso también es modernización: sostener principios en tiempos de incertidumbre.
La falta de recursos también es un tema que muchas gestiones enfrentaron. ¿Cómo pensás abordarlo?
Confío en que si la gestión está bien encaminada, los recursos van a llegar. Invito especialmente a las mujeres colegas a sumarse. Somos pocas, pero hay muchas excelentes profesionales. Si logramos una gestión seria, participativa y de excelencia, estoy segura de que el respaldo aparecerá. Ya estamos recibiendo apoyo de personas interesadas en el rumbo que queremos darle al Colegio.
¿Cuál es el desafío más urgente?
Me enfoco en lo importante, más que en lo urgente. Y lo importante es mejorar el sistema judicial. La seguridad jurídica es clave. Hoy no la tenemos. Hay ciudadanos y empresas que desconfían. Es paradójico: hay baja confianza en la Justicia, pero se recurre a ella permanentemente. La judicialización es altísima, incluso en cuestiones cotidianas. Y ahí vemos otro problema: la mora, las vacantes, la desigualdad en la asignación de recursos. Hay jueces que subrogan tres juzgados. Eso no es viable.
¿Van a gestionar ante el Congreso por ese tema?
Siempre estamos en diálogo con el Congreso. A veces nos convocan, otras solicitamos audiencia. Todavía no tuvimos la primera reunión de directorio de trabajo, pero es un tema que seguramente abordaremos.
¿Y sobre el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad?
Estamos participando activamente. En especial en el fuero laboral, que es el que está más avanzado. También estamos involucrados en la reforma del Código Procesal Penal. Las convocatorias interinstitucionales son fundamentales. Pero necesitamos pasar a la acción. No quiero una foto. Quiero resultados.
Hablaste de modernización. ¿Incluye inteligencia artificial?
Por supuesto. Modernizar no es sólo actualizar lo edilicio sino también las ideas. Creo que tenemos que pensar más en acompañar el futuro que en quedarnos mirando el pasado. El pasado está, lo conocemos, nos sirve, y estamos orgullosos de él. Pero hay que mirar hacia adelante. Y la inteligencia artificial ya está acá. Entonces, acompañémosla, porque es momento de empezar a interiorizarnos. Yo tengo mucha vocación por todo lo que tiene que ver con la ética profesional. En la ciudad de Buenos Aires tenemos un Código de Ética. El Colegio Público, como órgano delegado por ley, dictó su Código en 1987. ¡No existía internet! La profesión ha cambiado muchísimo desde entonces. Por eso estamos actualizándolo. Es una tarea largamente postergada, y esa actualización implica incorporar muchos capítulos nuevos. Uno de ellos es justamente el de la inteligencia artificial. Ya se está utilizando en el ámbito judicial. Por ejemplo, en la Ciudad se emplea para emitir resoluciones de mero trámite o en procesos muy similares, para automatizarlos. Pero pensá lo que significa poder emitir una resolución en miles de expedientes… ¿y que la inteligencia artificial lo haga en segundos? ¡Es maravilloso! Claro que hablamos siempre de procesos que deben estar controlados por una persona. Incluso tratándose de algo rutinario, tiene que haber supervisión. Ahí entra en juego la ética también. Me parece que es una herramienta valiosa y está buenísimo que se empiece a incluir y a controlar también. Porque todo avance tecnológico conlleva una gran responsabilidad: el cuidado de los datos, el uso responsable y ese control humano que siempre tiene que estar presente, incluso en tareas sistemáticas o automatizadas.
La participación juvenil también es un tema que mencionaste…
Sí. Me voy a reunir con Agustín Lastra, presidente de la comisión de jóvenes. Les pedí que hagan una encuesta: ¿Qué Colegio querrían? Que sueñen, que no piensen en límites presupuestarios. Que consideren la trayectoria y la excelencia como horizonte. Tenemos que escucharlos y darles más protagonismo.
