La investigación del fiscal federal Eduardo Taiano avanza en el caso de la criptomoneda $LIBRA con nuevas medidas de prueba como un pedido a la Embajada de Singapur luego que la Oficina Anticorrupción determinó que el presidente Javier Milei no incurrió en irregularidades éticas al promover el token desde su cuenta personal.
El fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación por la criptomoneda $LIBRA, tomó una nueva determinación: pidió colaboración a la Embajada de Singapur para recabar información sobre el empresario Julian Peh, vinculado al proyecto KIP Protocol y que habría participado en el lanzamiento del token en Argentina.
Taiano pidió que se le informe “nombre completo, fecha de nacimiento y número de pasaporte” del empresario y extendió el requerimiento informativo al Departamento Interpol de la PFA para que, por intermedio de su par en Singapur, se recabe la información personal de Peh.
Estas medidas se enmarcan en las indagaciones que apuntan a posibles maniobras fraudulentas, al estilo pump-and-dump: una promoción temprana del $LIBRA que impulsó un pico en el precio que luego colapsó, generando fuertes pérdidas a inversores.
El informe de la OA: acto privado, sin recursos públicos
Por otro lado, la Oficina Anticorrupción, a cargo de Alejandro Melik, emitió el 5 de junio último un dictamen concluyendo que Milei no violó la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública ni incurrió en ninguna falta: su publicación en la red social X del 14 de febrero se consideró una difusión desde su cuenta personal, no una promoción oficial . El organismo afirmó textualmente que “no infringió la Ley N° 25.188” y que no se detectaron vínculos patrimoniales entre el mandatario, sus familiares o voceros y los impulsores del proyecto cripto.
Este informe ya está en sede judicial, donde se investiga a Milei.
La OA concluyó que no existió un procedimiento, acto o contrato estatal vinculado al proyecto o al criptoactivo $LIBRA. Por lo tanto, se descartó cualquier omisión en el deber de abstención del presidente.
El organismo destacó que la publicación “no conectada con actos administrativos, sin asignación de recursos públicos, ni acompañamiento institucional, debe interpretarse como un acto de comunicación individual o privada que no ha generado un direccionamiento oficial de políticas públicas”.
En la investigación penal, la jueza federal María Servini ordenó inhibir bienes de implicados como Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, sospechados de haber vaciado cajas de seguridad tras el derrumbe. A su vez, se mantienen al menos 12 denuncias penales conectadas, por delitos que van desde abuso de autoridad y estafa hasta tráfico de influencias.
