El consejero de la Magistratura Alberto Maques presentó un proyecto que busca poner en agenda la correcta aplicación de la Ley 27.423, que regula los honorarios de abogados y procuradores en toda la Argentina.
La iniciativa de Alberto Maques fue impulsada “en representación de los profesionales de la abogacía, Colegios y Asociaciones”, con el objetivo de alertar sobre “incumplimientos y aplicaciones indebidas de las leyes que regulan los honorarios”, según explicó el propio consejero. El proyecto, ingresado formalmente ayer, apunta a fortalecer el cumplimiento efectivo del marco legal que rige la labor de los abogados y procuradores, actores fundamentales para el funcionamiento del sistema judicial.
La Ley 27.423 -sancionada en 2017- establece los parámetros que deben regir los honorarios profesionales, brindando previsibilidad y seguridad jurídica tanto a los litigantes como a los auxiliares de justicia. Sin embargo, diversos Colegios de Abogados vienen advirtiendo desde hace tiempo que algunos magistrados y funcionarios judiciales “se apartan de la aplicación estricta de la norma”, dictando resoluciones que desconocen mínimos arancelarios o aplican criterios contrarios al espíritu de la ley.
En palabras del consejero, “es imperativo recordar a los magistrados y funcionarios judiciales su deber de aplicar la Ley 27.423, velando por el correcto funcionamiento del Poder Judicial y el respeto irrestricto de las leyes vigentes”. Con esta expresión buscó no sólo llamar la atención sobre un problema que afecta directamente al ingreso de miles de profesionales, sino también defender el principio de legalidad que sustenta al Poder Judicial.
El proyecto ingresado propone realizar un relevamiento exhaustivo de los tribunales que estarían incumpliendo la ley, además de requerir a la Corte Suprema y a los superiores tribunales provinciales que refuercen directivas para la aplicación uniforme de la normativa. A su vez, invita a los Colegios de Abogados a remitir informes sobre casos concretos donde se hayan vulnerado los honorarios profesionales, con el fin de documentar un diagnóstico sólido.
La preocupación no es menor: según estimaciones de asociaciones del sector, los honorarios representan el principal sostén económico del ejercicio liberal de la abogacía y cualquier práctica que tienda a reducirlos o demorarlos pone en jaque la sustentabilidad del sistema. Esto se agrava en un escenario de inflación, donde las actualizaciones automáticas que prevé la ley son vitales para mantener el valor real de la retribución.
La iniciativa también propone abrir un espacio de diálogo con los poderes judiciales provinciales para garantizar que no existan interpretaciones dispares que terminen afectando la igualdad ante la ley de los profesionales en distintas jurisdicciones. “No se trata sólo de proteger los ingresos de los abogados, sino de sostener un pilar esencial para la vigencia del Estado de Derecho”, señaló el impulsor del proyecto.
