Gustavo Olivera fue condenado por apuñalar a Eduardo Cicchino tras un festejo de Boca en la Copa Libertadores de 2016. A menos de un año de cumplir los dos tercios de su condena, podría salir de prisión.
El 19 de mayo de 2016 Eduardo Nicolás Cicchino (26) se juntó con un grupo de amigos en un bar de San Telmo para ver a Boca jugar los cuartos de final de la Copa Libertadores de América frente a Nacional de Uruguay. Como el partido terminó 1 a 1 (mismo resultado que en el encuentro de ida) fueron a los penales. Cicchino, quien estudiaba la carrera de ingeniería en la Universidad Católica Argentina (UCA), festejó el gol de la clasificación y eso enfureció a Gustavo Aníbal Olivera, quien estaba sentado solo en una mesa del bar Indoor, ubicado en las calles Chile y Defensa. “¡Bosteros de mierda, los voy a matar a todos!”, gritó.
Cicchino recibió una puñalada directa al corazón. La herida provocó un taponamiento cardíaco y la ruptura del ventrículo izquierdo. Agonizó durante dos semanas hasta que murió el 2 de junio de ese año. A nueve años de su asesinato, el autor del homicidio podría quedar en libertad.
El 19 de mayo de 2017 el Tribunal Oral en lo Criminal N°28 de la ciudad de Buenos Aires condenó a Olivera a la pena de 16 años de prisión por el delito de homicidio simple. En sus fundamentos, los jueces Gustavo Bruzzone y Patricia Llerena fueron tajantes al descartar cualquier atenuante: “Quien ataca con una navaja táctica al tórax de una persona no puede dejar de prever la posibilidad de que esa persona muera”.
La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena un año después. Desde entonces, Olivera está alojado en el penal de Ezeiza. Según los registros judiciales, la condena tiene como fecha límite el 18 de mayo de 2032.
Sin embargo, el mes pasado la defensa de Olivera presentó un pedido de libertad condicional, argumentando problemas graves de salud. Los informes médicos indican que sufre EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), agravado por una infección respiratoria. Si bien su estado actual es “estable”, requiere oxígeno constante y tratamiento especializado.
Desde la querella desconfían de los tiempos: la solicitud llega justo cuando Olivera se acerca al cumplimiento de dos tercios de la pena y coincidiendo con un cuadro médico que no encuadra legalmente en los requisitos para una prisión domiciliaria, establecidos en el artículo 32 de la Ley 24.660. La normativa exige enfermedades terminales o intratables dentro del sistema penitenciario, lo que no se acreditaría en este caso.
Además, los informes penitenciarios mencionan que el acusado sólo cuenta con ingresos mínimos provenientes de una sobrina y la jubilación de su abuela.
Marcela Martínez, madre de Eduardo, rechazó de plano cualquier beneficio para el asesino de su hijo. En diálogo con el sitio Mundo Poder contó que el homicida “vive presentando escritos para tener prisión domiciliaria y salidas (transitorias)”. “Nunca se quedó quieto. Logró reducción de la pena porque hizo unos cursos. Y como está mal computada la condena ya está en condiciones de pedirlo”, reveló.
