Por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se implementará en todos los tribunales nacionales y federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó la implementación de un sistema de subastas judiciales electrónicas, que comenzará a regir el próximo 1° de octubre en todos los tribunales nacionales y federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida busca modernizar, agilizar y transparentar el mecanismo legal mediante el cual se rematan bienes para cumplir con sentencias judiciales.
El nuevo procedimiento fue adoptado por decisión de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, en el marco de un acuerdo de cooperación con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que cede de forma gratuita e intransferible el software ya utilizado desde 2015 por el poder judicial bonaerense.
Según la resolución, las subastas se realizarán de forma íntegra a través del “Portal de Subastas Electrónicas Judiciales”, alojado en el sitio oficial de la Corte. Allí se publicará la información de cada remate, con acceso público, cronogramas, detalles de los bienes a subastar y resultados. La participación será remota, anónima y abierta a cualquier persona del país debidamente empadronada en el Registro General de Subastas Electrónicas Judiciales.
El nuevo sistema permitirá llevar adelante subastas durante diez días hábiles, con prórrogas automáticas en caso de ofertas de último minuto. El postor ganador será notificado por correo electrónico y el monto final comunicado a todos los participantes. El objetivo es obtener fondos para satisfacer deudas o cumplir con sentencias judiciales.
En este marco, el mecanismo de subastas electrónicas también se proyecta como una herramienta clave para ejecutar los decomisos patrimoniales dispuestos en causas por corrupción, donde la recuperación de activos ilícitos se vuelve esencial para resarcir al Estado. Así, bienes inmuebles, vehículos o sumas de dinero embargados y decomisados a ex funcionarios o empresarios condenados podrán ser rematados de manera ágil y con mayor alcance, asegurando la reintegración efectiva de recursos públicos.
La Corte argumentó su decisión en la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas al servicio de la Justicia y destacó varios puntos clave:
- Agilidad en la realización de bienes, permitiendo resoluciones más rápidas en procesos judiciales.
- Mayor participación, al eliminar barreras físicas y permitir el acceso desde cualquier punto del país.
- Anonimato y transparencia, que aseguran un procedimiento más justo y trazable.
- Eficiencia operativa, ya que permite subastas múltiples y continuas, sin necesidad de presencialidad.
La resolución también destaca que este avance se inscribe en un plan integral de modernización judicial. Además, la Corte encomendó al Centro de Asistencia Judicial Federal y a la Dirección de Sistemas a adoptar las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento pleno del nuevo esquema a partir de su entrada en vigencia.
