El nuevo plan organiza la respuesta judicial, médica y operativa frente a situaciones críticas. Qué prioriza y cómo se implementa.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso en marcha una actualización clave de su protocolo de actuación ante catástrofes, desastres e incidentes con múltiples víctimas. El nuevo marco normativo está destinado a regir el funcionamiento del Cuerpo Médico Forense y de la Morgue Judicial en escenarios de emergencia, con el objetivo de garantizar una respuesta eficiente y ordenada tanto para las tareas periciales como para el acompañamiento de los familiares de las víctimas.
Un protocolo nacido de Cromañón
El antecedente inmediato de este protocolo se remonta a la tragedia de República Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004, en la que murieron 194 personas. Aquella conmoción llevó a que, en 2007, la Corte dispusiera la creación de un mecanismo especial mediante la Acordada 36/07. El protocolo fue nuevamente activado durante el choque de trenes en la estación de Once, en 2012, que provocó la muerte de 51 personas.
A partir de octubre de 2024, el director del Centro de Asistencia Judicial Federal, Pablo Lamounan; el decano del Cuerpo Médico Forense, Leonardo Ghioldi; y el director médico de la Morgue Judicial, Santiago Maffia Bizzozero, lideraron reuniones de trabajo para rediseñar y actualizar los procedimientos. En ese marco, se coordinó la actuación conjunta con áreas nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires como el Ministerio de Seguridad, la Dirección de Cementerios, el Registro Civil, Defensa Civil y Bomberos.
El nuevo protocolo incorpora la figura de un Comité de Crisis, integrado por directivos de la Morgue Judicial, el Centro de Asistencia Judicial y autoridades judiciales (jueces y fiscales). Este comité tendrá a su cargo la centralización de las tareas de identificación cadavérica y podrá sugerir métodos alternativos a la autopsia tradicional, como exámenes externos, autopsias parciales o mínimamente invasivas.
El rol de la Morgue
Además, el protocolo define de manera clara que la Morgue no será un lugar de reunión para funcionarios, familiares ni periodistas. La primera etapa del procedimiento se concentrará en el Cementerio de Chacarita y en un centro cultural dispuesto por el Gobierno de la Ciudad, donde se alojará y asistirá a los familiares. Allí se realizará una primera ronda de identificación. Si en esa instancia no se logra el reconocimiento, los familiares deberán presentarse en el Cuerpo Médico Forense, donde se avanzará con técnicas especializadas como biología molecular, radiografías u odontología forense.
Otro aspecto fundamental del protocolo es la estricta regulación del traslado de cuerpos, que solo podrá realizarse cuando lo autorice la Morgue Judicial. Esta medida busca evitar el colapso de esa institución, que debe seguir cumpliendo con las autopsias cotidianas aún durante la crisis.
Para garantizar la operatividad del sistema, la Corte Suprema también ordenó que, en estos escenarios críticos, todo el personal del Cuerpo Médico Forense estará a disposición absoluta. La resolución implica que se suspenden todas las actividades asistenciales y académicas autorizadas hasta que la emergencia sea superada. Los equipos profesionales, administrativos y de maestranza deben mantener sus teléfonos móviles activos y disponibles en todo momento, listos para ser convocados. Incluso los peritos especialistas en áreas quirúrgicas podrán ser afectados a tareas extraordinarias si las condiciones así lo requieren.
El propósito de estas medidas es claro: mejorar la capacidad de respuesta del sistema judicial ante tragedias de gran impacto social, donde la conmoción colectiva y el volumen de víctimas fatales suelen generar un clima caótico y desbordado. Con esta actualización del protocolo, la Corte Suprema busca reforzar el servicio de justicia en su dimensión humanitaria, fortaleciendo tanto la infraestructura del Cuerpo Médico Forense como la contención institucional de los familiares de las víctimas.
