El Tribunal Oral Federal de Corrientes le impuso cuatro años de prisión a Pablo Carlos Molina, quien ordenó intervenir las líneas de su pareja y de un presunto amante bajo una falsa investigación por narcotráfico.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes condenó a cuatro años de prisión efectiva a Pablo Carlos Molina, exsecretario judicial del Juzgado Federal N°1 de esa ciudad, por haber dispuesto de manera ilegal la intervención telefónica de las líneas de su esposa y de un hombre con el que sospechaba que ella tenía una relación. La maniobra fue encubierta en el marco de una causa por narcotráfico y descubierta años después, en 2019.
El fallo fue dictado por los jueces Juan Manuel Moreira, Fabián Cardozo y Jorge Gallino, quienes también lo consideraron culpable por los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica. Como parte de la pena, Molina fue además inhabilitado de manera absoluta para ejercer cargos públicos durante el doble del tiempo de la condena. Los fundamentos completos del fallo se conocerán el próximo 5 de agosto.
Durante el juicio, la fiscalía había solicitado una condena más severa. En su alegato, el fiscal general Carlos Schaefer y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Martín Uriona, pidieron cinco años de prisión para Molina.
Una intervención montada con complicidad judicial
Los hechos que motivaron la condena se remontan a septiembre de 2014, cuando Molina, en su rol de secretario a cargo de la Secretaría Penal N°2 del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, confeccionó un oficio judicial que fue también suscripto por el entonces juez federal Carlos Soto Dávila. El documento fue enviado a la Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), solicitando la intervención por 30 días de dos líneas telefónicas, bajo el argumento de que estaban involucradas en una causa por narcotráfico.
Sin embargo, según detalló el Ministerio Público Fiscal, las líneas pertenecían en realidad a su esposa y a un allegado de ella. En otras palabras, el pedido fue una maniobra encubierta para espiarlos bajo una fachada legal inexistente.
De acuerdo a la investigación, las escuchas fueron llevadas adelante entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de 2014, y su contenido permitió confirmar que el propósito era personal: en varios fragmentos aparece el propio Molina discutiendo, insultando y amenazando a su pareja.
De casualidad
El episodio salió a la luz recién en marzo de 2019, cuando personal judicial encontró 28 discos compactos con el resultado de esas interceptaciones mientras realizaba un inventario de efectos. Fue entonces cuando se advirtió que el contenido de las conversaciones no tenía vínculo alguno con una investigación criminal.
El tribunal se declaró incompetente para juzgar los hechos de violencia verbal y amenazas, por tratarse de un conflicto de índole personal ocurrido en la provincia del Chaco, donde residen tanto la víctima como el acusado. Esos tramos fueron enviados a la justicia chaqueña para su análisis y eventual juzgamiento.
Al momento del hallazgo de las escuchas, Molina ya no estaba a cargo de la Secretaría Penal N°2: había sido apartado por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, luego de que se lo imputara en una causa por corrupción iniciada en 2016.
En ese expediente, el Juzgado Federal N°2 de Formosa lo procesó en abril pasado, junto al exjuez Soto Dávila y a otros funcionarios, por haber ordenado la restitución irregular de vehículos secuestrados en causas de lavado de activos ligados al narcotráfico.
Además, Molina figura como imputado en una causa mucho más amplia, en la que se lo acusa de integrar una asociación ilícita que operaba dentro del Juzgado Federal N°1 de Corrientes. En ese caso también están procesados Soto Dávila, el otro secretario penal Alberto Federico Grau, y un grupo de abogados de la matrícula, que habrían participado del esquema de connivencia judicial.
Soto Dávila presentó su renuncia como juez federal luego de ser procesado en ese expediente, uno de los más graves escándalos institucionales que atravesó el Poder Judicial de Corrientes en los últimos años.
