La organización presentó un amicus curiae ante el Juzgado de Ejecución Penal Nº 5 para expresar su oposición al pedido de libertad condicional de Gustavo Olivera, condenado por apuñalar a un estudiante que festejó un gol de Boca en 2016.
La Asociación Civil Usina de Justicia se presentó formalmente a la causa que investiga el posible otorgamiento de libertad condicional a Gustavo Aníbal Olivera, condenado a 16 años de prisión por el asesinato de Eduardo Cicchino en 2016. Lo hizo a través de la presentación de un amicus curiae ante el Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 5, con el objetivo de que se tenga en cuenta la voz de las víctimas y de la sociedad frente a un posible beneficio que, consideran, sería injustificado.
La intervención de Usina de Justicia se da en un contexto de creciente preocupación por parte de la familia de la víctima y de distintas organizaciones que denuncian un uso estratégico de los mecanismos legales para anticipar la libertad de personas condenadas por delitos graves. En el caso de Olivera, el planteo de su defensa se basa en un presunto cuadro de salud delicado, diagnosticado como EPOC agravado, aunque los informes médicos aclaran que su estado es estable y controlado dentro del sistema penitenciario.
La presentación de la asociación civil fue incorporada al expediente junto al informe elaborado por el CENAVID (Centro de Asistencia a la Víctima del Delito), y ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía interviniente, según consta en el acta judicial.
El caso
En la noche del 19 de mayo de 2016, Eduardo Cicchino, estudiante de ingeniería de 26 años, fue apuñalado en el corazón por Olivera en un bar de San Telmo, tras festejar el pase de Boca a semifinales de la Copa Libertadores. “¡Bosteros de mierda, los voy a matar a todos!”, gritó Olivera antes de atacar. Cicchino murió dos semanas después como consecuencia de la herida.
En 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 28 lo condenó por homicidio simple, descartando cualquier atenuante: “Quien ataca con una navaja táctica al tórax de una persona no puede dejar de prever la posibilidad de que esa persona muera”, sostuvieron los jueces Gustavo Bruzzone y Patricia Llerena. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia al año siguiente.
Desde entonces, Olivera permanece detenido en el penal de Ezeiza. La fecha final de cumplimiento de su condena está fijada para el 18 de mayo de 2032. Sin embargo, el mes pasado su defensa presentó un pedido de libertad condicional, alegando razones humanitarias y médicas, justo cuando se aproxima al cumplimiento de dos tercios de la pena.
La madre de la víctima, Marcela Martínez, repudió el intento de Olivera por obtener beneficios y cuestionó el accionar judicial: “Nunca se quedó quieto. Vive presentando escritos. Logró reducción de la pena porque hizo unos cursos. Y como está mal computada la condena, ya está en condiciones de pedirlo”, dijo en declaraciones al sitio Mundo Poder.
La Ley 24.660, que regula las condiciones de detención y libertad condicional, establece que los problemas de salud deben ser terminales o intratables dentro del sistema penitenciario para justificar una prisión domiciliaria o beneficio equivalente. Algo que, según los informes oficiales, no ocurre con Olivera.