¿Cómo compatibilizás este rol con tu trabajo profesional?
Yo vivo de mi trabajo. No tengo una fortuna personal. Tengo un estudio, un equipo valioso y muchos años de ejercicio. Sé delegar. Todos en el directorio lo hacemos. Es un compromiso compartido. Y lo hacemos porque creemos en lo que representa el Colegio. Tengo un hijo abogado, que vive en España. Si alguna vez vuelve, quiero que encuentre una justicia mejor.
Tu especialidad es la propiedad intelectual…
Sí, también el derecho del seguro, que no ha sido mencionado, merece una mención especial. Trabajamos con compañías de seguros de primera línea.
Y en esas dos áreas que más conocés, ¿cómo está hoy la situación en Argentina?
Estamos atravesados por los vaivenes propios del país. En materia de seguros, que es una de las ramas más litigiosas -porque un siniestro casi siempre implica un conflicto, una instancia judicial o, al menos, una mediación previa- los procesos están excesivamente prolongados. Los plazos judiciales son un verdadero problema. Y, como todo en Argentina, el contexto económico también influye: inflación, intereses, actualizaciones… todo eso nos obliga a ir ajustando sobre la marcha. Además, hay una falta de uniformidad jurisprudencial: una sala puede fallar de una manera y otra decir algo completamente distinto. Lograr una línea jurisprudencial más estable lleva muchísimo tiempo. El justiciable, muchas veces, queda desconcertado: “¿Cómo puede ser que a mí me digan una cosa y después pase otra?”, se preguntan. Y es entendible. Todo esto requiere mucho trabajo. En cuanto a propiedad intelectual -mi otra área de especialización, sobre todo en derechos de autor y contratos- es un terreno menos judicializado. Hay más acuerdos entre partes. No sé si es más fácil, pero al menos se llega a más soluciones consensuadas. Igual, hay excepciones: tengo un caso en la Corte que lleva seis años sin resolverse. Es un expediente que no debería tardar tanto, pero lamentablemente esa es la realidad. Y justo ahora estamos con una Corte que funciona con sólo tres miembros.
¿El Colegio se pronunciará sobre los proyectos de ampliación de la Corte?
Veremos cómo se define esa situación. Hoy tenemos una Corte que funciona con solo tres miembros, y eso la convierte, efectivamente, en una “Corte corta”. El problema es que se termina recurriendo con frecuencia a conjueces. Y si bien no es algo negativo en sí mismo -porque como excepción puede ser una herramienta válida-, cuando se convierte en regla empieza a generar incertidumbre. El uso reiterado de conjueces puede afectar la coherencia de los fallos. Dependiendo de quién intervenga, la perspectiva puede variar notablemente, y eso se refleja en decisiones que a veces no tienen una línea clara. Es difícil construir seguridad jurídica cuando no hay uniformidad en la jurisprudencia. Si finalmente se avanza con una propuesta concreta, por supuesto que será un tema que pondremos sobre la mesa para analizar con seriedad y dar una respuesta institucional lo más clara y rápida posible, en función del contenido y los alcances de lo que se proponga.
Hay otras vacantes institucionales: Defensor del Pueblo, Procurador. ¿Qué se puede hacer desde el Colegio?
Sí, ahí nos topamos con una dificultad central: muchas de las acciones que no se concretan no dependen directamente de un Poder del Estado como el Ejecutivo. Y cuando ese Poder no se expide, más allá de visibilizar el tema y generar una presión social legítima para que actúe, poco más se puede hacer. Es una limitación real, y lamentablemente, hoy por hoy, lo institucional no recibe la atención que merece. El Gobierno actual tiene otras prioridades, que también son relevantes para la sociedad, como la economía, por ejemplo. Y está bien que se ocupe de eso. Pero lo institucional no puede quedar relegado. En ese sentido, tal vez lo que necesitamos es establecer una relación más fluida y estrecha con el Ministerio de Justicia -y también con otras instituciones- para transmitir con claridad que esto es verdaderamente trascendente y que no se puede seguir postergando. Porque hablamos de tecnología, hablamos de mejorar el sistema judicial en general… y todo eso requiere decisiones políticas concretas y sostenidas. No alcanza con la voluntad; hace falta compromiso y acción desde los más altos niveles del Estado.
¿Cuáles son los mayores desafíos para el ejercicio de la profesión hoy?
Creo que eso también está íntimamente ligado a todo lo que venimos conversando. Hoy, para un abogado, resulta muy difícil hacer un pronóstico. Todos sabemos que nuestra obligación es de medios, no de resultados. Nunca -ni siquiera contando con la institucionalidad más seria del mundo- podemos garantizar el éxito de una gestión jurídica. Pero sí deberíamos contar con ciertos parámetros estables, con líneas jurisprudenciales que permitan construir eso que llamamos seguridad jurídica. Y en ese contexto, también es clave que los abogados conozcan mejor sus obligaciones éticas. Disculpame, pero el tema me lleva otra vez a la ética profesional, porque desde el Tribunal de Disciplina vemos que muchas infracciones a las normas éticas se cometen por desconocimiento. Mirá, en mi sala a veces se reían porque yo les preguntaba a los abogados si alguna vez habían leído el Código de Ética. Y la respuesta, en general, era que no. Se guían por la intuición. Pero hay reglas claras, y si las infringís, podés ser sancionado. Las sanciones van desde un llamado de atención hasta la exclusión de la matrícula, pasando por multas y suspensiones. Algunas son muy graves.
¿Esto se debe sólo a desinterés o también a un problema de formación?
Sin dudas, a un problema de formación. Es un reclamo que vengo haciendo desde hace tiempo a las universidades. Yo doy Ética y Responsabilidad Profesional en la Universidad Austral, que tuvo la lucidez de incluirla como materia. También doy un curso online obligatorio previo a la matriculación en el Colegio Público, con evaluación incluida. Pero no alcanza. Incluso yo misma he sido crítica de lo que hacemos: eso es apenas un parche. La solución real es que las universidades incluyan Ética Profesional como una materia obligatoria. No sirve que la ofrezcan como un seminario optativo que da puntos para no se sabe qué. Si esto se hiciera en serio, nos ahorraríamos muchos disgustos, tanto para los abogados como para los ciudadanos que se ven afectados por malas prácticas. En otros países, como Estados Unidos, esto se toma muy en serio. En algunos estados, los jueces no cobran su salario si no tienen sus sentencias al día. Los abogados, por su parte, deben ser éticos no sólo en su labor profesional sino también en su vida personal. Si un abogado, por ejemplo, vende un auto adulterando el kilometraje y lo denuncian, puede recibir sanciones severísimas. Como suelo decir: ni calvo ni con dos pelucas. Pero tampoco podemos dormirnos en los laureles. Porque ofrecer un servicio jurídico de calidad es imprescindible. Y no va a haber calidad sin ética.
¿Cuál querés que sea el sello de tu gestión?
Quiero que se diga que hicimos algo importante por la Justicia, que trascendimos. Internamente, que dimos energía, que abrimos las puertas a quienes querían aportar, que nos ocupamos de lo importante. Este no es un Colegio obligatorio pero es de excelencia. Y la excelencia se construye con compromiso. ¿Quién no querría trabajar con gente que hizo historia en el derecho argentino? El Colegio es un lugar de puertas abiertas.
Por último, ¿es un Colegio o el otro? Porque algunos plantean una rivalidad entre el Colegio Público y el de la Ciudad.
No hay rivalidad. El Colegio Público tiene funciones legales y es obligatorio. Este no. Pero este es un espacio de excelencia, de ideas, de libertad. Recibí una carta muy afectuosa de Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público. Trabajé con él. Acá no se trata de competir, sino de sumar. Yo quiero sumar.
